La Nación 05-10-2020 - Cristian Mira Además del peso, el Gobierno no estabiliza otra moneda esencial para la economía: la confianza.La reducción por tres meses de tres puntos porcentuales de los Derechos de Exportación (DEX) de la soja más la restauración del diferencial arancelario entre el poroto y la harina, el aceite y el biodiésel son fruto de la necesidad urgente de dólares frente a la caída de reservas del Banco Central más que del propósito de adoptar medidas que incentiven la inversión y la producción para exportar.

Al mismo tiempo, en términos políticos, el Gobierno decidió polarizar con el ruralismo. A tono con el crecimiento de la influencia de Cristina Kirchner en las decisiones del Poder Ejecutivo, ya se comenzó a construir al adversario. Alberto Fernández pasó de hacer sentar en primera fila en un acto por la celebración del Día de la Independencia al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, a dejar que su ministro de Agricultura, Luis Basterra, fustigue en público a la Mesa de Enlace.

Pero los problemas siguen allí. La brecha cambiaria, la inflación y la inestabilidad de la política económica les dan la razón a quienes guardan granos porque creen que siguen siendo la moneda más estable.

Baja de retenciones al campo. Una medida que no traerá ya un aluvión de dólares

Curiosamente, la baja temporal de los DEX es una admisión implícita de que las retenciones son un pésimo impuesto. "Son parte del problema, parte de la brecha", señala el economista Iván Ordoñez. "Al reducirlas por tres meses se reconoce que son un tributo distorsivo porque incentiva a no producir ni comercializar", dice. "Quienes no venden su producción es porque los incentivos económicos los inhiben de hacerlo", señala.

En todo caso, el Gobierno parece haber ganado tiempo al haber sellado una alianza con la industria oleaginosa que asumirá el riesgo de adelantar el ingreso de divisas por entre US$ 2000 y US$3000 millones en los próximos meses a cambio de recuperar el beneficio del diferencial arancelario que había perdido hace dos años. Pero está lejos de haber establecido reglas de mediano plazo que incentiven a la inversión.

Esta mejora para la industria coincide con un aumento de precios en Chicago, tras un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés, que reflejó existencias menores a las calculadas por el mercado en EE.UU. Quizás esto también juegue en favor de la necesidad del Gobierno.

Por otro lado, la restauración del diferencial pone en jaque el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) con el que el Gobierno se siente cómodo como interlocutor. Una ley que fomente las exportaciones agroindustriales cristalizando beneficios de una parte de la cadena sobre otra tendrá un corto alcance. Y un gobierno que hace dos meses hablaba de "soberanía alimentaria" y "empresa testigo", cuando quiso expropiar Vicentin, y ahora suscribe acuerdos con los supuestos actores concentrados de la economía no despierta precisamente confianza.

La industria oleaginosa, por su parte, defiende el diferencial arancelario con el argumento de que es necesario como respuesta a los regímenes de protección de los países importadores. Primero fue Europa, hace más de 30 años cuando comenzó el sistema, y ahora es China. Dice que permite agregar valor a la materia prima en el país y que mejora la capacidad de pago para la producción.

Por el contrario, quienes están en contra de este diferencial, afirman que se trata de una transferencia de ingresos de la producción a la industria, calculado en US$500 millones cuando era de tres puntos. Y que esa mejora en la capacidad de pago solo se refleja en algunos momentos del año comercial, pero que no permite la puja entre los exportadores puros de grano y los procesadores por la originación.

Lo cierto es que este diferencial se monta sobre un impuesto distorsivo como los DEX y que no se aplica en ninguno de los países productores más importantes de soja. Y esa brecha existía aun cuando las retenciones fueron igual a cero en la década del noventa. Se esté en favor o en contra de ese régimen, lo evidente es también que nunca se procuró un sistema de protección al procesamiento local más eficiente en términos económicos que la ventaja arancelaria.

Tampoco el sistema de devolución de retenciones anunciado en marzo y vuelto a anunciar esta semana, aunque con cambios, permite establecer una regla que de previsibilidad a mediano plazo. Devolverle apenas poco más de 2100 pesos por tonelada a un productor que hace cinco meses vendió su cosecha, por ejemplo, está lejos de constituirse en un incentivo moderno para producir. "Ministro Guzmán, al conejo hay que mostrarle una zanahoria, no una batata", dijo, con ironía, la Asociación de Productores del Norte (Apronor) en un comunicado. Tampoco define una política agropecuaria en favor del arraigo local. En fin, más parches y remiendos.
Por: Cristian Mira