Revista Puerto 28-09-2020 - Nelson Saldivia Chubut negocia por estas horas un salvataje financiero ante el Gobierno nacional ante el déficit mensual que supera los 2.500 millones de pesos mensuales, siendo una de las primeras exigencias que transparente el estado real de sus cuentas públicas.

El gobierno de Mariano Arcioni presentó a la Secretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior un informe en el que intenta exhibir un plan que incluya medidas de achicamiento del gasto público e incremento de ingresos fiscales. La Provincia no puede ocultar el “rojo” de sus cuentas públicas y la administración Arcioni lejos está hoy de prescindir de ingresos impositivos, tal como lo admiten sus funcionarios, en un escenario de crisis donde arrastra tres meses de deuda de salarios a los empleados públicos.

En ese marco, el asesor tributario del gobierno, Diego Touriñán, que cada vez más suena como futuro Ministro de Economía de Chubut, elaboró un informe sobre los impuestos no cobrados por el Estado y una propuesta de tributación para nuevos sectores. En ese esquema dimensionó, entre otras, la deuda exigible por el denominado Fondo Ambiental Provincial.

Mientras desde Pesca se recomienda “en off” a los permisionarios de licencias provinciales que “no paguen” el FAP, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable emite las resoluciones aprobando las “determinaciones de deuda” de cada uno de los barcos que desembarcaron langostino hasta el 31 de diciembre de 2019, y están alcanzados por el canon, publicándolos en el Boletín Oficial. “Autorizase a la Dirección de Administración a emitir el Certificado de Deuda, conforme lo previsto en el Artículo 5 bis de la Ley I N° 658”, señala en el artículo de forma cada una de las resoluciones publicadas en BO.

Respecto del informe de Touriñán referido al canon pesquero sostiene y explica que “la Ley sancionada por la Legislatura en 2018 establece que el Fondo Ambiental Provincial (FAP) estará conformado por un arancel aplicado a cada cajón de langostino desembarcado en cada localidad portuaria, cuyo monto -luego de las modificaciones que se introdujeron- será el equivalente en pesos a un litro de diésel premium de YPF”. Agrega que este fondo se distribuirá un 50% para la Provincia y el 50% restante se distribuirá en función del número de cajones descargados en cada puerto para el municipio correspondiente al mismo.

Según esta ley, los objetivos específicos de aplicación de los montos recaudados por el FAP “en el porcentaje que corresponda a cada municipio, serán destinados al fortalecimiento de las infraestructuras que mitigan los impactos ambientales en el ejido y en aquellos que elevan la calidad ambiental de la ciudad, así como en campañas de concientización y cultura ambiental de los vecinos. Y establece que la autoridad de aplicación del fondo será el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, quien tendrá a su cargo la percepción del arancel, la transferencia a los municipios correspondientes dentro de las 48 horas de ingresados los fondos, y la administración de la parte correspondiente al Poder Ejecutivo”, se indica sobre lo normativo.

El estudio tributario relevado hasta el primer semestre precisa que “los datos actuales muestran que los certificados ya emitidos y por emitir al mes de junio, correspondientes a este tributo, ascienden a $ 231 millones, de los que se pagaron hasta aquí solamente $ 47 millones, es decir, apenas un 20 %”.

“Si se desagrega por cada uno de los cuatro municipios portuarios, en el caso de Rawson, de los $ 127 millones que se debieron haber pagado, solo se cobraron $ 34,5 millones y $ 17,2 millones fueron al municipio, es decir que quedan $ 93 millones por cobrar, de los cuales $ 46,5 serían para el municipio. Y en Puerto Madryn, de $ 46,5 millones en certificados, hasta ahora se pagaron apenas $ 1,2 millones (600 mil pesos para la municipalidad), y restan abonarse $ 45,3 millones, con lo que el municipio podría recaudar $ 22,6 millones”, continúa el trabajo del asesor tributario al exponer sobre uno de los impuestos no cobrados por el estado a pesar de estar la ley en plena vigencia.

“En el caso de Comodoro, sólo se pagaron 30 mil pesos y la ciudad percibió apenas 15 mil pesos en 2019, y quedan cobrar $ 4,6 millones ($ 2,3 millones serían para el municipio). En Camarones, de $ 53,4 millones de certificados emitidos y por emitir, restan cobrar 42 millones (21 millones para la ciudad) y hasta aquí se percibieron $ 11,4 millones, de los que $ 5,7 millones cobró la municipalidad”, se menciona.

Con todo, la emisión de cientos de resoluciones con las Certificaciones de Deuda de cada uno de los barcos que desembarcó langostino fresco en puertos provinciales en las dos últimas temporadas desde que está vigente la ley, tiene además como objetivo la cobertura legal de los funcionarios del Ministerio de Ambiente que de no exigir la deuda incurrirían en incumplimiento de deberes.

Por otro lado, en términos políticos el proyecto de Ley, girada a Legislatura por el Poder Ejecutivo, que propiciaba la eliminación del FAP fue sacada de la “agenda parlamentaria”, ni jamás logró tratamiento siquiera en comisiones.

Otro dato objetivo son los recientes fallos del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por razones ‘formales’ no hicieron lugar a las cautelares puntuales que reclamaban pronunciamientos declarativos de inconstitucionalidad de la norma.

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