Bichos de Campo 16-09-2020 - Julia Luzuriaga Juan Carlos “Cali” Villalonga, diputado de Cambiemos hasta diciembre de 2019, fue uno de los más comprometidos por llevar adelante un debate sobre los humedales en el Congreso. Aunque nunca llegó a presentar un proyecto de ley propio, este integrante del grupo Los Verdes, sí trabajó intensamente en un anteproyecto hasta mayo de 2016, que luego revivieron los legisladores Maximiliano Ferraro y Brenda Austin.

Villalonga cree que es una prioridad de la Argentina legislar sobre sus humedales, pero al mismo tiempo es pesimista con el nuevo envión que tiene esa demorada ley, con más de una decena de proyectos presentados ahora: “Creo que no va a salir, porque volvió a instalarse un diálogo de sordos y es muy difícil avanzar con las provincias en pie de guerra. Hacer decirle a la ley cosas que no dice, genera un circulo vicioso que se realimenta”, explicó a Bichos de Campo.

El ex diputado y ahora consultor ambiental, que tiene un pasado como director político de Greenpeace Argentina, cargo que ejerció durante 16 años, manifestó que en el momento que empezó a trabajar con el tema de humedales comenzó a ver una oposición fuerte en el sector productivo, más que nada encarnado en provincias como Entre Ríos y Corrientes.

“Yo creo que todas las leyes ambientales tienen que tener acuerdo de parte de las provincias, porque en definitiva la aplicación de estas leyes terminará traduciéndose en una política dentro de cada una de esas jurisdicciones. Entonces se necesitan acuerdos, y cuando tenés una beligerancia tan fuerte, es imposible avanzar”, admitió.

Mirá la entrevista completa a Juan Carlos “Cali” Villalonga:

Aunque no hay fumata blanca para una ley de Humedales, Villalonga expresó que el intento y la vocación de sacarla ya estaban presentes desde hace rato. “El 2 de febrero es el día internacional de los humedales, y para esa misma fecha del año 2016 hubo uno de los intentos más serios; en una zona de humedales en Pilar, el entonces presidente Macri anunció en conferencia de prensa que iba a haber Ley de Humedales en Argentina”, remarcó.

El especialista recordó que la ley general del ambiente fue la primera ley de presupuestos mínimos aprobada en el Congreso, y que “es bastante sabia, porque si bien no regula nada en especifico, establece los criterios de definición de una política ambiental. El primer instrumento de los muchos que señala para hacerlo es el ordenamiento ambiental del territorio”.

“Uno de los debates más calientes que suelen darse en las legislaciones locales se genera cuando surge la necesidad de modificar el código de planeamiento urbano. Y algo similar ocurre con el territorio. Por eso yo creo que es correcto que comiencen a darse leyes que ordenen parcialmente esto”, agregó.

Para Villalonga, la Ley 26.331 de Bosques Nativos “es un gran ejemplo de ordenamiento del territorio, y creo que los humedales van hacia lo mismo. La idea es identificar las áreas que podrían definirse como humedales en el territorio nacional, y una vez hecho esto, las jurisdicciones son las que plantean el ordenamiento”.

Más allá de que los bosques nativos son ecosistemas más fácilmente identificables, Villalonga cree que alrededor de los humedales “hay muchos malos entendidos”.

“Cuando definís qué es y qué no es un humedal, estás definiendo cuáles son los ámbitos territoriales que se deben inventariar, y además se debe identificar su función y valor como humedal. Si es un humedal, será susceptible de ordenamiento, pero tratar de buscar definiciones restrictivas es oscurantista, y además es no entender la lógica de la ley”, remarcó.

Pero el ex diputado reconoció que “para la política es muy difícil, no solo planificar, sino develar por anticipado lo que quiere hacer. El ordenamiento explicita un proyecto, y esto es algo que le cuesta muchísimo a la política. Una gobernación dura cuatro años y nunca un desmonte es lo suficientemente grave como para hacer un escándalo; el problema se genera cuando hacés la sumatoria de desmontes. La deforestación se produce hectárea por hectárea. Cuando no hay planificación se va produciendo ese deterioro”.

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Villalonga resaltó que “quienes definen la cancha, lo deben hacer de modo transparente, a través de cada jurisdicción y provincia, poniéndose de acuerdo con su sector académico, productivo y con la opinión pública. Implica dibujar sobre el mapa qué estamos dispuestos a conservar, qué estamos dispuestos a compatibilizar con la producción, y qué estamos dispuestos a hacer bolsa o perder. Este es el gran valor del ordenamiento territorial, que es en sí mismo es una poderosa herramienta de planificación ambiental”.

En definitiva, para el ex diputado “no se trata de avanzar sobre restricciones, sino que estas luego deben ser definidas en un trabajo posterior, por los estados provinciales con sus sociedades. Así funciona la Ley de Bosques, y así funcionan los proyectos de humedales”.

“La política es muy pícara, particularmente en las provincias. Recordarán todo el debate generado con la Ley de Bosques; y recorrí muchos lugares explicando sus alcances, porque después van los legisladores, le calientan la cabeza a los productores, y se entra en pánico, se transmite a los medios locales, y entonces no entendés la racionalidad”, manifestó.

El ecologista retomó la idea de la Ley de Bosques, y la puso como ejemplo de haber bajado la conflictividad: “Antes de esa ley, todo desmonte era un conflicto, pero después de que salió la ley, nadie hizo escándalos por un desmonte en una zona donde estuviera permitido. El escándalo se genera cuando se viola el ordenamiento”, dijo.

Lo que sucede, en la mirada de Villalonga, es que el sector privado, en general, no confía en la madurez de su clase política. De todos modos, aseguró que “para los productores cierta planificación territorial sería una ventaja, pues la litigiosidad bajaría notablemente”.

“En cualquier país maduro, la legislación ambiental es parte de la seguridad jurídica que el sector productivo necesita. Hoy, toda intervención productiva en áreas de humedales es susceptible de acciones en la justicia”, explicó.

Villalonga, en esa razonamiento, remarcó: “Las leyes ambientales no son anti productivas. Esto se ve cuando vienen inversiones de afuera, con otro seteo en la cabeza, y son ellas las que te piden la regulación ambiental vigente, porque no quieren despelotes imprevistos”.