Revista Puerto 11-09-2020 - Karina Fernández El proyecto de modificación de Ley Federal de Pesca en el capítulo referido a las sanciones presentado por el Ejecutivo, no es el único que se ha presentado en el último año, ya que existen al menos otros cuatro en Diputados y dos en el Senado, algunos con penas más severas que las propuestas. Pero saltando su tratamiento en la Comisión de Intereses Marítimos el impulsado por el Alberto Fernández, Felipe Solá y Daniel Filmus, fue el que logró la aprobación en la Cámara de Diputados en medio de una escandalosa sesión, de la cual se puso en duda su legitimidad por estar vencido el protocolo de funcionamiento de la cámara. En ese contexto llegó ayer a la Comisión de Agricultura del Senado para su tratamiento y la oposición, si bien se manifestó a favor de dar impulso a la norma, se levantó de la sesión desconociendo la legitimidad del acto administrativo. El oficialismo, en soledad pero con amplia mayoría, dio curso a las presentaciones de los ministros Luis Basterra, Daniel Filmus y el subsecretario de Pesca Carlos Liberman, que catalogaron a la actualización de las multas como un paso fundamental contra le pesca ilegal extranjera.

El proyecto presentado por el Ejecutivo realiza una actualización de los valores de las multas por violación a la Ley Federal de Pesca, dejando de tomarse montos fijos en pesos para pasar a aplicar unidades de pesca que representan el valor del litro de gasoil clase dos, estableciéndose un mínimo de 500 mil a 3 millones de unidades el monto por pescar sin permiso. A la vez, mantiene el decomiso de la carga del buque infractor tal como figura actualmente en la norma vigente y agrega la carga de los costos de persecución y captura de los barcos extranjeros sobre el infractor.

La actualización de las multas es una medida administrativa que debió haberse tomado hace mucho tiempo. Los valores actuales son de 1998 en pesos, lo que los vuelve irrisorios desde hace años, pero ni el kirchnerismo durante sus doce años de mandato ni el macrismo en la gestión anterior lo modificaron. Según expuso el senador De Angelis antes de retirarse, Cambiemos intentó el año pasado actualizarlos pero no tuvieron el apoyo de la oposición.

Los nuevos valores de las multas y el decomiso de la carga se aplican tanto a barcos nacionales como extranjeros sin diferenciación, dado que en ambos casos se estaría incurriendo en el mismo delito si pescaran sin el permiso habilitante. La única modificación que incluye el proyecto presentado, que apunta concretamente sobre los barcos ilegales extranjeros, es la inclusión en la ley de la obligatoriedad de pagar todos los gastos en los que incurra el Estado Argentino para atrapar y trasladar a puerto el barco infractor.

Si bien la medida podría haber sido más ambiciosa, como condenar la reincidencia –tal como proponen otros proyectos presentados– o pagar el doble del valor comercial de la mercadería incautada en caso de que el infractor quisiera quedarse con la carga, es una medida que puede considerarse adecuada. Lo que resulta exagerado es la impronta patriótica que buscaron darle desde el oficialismo y enfocándolo más en la cuestión Malvinas que en la pesca ilegal que realizan principalmente los barcos de nuestro socio comercial, China.

En pos de darle una grandeza de la que carece la modificación, el ministro Luis Basterra se refirió a las múltiples acciones que se están realizando para defender la soberanía nacional. Nombró la generación de Áreas Marinas Protegidas y llamó la atención que se refiriera a “las fuertes inversiones en investigación” que a su criterio se están realizando y como ejemplo de ello nombró al INIDEP y destacó la reciente realización de “las campañas de calamar, langostino y merluza” con el buque Angelescu. Debiera estar mejor asesorado el ministro, dado que dos de las tres campañas citadas no se realizaron por problemas con los barcos y presupuestarios.

A su turno Daniel Filmus, que conduce la Secretaría de Malvinas, le otorgó una gran importancia a esta modificación de la ley en función del pleno ejercicio de la soberanía. “Mal podríamos pretender defender nuestros derechos soberanos sobre las Malvinas sin defender nuestros recursos”, dijo. También se refirió a este proyecto y a las dos últimas leyes aprobadas sobre la extensión de la Plataforma Marítima y la conformación de una comisión intergubernamental, como una “estrategia integral de soberanía y desarrollo”.

A Carlos Liberman le dejaron la descripción de los detalles del proyecto, que no son más que los enumerados anteriormente, pero el Subsecretario de Pesca no desaprovechó la oportunidad para darle también a su exposición un sentido patriótico y grandilocuente. “Este año capturamos una cifra récord de tres buques” dijo con algarabía, aunque la cifra resulta bastante pobre en función de la gran cantidad de buques divisados ingresando en la Zona Económica Exclusiva.

Tras las exposiciones, varios de los senadores oficialistas presentes hicieron uso de la palabra. Aunque el objetivo de la reforma fue presentado en un principio como una estrategia para desalentar la pesca ilegal dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva, la gran mayoría prefirió quedarse con la retórica de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Tomando esa bandera, festejaron la aprobación del proyecto por mayoría; los once senadores presentes dieron su voto positivo y se refirieron a la actualización de las multas como una reafirmación de nuestra soberanía. También cada uno, a su turno, aprovechó para cargar fuertemente las tintas contra la oposición, llegando al extremo de tratarlos de fascistas por haberse retirado de la sesión. Así los llamó el senador Mayans, de Formosa, y dijo que “esto se trata de dependencia o liberación y nosotros representamos la liberación”.

El único que hizo algún aporte al menos diferente fue Jorge Taiana, quien señaló que además de apostar al multilateralismo en estos tiempos, “es necesario además demostrar que estamos en condiciones de defender nuestros recursos, que somos eficientes, que tenemos recursos económicos y le damos prioridad a la defensa de nuestros recursos”.

Podría agregarse a los dichos de Taiana que además de parecerlo deberíamos serlo y para eso no parecen estar dadas las condiciones. Si el patrullaje debe depender de lo que se pueda recaudar en la captura de barcos extranjeros como sugirió Liberman, estamos en problemas. Si no contamos con barcos y fondos para evaluar los recursos marítimos ni las Áreas Marinas Protegidas, difícilmente podamos ser eficientes. Y nuestra debilidad será evidente.

El proyecto de actualización de las multas y la carga de los gastos de persecución sobre el infractor están bien. El error es presentarlas como medidas extraordinarias contra la pesca ilegal y la reafirmación de la soberanía. Tanto en Diputados como en Senadores existen decenas de proyectos de ley, pedidos de informes, de adopción de la figura de Puerto Rector de la FAO o la inclusión de Uruguay en la discusión, que podrían analizarse y debatirse en función de una verdadera estrategia para luchar contra la pesca ilegal.

Ahora el proyecto se ha girado al recinto para su aprobación, pero dependerá de lo que se dictamine respecto de la legitimidad de la última sesión de Diputados si se puede someter o no a votación. Quizás esto genere una oportunidad para que además de aprobar esta modificación, los autores de otros proyectos que persiguen el mismo fin puedan plantear la sanción de una ley más ambiciosa, enfocada realmente en la lucha contra la peca ilegal.
puerto