La Voz del Interior 07-09-2020 - Alejandro Rollán A menos de tres años de la última reforma impositiva, que comenzó a regir en enero de 2018, el Gobierno nacional prepara nuevas modificaciones en el esquema tributario.

La pregunta por develar es si los cambios serán determinantes hacia un esquema de contribuciones más progresivo o terminarán en una simple cosmética, como las versiones anteriores.
La historia demuestra que lo equitativo del sistema, que siempre se pregona en este tipo de proyectos, termina subsumido en la necesidad del Estado de no perder ingresos.

Sin que aún haya trascendido el trazo grueso de los cambios que propone el Ministerio de Economía, en el agro ya se ponen en guardia. Sus representantes alertan de que no hay margen para generar más ingresos al fisco, conocedores de la tentación oficial de echar mano al sector para cubrir las cuentas en rojo.

Todo lo contrario. La dirigencia rural anunció que propondrá una reducción de las retenciones a las economías regionales, las más castigadas por la recesión. Además de la necesidad de avanzar hacia un esquema de disminución paulatina de los derechos de exportación para los granos y las manufacturas de origen agropecuario.

“Necesitamos que el Estado se reinvente, y para ello no debe subir más impuestos si pretende que la producción agropecuaria siga traccionando y que otros sectores económicos comiencen a recuperarse”, observó Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.

Desigualdad

En los últimos años, la relación entre lo que el sector aporta en impuestos y lo que recibe del Estado está teñida de inequidades. Por ejemplo, el Fondo de Emergencia Agropecuaria, creado en 2009 para asistir a los productores afectados por fenómenos climáticos o incendios –como los que acontecieron en el norte de Córdoba días atrás–, se mantiene sin actualizar.

Desde hace 12 años, tiene un presupuesto de 500 millones de pesos, lo que convertido al tipo de cambio oficial fijado por el Banco Nación equivale a poco más de 6,4 millones de dólares.

Si se tiene en cuenta que cada tonelada de soja exportada paga hoy una retención de 123 dólares (a valores FOB del martes último), el fondo creado para asistir a los productores en emergencia se nutre sólo del aporte de 52 mil toneladas de la oleaginosa. Apenas 0,10 por ciento del total de la producción del grano, que sólo por retenciones contribuye con más de 5.000 millones de dólares.

La próxima semana, la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria analizará homologar el decreto provincial que declaró en desastre agropecuario a las zonas del norte de Córdoba afectadas por los incendios.

Además de eximir por un año de los impuestos nacionales a los productores afectados, la ley nacional prevé asistencia económica desde el fondo específico, al que le falta la actualización. Sería justo, admiten los productores, que el Estado nacional asistiera a los necesitados en función de la contribución impositiva que hace el sector a través de las retenciones.

Un impuesto que, además, no se coparticipa a las provincias y tampoco se derrama sobre el interior, que es donde se genera.