Aire de Santa Fe 07-09-2020 - Germán de los Santos Herme Juárez, conocido como Vino Caliente, uno de los protagonistas principales de la historia de los puertos del Gran Rosario, nunca abandonó su plan de intentar retomar el control de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín, una “empresa” que durante los 50 años la manejó a la par del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

La pretensión de regresar que tiene este veterano dirigente se reanimó durante los últimos días luego de que la Cámara Federal de San Martín confirmara parte del procesamiento contra Juárez –quedó firme la acusación por administración fraudulenta y lavado de activos- y levantó las medidas que le impedían acercarse a un radio menor de 200 metros de la Cooperativa, que a pesar de haber perdido el monopolio de la estiba y dejó de percibir la tarifa a precio dólar es considerada uno de los pesos pesados en el rubro.

La causa judicial que se inició en el juzgado de Campana y terminó con reinado de Juárez determinó además las intervenciones en el sindicato y en la cooperativa, ambas controladas por Juárez desde hace 50 años.

La dinámica de la historia de los sindicatos muestra que cuando un dirigente pierde el poder se desgrana toda su fuerza política y sobre todo se desintegran las lealtades. Le pasó algo similar a otros gremialistas, incluso del mismo rubro, como el ex titular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar "Caballo" Suarez, quien se encuentra detenido con una tobillera electrónica en una residencia en Corrientes.

Herme Juárez sondeó hace dos semanas su regreso a la Cooperativa de Estibadores, donde no lo recibieron muy bien. Lo echaron a empujones y le gritaron “chorro”.

Ante un posible regreso de Vino Caliente, otro sector sindical, ahora opositor al ex secretario general de SUPA se manifestó en estado de alerta y movilización, como es la lista Celeste y Blanca, conducida por el dirigente Marcelo Vergara.

Estos movimientos en la Cooperativa y en el Sindicato se produjeron porque en poco más de un mes vence la intervención dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el gremio de SUPA, que actualmente está en manos de José Castro y Fabián Echeverría. Estos interventores, que tienen un perfil bajo en la intervención, también atravesada por las dificultadas y restricciones de la pandemia, fueron nombrados luego de que renunciara al cargo el anterior interventor Eugenio Begue, que duró pocas horas en el cargo.

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La intervención de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín está en manos actualmente del contador de la Universidad de Buenos Aires Roberto Pasqualino, otro profesional de bajo perfil que reemplazó a un abogado del mismo claustro Juan José Schaer. La designación de estos “normalizadores” fue ejecutada por el juez Charvay.

Tras la intervención, la Cooperativa perdió peso en el sector. Eso nadie lo niega. Creen que uno de los objetivos del gobierno de Mauricio Macri fue que se desdolarizara la tarifa de la estiba en los puertos, algo que logró a partir del avance de la causa judicial contra Juárez en Campana. A la par surgieron, ya en tiempos de Juárez, en 2017, competidores en el negocio, hegemonizados por la empresa Milisenda, una firma que tras la caída de Vino Caliente sumó contratos en terminales que tenía una relación histórica con la Cooperativa.

Según fuentes cercanas a la Cooperativa de Estibadores, el gobernador Omar Perotti sigue de cerca el tema, pero hasta ahora no se involucró ni siquiera para hacer presión en el Ministerio de Trabajo de la Nación para tener un hombre propio en la intervención del gremio.

La clase política santafesina le sigue teniendo cierto temor a Juárez, a pesar de que su poder se deshilachó tras su detención. El anuncio del presidente Alberto Fernández en Puerto General San Martín sobre la creación de una sociedad del Estado para que administre la hidrovía reinstala la importancia de las terminales portuarias en la región, donde las posibles tensiones internas en los gremios pueden crear dificultades en la exportación de granos.
La casa de Herme Juárez, conocido como Vino Caliente, con el personal de la Policía Federal.

La casa de Herme Juárez, conocido como Vino Caliente, con el personal de la Policía Federal.

Juárez sigue complicado con la causa judicial en Campana, aunque recibió con alivio que le retiraran dos cargos que enfrentaba como asociación ilícita y coacción.

“Administración fraudulenta y lavado de activos”. Esas dos imputaciones figuran en la causa que enfrenta desde agosto de 2019 Juárez.

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La investigación contra Juárez y su entorno se centra en los desmanejos económicos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios, que Vino Caliente conduce a la par del sindicato desde 1969.

El planteo que realizan los defensores de Juárez es que la causa que inició el juez federal de Campana tuvo como único motivo desplazar a Vino Caliente para que el poder económico de la zona pasara a manejar sin ataduras este negocio millonario.

Sin embargo, el procesamiento dictado por Adrián González Charvay ahora fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín, aunque el fallo le solicita el magistrado que profundice la investigación de índole económica.

“Les vengo a hablar como un empresario y no como un sindicalista”, era una frase que repetía Juárez cuando negociaba las tarifas en dólares que cobraba en las terminales portuarias del Gran Rosario la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín. No se trataba de un eufemismo del ex secretario general del SUPA.

Vino Caliente logró construir un imperio en San Lorenzo con las montañas de dinero que ingresaban a la cooperativa que se nutría con unos 700 operarios del gremio que conducía. Más que un empresario, como decía ser, era un hombre de finanzas, según se trasluce de la investigación judicial.

El juez federal de Campana encontró indicios de que había delitos relacionados con el manejo oscuro de los fondos de la cooperativa, que tenía el aspecto de una empresa.

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En 2017 el patrimonio de la cooperativa, según consta en el expediente, que se dedica a la estiba de los barcos que cargan soja y productos derivados en los puertos, ascendía a 2.100 millones de pesos. De acuerdo al informe que consta en la causa, la cooperativa tuvo un excedente de 439.000.000. “La estructura del activo está compuesta por inversiones financieras que totalizaron 1.156 millones de pesos en el ejercicio 2017, y se incrementaron aproximadamente en un 38% respecto de las del año anterior”, señala un informe que consta en la causa.

Ese excedente, según sospechan los investigadores, “eran principalmente fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo, y acciones en la sociedad “Bunge Limited” radicada en el Reino Unido”.

A la par de estos registros contables hay escuchas telefónicas en la causa que aportan más indicios sobre el manejo de los fondos de la cooperativa, que Juárez habría usado para su beneficio personal. Se montaron una red de empresas a nombre de los hijos de Juárez y firmas que serían financieras para manejar y multiplicar, como se sospecha en la causa, los dividendos de la cooperativa.

El 31 de enero 2018 pasado Juárez llamó a un agente financiero de un banco con el objetivo de replantear las inversiones. El bróker “lo puso al corriente de las inversiones existentes bajo su titularidad, indicando que tiene casi 2.000.000 de dólares en LETES (Letras del Tesoro de la Nación) que se vencerían el 28 de junio, junto con otros 16.000.000 de pesos en un fondo de inversión”.

“Pueden observarse los altos rendimientos que tiene la cooperativa, que opera en la práctica como una verdadera sociedad comercial, evidenciados en el importante patrimonio de quienes la dirigen”, señala el procesamiento dictado por el juez Charvay, que alcanzó a Juárez, a su hijo Oscar, y a una decena de dirigentes.

“Llama la atención el extraordinario patrimonio que posee la Cooperativa de Trabajos Portuarios, el cual se compone de bienes que no guardarían relación con el objeto y los servicios prestados por la misma, tales como aeronaves valuadas en 15.000.000 de pesos que habrían sido utilizadas por Juárez y su familia para viajar a Uruguay”. Los viajes recurrentes a Punta del Este tenían que ver, según se desprende de la causa, con propiedades en esa ciudad, en el complejo inmobiliario “Imperiale Luxury Condominiums”.