Revista Puerto 21-08-2020 - Karina Fernández Argentina prohibió el uso del espacio aéreo a un avión de la flota uruguaya que buscaba repatriar tres habitantes ilegales de las Islas Malvinas que habían sido atendidos en el Hospital Británico de Montevideo en el marco de la pandemia. La decisión del gobierno argentino es una respuesta al abuso que hizo la aerolínea uruguaya de la excepción otorgada para trasladar a los enfermos, dado que en el vuelo de regreso trasladó a 25 pescadores de barcos españoles que operan con licencias de las Islas. El hecho deja al descubierto la estrecha relación que mantienen España y Uruguay con el gobierno de ocupación ilegal del archipiélago.

Que existe una relación estrecha entre España, Uruguay y el gobierno de ocupación ilegal de las lslas Malvinas, es una obviedad en el ambiente pesquero. Barcos españoles operan desde las Islas todos los años con licencias emitidas por su gobierno, o lo utilizan como base operativa. En el caso de Uruguay no solo es puerto operativo al servicio de la flota que opera en el Atlántico Sur sino que también lo es de los barcos que operan desde Malvinas; y sus agencias marítimas son las operadoras comerciales y de logística de la pujante industria pesquera de los isleños. El stand que ocupó la agencia marítima SAAS en la Feria de Vigo en 2018 y 2019 es el ejemplo más claro de la estrecha relación que los vincula a los tres.

El gobierno argentino tiene conocimiento absoluto de este estrecho vínculo pero hasta ahora nunca lo había expuesto públicamente. El abuso cometido por las empresas españolas al utilizar el vuelo humanitario para trasladar pescadores y la cooperación de la aerolínea uruguaya, dejó a nuestro país en una situación de ridículo que no pudo pasarse por alto.

La denuncia de la Cancillería no solo habla de un endurecimiento en la disputa de soberanía, sino de una exposición pública de los aliados económicos en la pesca con los que cuenta el gobierno de ocupación.

Recordemos que tanto desde la Secretaría de Malvinas como desde las asociaciones de pesca gallegas están buscando celebrar acuerdos en materia pesquera para frenar la pesca ilegal en el Atlántico Sur y establecer un manejo ordenado de esos recursos. Mal podría nuestro país, en función del reclamo de soberanía, sostener ese acuerdo con España si en complicidad con los kelpers viola nuestra legislación y se burla de las decisiones diplomáticas.

El hecho de que Uruguay sea el otro actor clave en esta historia es también relevante. Hasta ahora nunca el Estado argentino se ha pronunciado respecto de la colaboración que presta ese país a los barcos ilegales que pescan en el Atlántico Sur, ni sobre los servicios que presta al gobierno de ocupación de las Islas. Tampoco lo han hecho ahora, pero lo que ha ocurrido lo dejó al descubierto.

Los tripulantes trasladados por la aerolínea Amazonas Uruguay embarcaron en los buques Lotaidor de la Armadora Profesionales Pesqueros de Vigo, España y el pesquero Argos Froyanes que actualmente navega bajo bandera de Santa Elena, publicó Infobae.

La información fue confirmada por Cancillería al diario Clarín por intermedio del vocero del canciller Felipe Solá, quien señaló que no hay objeciones sobre los vuelos humanitarios pero que observaron que los tripulantes formaban parte de la dotación de buques pesqueros que están operando en aguas a las Islas Malvinas sin licencias emitidas por el Gobierno argentino y que por lo tanto están realizando actividades de pesca ilegal. Por lo que no permitirían el vuelo si iba a utilizarse para trasportar tripulantes.

El gobierno de ocupación de las islas no tardó en reprochar la decisión del gobierno argentino, acusándolo de hacer uso político y de hostigar a los isleños. A través de un comunicado señaló que es “decepcionante leer que el gobierno de Argentina ha planificado aprovechar esta circunstancia y momento en particular, para anunciar su intento de escalar el reclamo de soberanía sobre las Islas Falkland, con un nuevo mapa de ruta focalizado en tres objetivos, todos los cuales con el propósito de ejercer coerción, amenazas y presiones legales a aquellos que trabajan junto a nuestra nación y que respetan nuestro derecho a la autodeterminación”, difundió la agencia MercoPress.

Por otra parte el legislador Barry Elsby, vicejefe de la asamblea legislativa, dijo en relación al vínculo estrecho que mantienen especialmente con países de la región: “Somos un país que continúa a construir vínculos amistosos con aquellos que saben cuán especial es nuestra nación y que aprecian que el derecho de nuestra comunidad a elegir su propio futuro, es una verdad innegable e irrefutable”. Finalmente agregó que continuarán contribuyendo “a los esfuerzos de recuperación en Chile y Uruguay” ante el crítico escenario que está dejando el Covid-19.

El gobierno de ocupación pasa por alto, por supuesto, la avivada de utilizar el vuelo humanitario para trasladar tripulantes, un detalle insoslayable que a todas luces el gobierno argentino no pudo soslayar. Con este caso la frazada que tapaba las relaciones comerciales y amistosas entre España, Uruguay y la colonia británica ha quedado demasiado corta.

Tanto en lo que hace al reclamo de soberanía argentina sobre el archipiélago como en lo referente a los acuerdos pesqueros que pretende llevar adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría de Malvinas, resulta imprescindible, más que nunca, poner todas las cartas sobre la mesa. Habrá que ver hasta dónde está dispuesta la diplomacia nacional a avanzar en este tema.
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