Ambito Financiero 04-08-2020 - Yanina Otero La derogación del DNU para intervenir y eventualmente expropiar la firma agroindustrial Vicentin llegó tan sorpresivamente como el propio DNU anunciado casi dos meses atrás por Alberto Fernández. En este marco el Gobierno ya trabaja en un nuevo plan que tendrá como protagonista a la división agropecuaria de YPF con el claro objetivo de convertirla en una empresa testigo del sector, pero eso no es todo, porque apuesta a que el comité de bancos locales, con el Nación a la cabeza, lograrán capitalizar parte de sus deudas en Vicentin y de esa manera se harán de una porción más que interesante del comercio granario.

YPF Agro tiene un gran potencial por explotar en el comercio de granos local, porque por la venta de insumos -combustibles y fertilizantes- recibe a cambio, en gran parte de las operaciones, granos que luego manda a procesar en plantas de terceros. En esta nueva etapa el Gobierno buscaría de aliada a la firma cooperativa ACA, otra de las damnificadas en la caída de Vicentin y que está pronto a inaugurar una nueva terminal portuaria en la provincia de Santa Fe.
El oficialismo lo tomó como falta de respeto y el presidente de la Comisión, rápidamente le pidió al funcionario que se retracte por su comentario inoportuno: “No, no, espere diputado Tonelli, por favor”.
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La derogación del DNU de intervención de la compañía agroindustrial que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.350 millones, abre diversos frentes para todos sus acreedores, incluido el Gobierno con acreencias por más de u$s300 millones a través de los bancos públicos.

En este contexto en el mercado explican que la deuda total de la empresa supera ampliamente el valor de sus activos, entonces, la posibilidad de que un inversor externo se haga cargo del futuro de la compañía es altamente improbable a menos que sus acreedores estén dispuestos a aceptar un quite de deuda. Posibilidad que en el Banco Nación descartan de plano y algo similar sucede con el comité de bancos internacionales que continúan investigando en la justicia internacional la posible desviación de fondos.

En este esquema entra en juego la posibilidad de que sus acreedores capitalicen deuda y eso es lo que buscaría el comité de bancos locales, que pondrían como estandarte a una YPF Agro sólida, que contará con el asesoramiento en su plan de negocios a Gabriel Delgado, el fallido interventor de Vicentin, y de aliada a las cooperativas ACA.

Mientras tanto la Justicia federal e internacional avanzan en sendas investigaciones para conocer en profundidad como fue que una compañía que se mostraba sólida financieramente, en pocos meses, concretó el default más grande en la historia de la agroindustria nacional. Aquí se esperan los mayores avances, porque según dicen, ninguno de sus grandes acreedores está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y las denuncias por desvío de fondos, defraudación y estafas sobre los dueños de Vicentin y su directorio comenzarían a acumularse en las próximas semanas.

En el aire resuena además que soliciten la quiebra fraudulenta de la compañía, también vía judicial, y ahí el panorama sería otro porque el grupo empresario debería responder con sus activos y no solo con aquellos relacionados a la empresa que hoy está en concurso de acreedores.

Lo cierto que a partir de la derogación del DNU, la novela de Vicentin está lejos de concluir porque, por lo pronto, la primera lectura es que cientos de productores y cooperativas que le vendieron granos, serán, en primer término los más damnificados porque la empresa continúa presionando para que concreten un quite de deuda del 50%.

Por su parte el comité de bancos internacionales, integrado por el CFI, Natixis Credit Agricole, FMO y Rabobank, y el ING, sigue de cerca la situación en la Argentina y evalúa los pasos a seguir y este no es un dato menor. Este mismo grupo de entidades son los mayores prestamistas del agro local para la pre financiación de exportaciones y apalancan a un sinfín de grandes empresas relacionadas con la producción de alimentos. Es por eso que desde el mercado remarcan “sería un pésimo antecedente para toda la agroindustria local que los bancos internacionales no logren cobrar sus acreencias y ya la investigación en la Justicia internacional es una mancha para el agronegocio argentino”.