Revista Puerto 30-07-2020 - Roberto Garrone La industria del reprocesamiento de pescado fresco en Mar del Plata tenía suficientes miserias antes de atravesar la pandemia del Covid-19. Alta precarización laboral atada a un circuito de establecimientos muchas veces clandestinos porque no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene, y otras veces porque al esquema de control estatal le sirve mantenerlas sometidas a fuerza de la coima mensual para dejarlas seguir funcionando.

Cuando Miguel Dobarro fue director de Pesca de la Provincia durante la gestión anterior, mandó a elaborar un informe de la situación de las plantas de reproceso en Mar del Plata. El documento revela que la evolución del Registro Provincial de Establecimientos, en cuando al número de nuevas habilitaciones, se muestra disímil a lo largo de los últimos años.

Durante el período 2005-2012 y en el año 2014, el número de establecimientos nuevos registrados resultó nulo y solo se observaron 6 registros en el año 2013 y uno en el año 2015. En el año 2016 se incorporaron al registro 16 establecimientos y en 2017, cuando se hizo el trabajo, se llevaban registradas 4. El trabajo aporta un dato inquietante: Hay una lista de 50 lugares donde no pudieron determinar qué actividad realizaban.

El coronavirus apenas expuso la anarquía reinante y la falta de controles en la elaboración de un producto con destino al consumo humano. Si tal vez se tuviera dimensión del riesgo sanitario que se corre al mantener tantos eslabones a la sombra de la informalidad, quizás hubiese respuestas más ágiles para ponerle coto.

Hoy todos parecen mirar para otro lado mientras miles de trabajadores enfrentan el riesgo cotidiano ya no de no recibir aportes, cargas sociales, aguinaldo, sino de contagiarse y enfermarse para ganarse el pan a fuerza de manipular especies marinas, principalmente merluza hubbsi.

Lo dijo Cristina Ledesma en una entrevista a este medio en el inicio de una cuarentena donde la pesca quedó exceptuada por ser una actividad esencial. Los trabajadores se enfrentaban a la disyuntiva de arriesgarse al contagio para poder ganarse el salario y sostener a sus familias.

La suerte de los trabajadores de Alejandro Korn, el emprendimiento de Enrique Ulloa, es la misma que la de los obreros de Arte Pesca, las “fasoneras del Chuli Gómez”, Pesquera Angelito. Quedarán en la calle y forzarán un acuerdo más o menos desparejo por los casi 10 años de servicio.

La calle es el destino ineludible cada vez que brota un conflicto en alguna planta donde se procesa pescado de manera precaria en el barrio puerto y sus adyacencias. Todas las historias terminan de la misma manera.

La Secretaria General del SOIP prefirió no hacer declaraciones públicas. Atrás quedaron las posturas enérgicas para avanzar en el proceso de registración. Hoy la dirigente parece rendida a una realidad que desnuda falencias más primarias: trabajadores hacinados, conviviendo con mascotas…

Pedir la registración laboral en plantas que no tienen luz o se enganchan del agua corriente parece una irrealidad. El gremio puede acompañar una normalización paulatina del establecimiento, pero es el Estado el que debe tener un rol protagónico para forzar al encuadre mínimo de una habilitación provisoria.

Pero si es el mismo Estado el que pide coimas para que todo siga funcionando de manera irregular, no hay alterativas para que la situación cambie sino para que se profundice. Quedó a la vista la connivencia entre emprendedores como Ulloa y la Dirección de Inspección General por el audio que compartió con sus obreros. Ahora la Municipalidad amplió la denuncia en la Justicia, pero tampoco podrá resolver el desamparo de los obreros.

Para los trabajadores de Ulloa la culpa es de la Municipalidad que clausuró la planta y de los medios que reflejamos la historia de precarización y de abandono a la que eran sometidos. Pero nadie ofrece un destino mejor, lo malo no es tan malo y se transforma en la única posibilidad de conseguir una changa. En este contexto, Ulloa parece el salvador. Más síndrome de Estocolmo no se consigue.

La pesca dejó de generar empleo genuino hace años. Solo Iberconsa, con su proyecto langostino, activó las altas en el SOIP. Lo demás es tachar del padrón obreros que se jubilaron y no son reemplazados. Ocurre en las grandes empresas y también en las medianas y chicas. Prefieren contratar personal por agencia de empleo y pagar el doble antes que sumar uno del pescado.

Nadie parece advertir esta situación como para ajustar el convenio a la realidad de la industria. Tampoco asoman las voces para frenar el circuito informal o atender la situación de los obreros que quedan en la calle.

No es algo nuevo: a diferencia de lo que ocurre en la Patagonia, la industria local del fresco pierde empleo desde los años 90. Alcanza con ver cómo se ha reducido la nómina de afiliados del SOIP en condiciones de elegir a sus autoridades, cada cuatro años. La última vez el padrón mostro menos de 3 mil afiliados cuando la cifra llegó a ser el quíntuple de esa cifra.

En lo que va del año han cerrado varias fasoneras, agudizando una crisis laboral de la que el Estado parece estar ausente. En este panorama es inadmisible que todavía no haya sido designado Juan Di Bartolo como nuevo delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación. En Provincia fue nombrado el dirigente sindical Raúl Calamante, que exhibe las buenas intenciones de los recién llegados.

“Es un tema que nos urge y no resiste más así como está”, confió el funcionario provincial en tanto reconoció el inicio de gestiones con todos los actores en pos de encontrar soluciones perdurables para avanzar con el blanqueo.
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