Iprofesional 16-07-2020 - Juan Manuel Barca El Gobierno empezó a evaluar una nueva prórroga de la prohibición de los despidos para contener la creciente pérdida de empleos por la parálisis de la actividad y a la vez llevar calma a la CGT como a los sectores más duros del oficialismo.

El decreto 329 dispuesto inicialmente por abril y mayo fue renovado hasta fines de julio y, ahora, ante la proximidad de su vencimiento, estudian extenderlo por otros dos meses hasta septiembre o incluso hasta fin de año.

Así se busca garantizar la paz social, pero no será una decisión fácil por la fuerte resistencia empresaria y las diferencias dentro del equipo de Alberto Fernández, en medio de las tensiones sobre el rumbo económico y el esquema de poder más adecuado para transitar la pandemia sin un desborde social ante una crisis que, según los propios empresarios, es peor a la de 2001.

En ese marco, la medida que prohíbe suspensiones y despidos sin causa, por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor se convirtió en una de las columnas del esquema de emergencia laboral, junto con la doble indemnización -que ya fue prorrogada hasta fin de año-, y el acuerdo entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT de rebajas salariales de hasta el 25% habilitado por la misma normativa.

El otro eje de la protección vigente pasa por la asistencia al sector privado para el pago de salarios (ATP) recibido por más de 400.000 empresas, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a 9 millones de personas y los créditos a empresas por $350.000 millones.
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Diferencias internas

El Ejecutivo intentó en junio reducir los subsidios por la caída de la recaudación, pero después de los reclamos del Grupo de los Seis (G6) y los gobiernos provinciales decidió mantenerlos "sin fecha de vencimiento". Y ahora enviaría una señal esperada por la central obrera.

"La idea es extender el decreto hasta fin de año", reconocieron a iProfesional desde el gabinete económico. Allí creen ahora que "no hay margen" para retrotraer las medidas de contención, pero tampoco para abrir la economía de un día para el otro, como reclaman los empresarios y la CGT. En ese sentido, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, advirtió el fin de semana que la pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas "van a empeorar".

En efecto, la ONU estimó que la pobreza podría aumentar del 35% al 40% por la pandemia. Mientras que, según datos del Ministerio de Trabajo y la AFIP, en los primeros cuatro meses ya hubo 300.000 empleos registrados menos y cerraron (o se pasaron a la informalidad) más de 18.000 empresas en abril y mayo, pese a la prohibición de los despidos y la asistencia estatal a los empresarios.

La renovación del decreto para congelar despidos podría tratarse en la reunión de este miércoles del gabinete económico, en donde preparan el plan post-pandemia y conviven diferentes miradas.
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Mientras la jefatura de Gabinete, encabezada por Santiago Cafiero, apunta a sostener la intervención del Estado y "llevar tranquilidad a los trabajadores", en el área del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, advierten que la medida va a dificultar el cierre de líneas, la disminución o reubicación de personal y, por tanto, la inversión privada.

En lo que todos acuerdan es en sostener los ATP y el IFE. La recesión es tan grande, explican en el Ministerio de Hacienda conducido por Martín Guzmán, que es difícil que el mayor gasto se traslade a inflación o desestabilice el dólar. Y creen que ello no complicaría la próxima negociación con el FMI, ante el reconocimiento del propio organismo del deterioro de la economía.
Alerta empresaria

El impacto de la depresión económica y la incertidumbre sobre la cuarentena ante el aumento de los contagios -este fin de semana superó los 100.000- llevó a la UIA, la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara de la Construcción (Camarco) a exigir la continuidad de los subsidios. Las tres integran el G6 y rechazan la regulación de las cesantías.
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"Si prorrogan despidos, van a lograr que muchas empresas vayan a convocatoria de acreedores y negocien con empleados la salida de las suspensiones y reducciones de turno", advirtieron en la central fabril. Allí siguen irritados con el cotitular Héctor Daer por negarse a sellar un acuerdo para fraccionar el aguinaldo en el sector privado y tampoco saben si se prorrogarán las suspensiones pactadas con CGT hasta fines de este mes.

En medio de esos cortocircuitos, la cúpula de Azopardo se reunió la semana pasada con el Foro de Convergencia Empresarial, un espacio integrado por grandes empresas y el foro IDEA. El cónclave sirvió para exteriorizar el malestar compartido sobre la continuidad de la cuarentena y su impacto sobre las empresas como el empleo, y también para presionar por un lugar en la definición del plan post-pandemia.
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En respuesta, el Presidente se mostró el Día de la Independencia junto a los líderes del G6 y Daer. Pero la foto incomodó a Cristina Kirchner, como lo hizo notar al compartir por Twitter un artículo del periodista Alfredo Zaiat en Página/12, en el que advirtió sobre el riesgo de apoyarse en el establishment "neoliberal" y sugirió ampliar la base social empresaria hacia el mercado interno, de la mano de Arcor, las pymes y la economía popular.

El kirchnerismo es uno de los principales sectores dentro del Frente de Todos que más se aferra a la idea de prohibir los despidos hasta tanto no se ponga en marcha el plan de reactivación previsto para septiembre mediante el relanzamiento de la obra pública, el plan en cuotas Ahora 12 y 18, y un blanqueo de capitales para engrosar la base impositiva, compensar la pérdida de ingresos al fisco y eventualmente dinamizar la economía.