Revista Puerto 15-07-2020 - Karina Fernández En la mañana del lunes, Cristina Ledesma, secretaria general del SOIP, se acercó al piquete que el SOMU había montado en la entrada al puerto de Mar del Plata. Estaba preocupada por los efectos que la medida podía tener sobre sus representados de las plantas de procesamiento. La dirigente le planteó a Gerónimo Molina, secretario de Relaciones Laborales del gremio marítimo, la necesidad de buscar una solución que no impida a los trabajadores de tierra contar con el poco pescado que llega a las mesas de corte. Desde el SOMU justificaron la medida y le pidieron colaboración, sin comprender el efecto devastador que podría tener para los obreros del pescado. El Ministerio de Trabajo intervino ante los hechos acontecidos durante el fin de semana en la Patagonia y el lunes en Mar del Plata, dictando la conciliación obligatoria para mantener la paz social y convocó a una reunión de urgencia para hoy.

“Nosotros y mi gente siempre somos respetuosos de todos los conflictos pero desde hace muchos años estamos siendo muy golpeados y nadie piensa en nosotros, ahora cuando se encuentren con que la planta cierra porque no hay materia prima será un problema grave”, le advertía Cristina Ledesma a la dirigencia del SOMU que participaba del piquete.

En un círculo se habían reunido los huelguistas alrededor de Ledesma e intentaban convencerla de que la medida era buena para ellos y para sus afiliados: “Nosotros les damos trabajo a todos, a los de la estiba, a los camioneros, a ustedes…”

“Ustedes no dan trabajo, traen la materia prima” lo corrigió la dirigente del SOIP y le recordó que cuando ellos no tienen pescado para cortar o cuando los barcos se fueron todos al sur para buscar langostino y dejaron de pescar merluza nadie los apoyó. “Mi gente no tiene sus sueldos y desde enero venimos pidiendo un subsidio o una bolsita de alimentos, esa es nuestra situación, nadie piensa en nosotros”, les dijo Ledesma.

Pero desde el SOMU no lograban comprender la magnitud del relato que acaban de oír y se mantenían firmes en su postura, argumentando que era la única opción que tenían. “Los empresarios se quisieron hacer los vivos, sacaron los barcos fresqueros y se vinieron para acá, van a venir pescando en el camino pero no los vamos a dejar descargar, se les va a podrir todo el pescado a esos hijos de puta”, lanzó Gerónimo Medina con una convicción que no dejaba de sorprender por lo irresponsable.

Afortunadamente en el Ministerio de Trabajo hay cabezas que piensan mejor y de oficio decretaron la conciliación obligatoria para preservar la paz social que consideraron se encontraba amenazada. Las sucesivas denuncias realizadas en la justicia durante el fin de semana y el propio lunes, daban cuenta de ello.

“El objetivo primordial de dicho procedimiento no solo es tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen sino, y en primer término, garantizar la paz social, atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes”, indicaron desde el Ministerio de Trabajo; a la vez que manifestaron que “se trata de una actividad declarada esencial en el marco de la emergencia, en tanto involucra la producción, distribución y comercialización de pesca, y se trata de una actividad impostergable vinculada con el comercio exterior” y que “la continuidad de tales actividades en estas circunstancias constituye una exigencia excepcional de la economía nacional”.

La declaración de conciliación obligatoria culmina su texto exhortando a las partes en conflicto “a mantener la mejor predisposición, buena fe y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias, teniendo en especial consideración la situación excepcional de emergencia, y a contribuir de esa manera a la paz social, mejorando el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas”.

En los términos planteados, el gobierno parece estar invitando al gremio a acordar de forma excepcional por este año en atención a las particulares condiciones que ha impuesto el COVID-19 en la economía. Un parche al artículo del convenio colectivo del trabajo que genera conflicto por la falta de entendimiento entre las partes, es una de las alternativas que los empresarios han propuesto y ahora parece sugerir el Ejecutivo.

La cúpula del SOMU deberá reflexionar sobre los métodos y el alcance de las medidas de fuerza que ha implementado. Amenazar al empresariado, cortar vías de acceso, dejar pudrir cientos de toneladas de pescado y poner en riesgo el empleo de miles de trabajadores de tierra, resulta una elección inaceptable en cualquier circunstancia pero especialmente en este contexto de profunda crisis por la que están atravesando el país y el mundo.

Dicen que los piquetes se levantan hasta que termine la reunión virtual con el Ministerio de Trabajo y las cámaras empresarias, pero que si no aceptan su propuesta volverán a la ruta, sin acatar la conciliación obligatoria. Si eso ocurre, el pescado volverá a pudrirse, los trabajadores de tierra se quedarán sin materia prima y la paz social estará nuevamente en vilo. Y los trabajadores marítimos habrán perdido también la temporada de langostino y el grueso de sus ingresos anuales.

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