La Nación 22-06-2020 - Fernando Bertello La decisión del Gobierno de intervenir primero en Vicentin para luego expropiarla viene a romper no solo la normalidad del mercado de granos (el funcionamiento que, con sus aciertos y errores, venía teniendo exclusivamente como actores a los privados) y el orden jurídico (por la decisión oficial de avanzar sobre la propiedad privada con argumentos extemporáneos como la soberanía alimentaria y porque se mete en un proceso judicial en marcha con la convocatoria de acreedores de la empresa) sino a introducir un cono de incertidumbre que se proyecta más allá del caso en sí de la compañía.

Si el Gobierno quería convencer a los productores acreedores con el argumento del "rescate", lo concreto es que esos acreedores no parecieron haberse mostrados interesados.Las críticas que se conocieron en diferentes ámbitos lo confirman. Los productores quieren cobrar, sí, por supuesto, pero objetan que el Estado se quede con la compañía vía la expropiación.

En un momento de inseguridad en los campos con los ataques a silobolsas, algunos incendios intencionales, que encima aparezca la palabra expropiación en el diccionario para avanzar sobre la empresa le agrega una cuota de tensión al momento actual. Muchos miran hacia Venezuela, con una amplia historia reciente de confiscaciones de tierras y de empresas y la sola mención a una expropiación les genera rechazo.

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"La palabra expropiación suena muy mal", dijo hace unos días José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires".

"Todas las cooperativas no estamos de acuerdo con la expropiación a Vicentin", remarcó Norberto Niclis, vicepresidente de Coninagro y productor oriundo de Avellaneda, Santa Fe, donde están las oficinas de Vicentin y donde, además, tiene actividad una cooperativa relevante como la Unión Agrícola Avellaneda.

Para muchos es como si, de repente, también con el caso de Vicentin se hubiera puesto bajo revisión el cómo se opera en el sector mismo. Una cuarentena para la actividad.

"Los productores son los que deciden el flujo de venta de granos y posterior creación de divisas, basado en el precio, la estabilidad económico-política y la confianza que tengan en las variables de mercado. Todo eso está en discusión hoy en día y se agrava con el hecho de que no querrían venderle a un Vicentin que dejó de pagarles ya anteriormente", alertó un experto del mercado que viene siguiendo las alternativas en torno de la cerealera.

Más allá de que tras la intervención de Gabriel Delgado sobrevendría la expropación y una absorción por parte de la división agrícola de YPF (YPF Agro), no se sabe qué modelo de negocios tiene el Gobierno para esa fase. Es decir, más allá de otro argumento tirado a rodar como el de la "empresa testigo", y al margen de que YPF Agro se hizo fuerte con la venta de insumos y con los canjes, no se conoce en qué modelo el Gobierno está pensando.

"Algo importante es que las negociaciones privadas, al menos tres que estaban en danza, se corrieron como oportunidad de salvar a la empresa al aparecer la intervención que quiere imprimir este Gobierno. O sea, se redujeron las opciones de poder salvar a Vicentin y que siga funcionando. Los potenciales compradores traían conocimiento global del mercado de granos, cosa que le faltaba a Vicentin en su cadena de valor", agrega ese experto, que remarca que faltó del lado de la compañía un corrimiento de la escena de parte de los mismos que en lo operativo cometieron errores en el manejo de la firma.

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Dicho esto último, no es casual que haya un comité de bancos extranjeros, con acreencias por más de US$500 millones, urgando en la Justicia norteamericana por pedido de información para intentar saber por qué Vicentin terminó como lo hizo. "En una empresa internacional, ya hubieran cambiado el management para que otros manejen esta etapa de encontrar un nuevo dueño o una solución", sostiene el especialista.

El devenir presente de Vicentin, líder en las ventas al exterior de subproductos de soja, trae otros interrogantes. Sea cual fuera el final de esta película, ¿es posible que la firma se recupere al 100%? En soja, la capacidad de industrialización a nivel país ronda los 67 millones de toneladas. Hay un 45% de capacidad ociosa, alertan en la actividad. Para varios expertos, precisamente por la sobrecapacidad instalada de molienda de soja lo más seguro es que nunca se recupere del todo la empresa para volver a ser lo que fue.

La reacción que hubo en el sector, en Avellaneda y en otros actores extra agro refleja que lo que para el Gobierno iba a ser solo un trámite no lo es tal. ¿Error de cálculo político, mal diagnóstico o prueba de ensayo para alguna otra política de Gobierno más adelante? Un combo de todo eso puede haber influido en la decisión. Lo cierto es que, abrumado, el sector quedó como en una cuarentena donde la salida a la crisis de Vicentin no parece nítida.
Por: Fernando Bertello