Infocampo 17-06-2020 - Facundo Mesquida En el marco de las acciones que realizan las provincias afectadas y el Gobierno nacional para controlar los focos de incendio, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, junto a la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, y el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, sobrevolaron la zona afectada, declarada recientemente en emergencia ambiental.

“Tenemos la firme voluntad de detener estas quemas. Lamentablemente, sabemos que es una práctica que se ha intensificado en los últimos años pero vamos a combatirla por la gravedad de las consecuencias que provoca para el ambiente y la salud pública, afectando mucho a los habitantes de las zonas aledañas”, aseguró el ministro.
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Cabandié afirmó además que “Como ministro de Ambiente de la Nación me voy a presentar a la Justicia. Voy a solicitar que todo el gasto del Gobierno nacional en el combate de este fuego irracional sea computado a los dueños de los campos donde se han hecho las quemas”.
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En ese sentido, mediante resolución ministerial, se requirió a la provincia de Entre Ríos los datos catastrales y de titularidad dominial, a fin de identificar los propietarios de los terrenos donde se producen los focos.

La ministra santafesina celebró la decisión de la Nación de declarar a la zona como crítica y consideró que la problemática requiere de soluciones de fondo.
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“Tenemos que pensar el uso que le vamos a dar al patrimonio de las islas, que hace muchos años sufre de las quemas y ahora la situación se agrava por la bajante del río y la sequía. Hay que preservar este ecosistema y no dañarlo”, afirmó Erika Gonnet.

El titular de la cartera nacional informó que se pusieron a disposición equipos de detección de focos de calor para prevenir futuros incendios y se enviarán dispositivos para medir la calidad del aire. Además, señaló que se va a asignar presupuesto para el inventario de humedales, en el marco de un trabajo de ordenamiento territorial sostenible que se realiza con las provincias, en articulación con el sector productivo, a fin de evitar “estos actos tan inescrupulosos y dañinos”.