El Cronista Comercial 11-06-2020 - CARLOS BOYADJIAN
La jugada del Poder Ejecutivo al decidir la intervención de Vicentin y la propuesta de expropiación, que deberá pasar por el Congreso, sorprendió a propios y extraños, incluso a aquellos familiarizados con el concurso preventivo en el que está inmerso la compañía.

En este contexto, hoy reina la incertidumbre entre los acreedores, dado que no está claro cómo seguirá el concurso, ni si el control de la compañía pasará del directorio del grupo al Estado nacional.

También sorprendió la reacción de la firma ante el anuncio, tras conocerse el comunicado emitido por el grupo. Fuentes cercanas al concurso preventivo calificaron de "tibia" la respuesta.

"Desde el punto de vista legal, la intervención por parte del Poder Ejecutivo de una empresa concursada es un disparate. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para intervenir una empresa concursada y eso surge claro del límite que le pone el art. 109 de la Constitución Nacional", señaló Francisco Roggero, socio del estudio Zang, Bergel & Viñes, a cargo del área de insolvencia, restructuraciones y M&A, y representante de varios acreedores financieros privados en el concurso de Vicentin, tanto en el país como en el exterior.
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En diálogo con El Cronista, Roggero destacó que en momentos en que aun en medio de la feria extraordinaria de la Justicia se está avanzando en el concurso, sobrevino la conferencia de prensa del lunes pasado en la que se anunció la intervención por parte del Poder Ejecutivo y el futura expropiación.

"La noticia creo que sorprendió a todo el mundo. Ahora veremos cuál es la reacción de la empresa, cuyo comunicado de prensa fue algo tibio, y del juez, a quien ayer (por el martes) le notificó el Poder Ejecutivo la intervención", consideró.

La noticia de la intervención tomó a los acreedores en medio del trámite de verificación de créditos que venció el martes 9 pero que el juez del concurso decidió extender hasta el 25 de agosto. El juzgado dispuso que este trámite también pueda hacerse de manera digital, con verificaciones no presenciales.

En esta instancia los bancos son acreedores concursales porque tienen créditos contra la empresa pero "no han sido declarados como tales, todavía", señala otra fuente cercana al proceso. Esto es porque aún no tuvo lugar la verificación de los créditos, y no hay certezas sobre los pasos que dará el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, que aún no se pronunció. Mucho menos qué pasará si avanza la intervención.

"El plazo para verificar los créditos vencía el 9 de junio y unas semanas antes el juez adelantó que no vencería en dicha fecha y que habilitaría un sistema de verificaciones no presenciales, que convivan con las presenciales", explicó Roggero.

Sobre este punto, el letrado recordó que finalmente le pasado 5 de junio "se dispuso que la nueva fecha hasta la cual los acreedores pueden concurrir a verificar sus créditos es el 25 de agosto". Pero la incertidumbre prevalece.

Tras haber prestado importantes sumas de dinero en base a buenos balances hasta 2018, a mediados de 2019 empezaron a encenderse las luces de alarma en los bancos. De hecho, algunos acreedores financieros del exterior abrieron una investigación en Estados Unidos para saber qué pasó con activos que figuraban en caja en 2018 y al año siguiente ya no estaban.

El pasivo total del grupo asciende unos u$s 1350 millones, de los cuales u$s 300 millones ($ 18.182 millones) corresponden a deuda tomada con el Banco Nación, algo menos de u$s 400 millones con otros bancos locales y u$s 500 millones con bancos del exterior.