Letra P 09-06-2020 - Marcelo Falak La decisión del presidente Alberto Fernández de expropiar la empresa Vicentin causó este lunes conmoción en el complejo sojero argentino, ya que implica la estatización de una parte relevante del comercio exterior del sector. De este modo, el Gobierno podrá hacer pesar una referencia propia en un mercado concentrado en un puñado de grandes actores internacionales, influir en la retribución a los productores, inducir en su propio beneficio el flujo comercial y limitar prácticas como la retención de granos y la resistencia a liquidar exportaciones. Tanto es así, que en el sector se dice que, de este modo, la Casa Rosada crea una suerte de mini-IAPI como el que le permitió a Juan Domingo Perón nacionalizar el comercio exterior agrícola a partir de 1946.

La jugada, que está destinada a calentar la relación del Presidente de la unidad con los sectores más duros de la oposición y el poder económico de perfil más antiperonista, saca al Gobierno de la agenda tomada por las urgencias y le permite, aun con esos riesgos políticos, tomar la iniciativa y dejar de proyectar una imagen de estancamiento en el punto muerto forzoso del virus y la deuda.



Propaganda sobre el IAPI del primer gobierno de Juan Perón.



El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) fue la herramienta que el general utilizó para nacionalizar el comercio exterior, lo que lo enfrentó fatalmente con el grueso del sector agrícola, que resentía un manejo de precios que dejaba en manos del Estado buena parte de la renta. Rigió desde el comienzo del peronismo y terminó con él, inmediatamente tras el golpe de Estado de 1955.

Quienes hablan de IAPI o de un rumbo chavista exageran, claro. Sin embargo, de algún modo ilustran la envergadura de la jugada oficial. Con Vicentin en su poder, el Estado dispondrá de una potente estructura exportadora de oleaginosas y cereales, tanto sin elaborar como en forma de harina o aceite. También de industrias, puertos, producción de biodísel y hasta de vinos. Asimismo, al quedar bajo la órbita de YPF Agro, incluirá la producción de fertilizantes.



Dispusimos la intervención del Grupo Vicentin y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo.

Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía. pic.twitter.com/0Ubz0GR5Yd
— Alberto Fernández (@alferdez) June 8, 2020



Por si todo eso fuera poco, podría ofrecer a los productores mejores precios que sus competidores, las gigantes Cargill, ADM Agro, Bunge, COFCO (Nidera), AGD, Dreyfus y Molinos, entre algunas otras. Si lo hiciera, podría capturar una tajada aun mayor de la producción y lograr que la estatización parcial del comercio resulte más grande.

Los diez principales jugadores del sector capturan el 90% del comercio agrícola, mientras que Vicentin figura sexta en el ranking general y primera en lo que hace a las exportaciones de aceites y harinas.



Fuente: Infocampo. Datos de 2018.



Vicentin es, antes de su intervención y expropiación, una empresa virtualmente quebrada, con una deuda del orden de los 1.000 millones de dólares, casi 35% de los cuales se los debe al Banco Nación. La participación de la conducción macrista de esa entidad, a cargo de Javier González Fraga, ha sido señalada por haber favorecido, en parte, un endeudamiento excesivo cuando la empresa lucía cada vez más inviable debido a malos manejos de sus titulares.

La noticia cayó muy mal en esas cerealeras, que detestan la irrupción del Estado y la competencia que pueda plantearles. Lo mismo ocurre con los acopiadores y los corredores de granos. “Hay enorme preocupación y descontento”, le dijo a Letra P una fuente del sector.

Entre los productores, en tanto, las opiniones están más divididas: algunos esperan beneficiarse con mejores precios gracias a la acción de un Estado interesado en que pase por sus manos la mayor proporción posible de las exportaciones de granos y sus derivados; otros, escaldados por experiencias anteriores con el mundo kirchnerista, observan con desconfianza la participación en el plan de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.


El gobierno decidió la intervención y próxima expropiación de Vicentín, empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores.
— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) June 8, 2020



El nombramiento como interventor de Roberto Gabriel Delgado, en cambio, cayó bien, ya que se lo considera un hombre conocedor del sector.

Esta nacionalización parcial del comercio exterior del complejo sojero puede resultarle útil al Gobierno también para desestimular el acopio de grano en silobolsas por parte de los productores, así como su retención por las cerealeras. Este dato es relevante, ya que, de un nivel de exportaciones y liquidaciones de divisas fluido depende que el Banco Central pueda acumular reservas, tal como pretenden su presidente, Miguel Pesce, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. El impacto de la medida se hará sentir, se espera, en el mercado cambiario, ya que le dará al Estado una fuente propia de dólares y mayores márgenes de maniobra para el manejo de expectativas que influyen decisivamente sobre la inflación.

Las estadísticas muestran hoy un nivel de liquidación de divisas superior al de 2019, pero ese dato es capcioso. La posibilidad, un año atrás, de que el peronismo venciera a Mauricio Macri en los comicios de octubre y que ello significara un incremento adicional de las retenciones llevó a muchos productores y cerealeras a anticipar el cierre de operaciones de exportación, de modo de asegurarse una imposición menor. La realidad, en tanto, es otra: la producción no colocada con antelación es retenida por todos los actores en la mayor medida posible ante la posibilidad de que las tensiones en el mercado paralelo del dólar lleven a una devaluación del tipo de cambio oficial.