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Vicentin: ya hay tres grupos que pujan por el control de la agroexportadora en default
La firma agroindustrial Vicentin, que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.500 millones, sigue acumulando ofertas de compra. Al interés de la multinacional Glencore se sumó el grupo inversor CarVal, que tiene ...
 
 
Ambito Financiero 04-06-2020 - Yanina Otero La firma agroindustrial Vicentin, que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.500 millones, sigue acumulando ofertas de compra. Al interés de la multinacional Glencore se sumó el grupo inversor CarVal, que tiene detrás al exministro menemista José Luis Manzano y en paralelo apareció un reconocido empresario del agro argentino, Ciro Echesortu, ex CEO de Dreyfus, quien inició conversaciones con un grupo de acreedores de la firma para presentar una oferta de compra y hasta un plan para reactivar su operatoria en el corto plazo.
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En tanto y a pesar de que la empresa entró en default hace más de seis meses y atraviesa un complejo proceso de convocatoria de acreedores, sus dueños aún resisten. “Todas las ofertas de compra están bajo análisis, pero por el momento no hay ninguna preferencia. En el caso del grupo comandado por Manzano, ya había mostrado interés en diciembre cuando la firma entró en cesación de pagos, pero no se llegó a ningún acuerdo. Hoy todas las propuestas se escuchan, pero claramente la idea de los dueños es sumar un inversor y no vender, o en el peor de los casos no desmembrar la empresa”, detallaron fuentes de la empresa consultadas por Ámbito.
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Lo cierto es que el panorama para los dueños de Vicentin es cada vez más complejo porque no solo están siendo investigados por la justicia, sino que también la presión del sector es cada vez más fuerte para que los productores no vuelvan a venderle granos y eso se está haciendo sentir puertas adentro. Hasta el momento solo una de sus plantas logró volver a operar mínimamente para procesar a fasón unas pocas toneladas.

La deuda financiera de Vicentin asciende a poco más de u$s1.100 millones y aquí el Banco Nación es su principal acreedor con casi el 80% del total, pero a la par también está su deuda comercial que suma otros u$s400 millones, integrada por cientos de productos agropecuarios y cooperativas que le vendieron granos a la firma que concretó el default más grande en la historia del agro argentino.

La reticencia del sector productivo para volverle a vender granos a Vicentin e incluso, firmar el acuerdo extra judicial que la empresa todavía ofrece a sus acreedores -con quita del 50%- es la llave de éxito que tiene el grupo inversor comandado por Ciro Echesortu para quedarse con la compañía.

El ex Ceo de Dreyfus conoce en profundidad los avatares del agro local y suma simpatía entre acopios y productores que conocen su larga trayectoria.

En la vereda de enfrente el grupo inversor CarVal -que ya nada tiene que ver con la multinacional Cargill, tal como trascendió-, cuenta con un amplio conocimiento en reestructuración financiera y encuentra en Vicentin una oportunidad única de compra. La empresa que está actualmente en concurso de acreedores y con el grueso de su negocio paralizado, pierde día a día su valorización de mercado. Aquí jugaría fuerte Manzano quien ahora ronda también a un grupo de acopios de la zona núcleo para sumar adhesiones.

En este marco, mientras se declara una clara puja entre tres grupos para quedarse con todos o algunos de los activos de Vicentin, días atrás volvió a aparecer en escena uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano, quien firmó una carta junto a otros funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales, en la que piden la intervención del Gobierno para que la firma agroindustrial se convierta en una empresa “pública no estatal”.

Entre los firmantes ligados al campo, figuran el expresidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe; el titular de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Juan Manuel Rossi; y el dirigente social, Juan Grabois.

Por su parte, fuentes de Vicentin, tildan esta iniciativa como “una movida política de poco vuelo que no tiene un anclaje real” y remarcan que se siguen escuchando ofertas y en el caso de concretar una venta será “por la totalidad de los activos concursados, ni más ni menos”.
 

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