Revista Puerto 27-05-2020 - Nelson Saldivia Tras la fuerte controversia generada semanas atrás con la aprobación de una ordenanza que impuso, unilateralmente, un impuestazo a la industria pesquera local, la Municipalidad de Puerto Madryn arribó a un acuerdo con las empresas que tienen plantas de procesamiento. Las pesqueras accedieron a realizar aportes voluntarios en el ámbito social y sanitario de la ciudad para atender la crisis y la emergencia, a cambio, el Concejo Deliberante ratificará el convenio y da por cumplidas las exigencias que se fijaron en la polémica ordenanza.

Este acuerdo es una “salida pautada” al conflicto provocado por la instrumentación del impuesto. Para evitar el “costo político” de dar marcha atrás, el Ejecutivo Municipal de Puerto Madryn refrenda estos acuerdos particulares con cada una de las pesqueras y da por satisfecho los requerimientos de la ordenanza que exigía hasta 5 millones de pesos por pesquera, y la reduce a un millón de pesos. Quién no firme este acuerdo “voluntario” le será aplicado el rigor del texto original.
La caja chica

El acuerdo “voluntario” empezó a ser suscripto por cada una de las empresas pesqueras de Puerto Madryn, a través de una escribanía, y con ello queda refrendado el compromiso de aportes económicos concretos para ayuda social y al sistema de salud pública.

Este martes se realizará la entrega de equipamiento sanitario al hospital zonal Andrés Ísola de Puerto Madryn, destinado a dotar de insumos y elementos que fortalezcan al nosocomio para atender las eventualidades de la pandemia del Covid-19.

Este acuerdo surge de las negociaciones posteriores al dictado de la Ordenanza Nº 11.351 por parte del Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn, promulgada por Resolución 439/2020, publicada en el boletín oficial Nº 729 del año 2020 y por la que se creara una “contribución especial, extraordinaria y solidaria” para la conformación de un fondo por emergencia para ser utilizado a raíz de la crisis generada por la pandemia del denominado COVID-19 y en la que se dispusiera para las empresas pesqueras de Superficie total que supere los 4.000 m2 y hasta 10.000 m2 la cantidad de 350.000 Módulos A. y para las que tengan un total que supere los 10.000 m2, 400.000 Módulos A.

Vale mencionar que esa ordenanza, más allá del enunciado que serían fondos para la emergencia sanitaria, tenía en su articulado que los recursos irían a “rentas generales”, es decir, podría haber sido utilizado en gastos corrientes del municipio local.

Con todo, la Municipalidad y las empresas pesqueras, luego de varias reuniones “relacionadas con la normativa citada, se han propuesto llegar a un entendimiento, y así lo hicieron, sin que ello implique el reconocimiento o desconocimiento de hechos y/o derecho alguno del que cualquiera de las partes podría hacer valer”, fija en uno de sus puntos grises.
Mantener los puestos laborales

Uno de los ejes del acuerdo que conlleva la eliminación del impuesto, menciona que “apelando a la Responsabilidad Social Empresaria y el arraigo y apego que tiene el sector pesquero en la ciudad, comprometen su esfuerzo en el sostenimiento del empleo en el sector; ello sin perjuicio de la normativa propia que rige la actividad y su zafra; como así también, las disposiciones laborales de jerarquía superior”.
Un millón por cabeza

Así el convenio señala que “cada una de las empresas pesqueras, consideradas de manera individual; se compromete a abonar a la Municipalidad la cantidad de pesos un millón, y/o la entrega de su equivalente en alimentos no perecederos y/o insumos sanitarios y hospitalarios a elección de las primeras, progresivamente, durante los próximos 30 días, los cuales tendrán como beneficiarios a los sectores más vulnerables de la comunidad”, dice el texto del acuerdo.
Retroceder nunca, rendirse jamás

El punto 6 del acuerdo que las pesqueras se avinieron a firmar “voluntariamente” estipula que “la Municipalidad se compromete a elevar el presente convenio al Concejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Madryn para su ratificación dejando expresado que el mismo contempla el cabal cumplimiento de lo estipulado por la Ordenanza Nº 11.351 sin que tal normativa dé lugar a reclamo alguno para las partes comprendidas en el presente”.

El Ejecutivo se resistió a derogar la ordenanza para no tener que asumir públicamente el costo político de tener que ceder a la fuerte presión de la industria pesquera, y se pautó una salida decorosa de bajo perfil.

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