Revista Puerto 27-05-2020 - Roberto Garrone Matías Casimir tiene 32 años y hace cuatro que milita en La Dignidad, un movimiento popular que tiene su base en un chalet venido a menos a pocas cuadras de la vieja terminal de Mar del Plata, donde trabajan con personas en situación de calle.

Desde hace unos meses fue designado Coordinador Nacional de Pesca Artesanal de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Confiesa que no viene de la actividad pesquera pero cree que la pesca artesanal está atravesada por las mismas carencias que tiene la agricultura familiar, una invisibilidad por parte del propio Estado a la hora de fijar políticas para su desarrollo.

“A la pesca artesanal le falta visibilidad, derechos. Ha estado descartada de las decisiones políticas, no está en el radar de la política pesquera nacional cuando en otras partes del mundo se le da mucha importancia. La situación en algunas provincias es mejor que en otras, aunque en Buenos Aires vemos mayor nivel de dificultades”, reveló en diálogo con REVISTA PUERTO.

La semana pasada hubo un encuentro en el Rectorado de la UNMdP convocado por Casimir, del que participaron actores de la actividad desde distintas regiones junto con autoridades del INIDEP, SENASA, Prefectura y autoridades de municipios costeros y las nuevas autoridades de Pesca Provincia, Matías Nicolosi y Fernando Gutiérrez como director de Control y Fiscalización.

El contexto fue la situación de precariedad y urgencias que atraviesa el sector a partir de no poder salir a pescar hace sesenta días. En el comunicado enviado a los medios desde la Dirección Nacional refirieron a trescientas familias. Ante este medio no menciona cifras precisas.

“No tenemos datos por la propia informalidad; solo estimaciones. El Estado se ha tapado los ojos para no mirar la pesca artesanal y hay que hacerse cargo. Es un fenómeno que es, ocurre, se desarrolla, no es lo que debería ser… Hay que formalizarlo, regularlo, teniendo en cuenta todos los factores, pero blanquearlo no implica poner en riesgo el recurso porque son trabajadores que vienen pescando desde hace muchos años”, dijo el funcionario nacional, para quien hay lugares con mayor desarrollo que otros a partir del trabajo de los municipios.

Sobre la imposibilidad de los pescadores artesanales de salir a pescar dentro de la cuarentena, Casimir ve nuevas contradicciones: “Son productores de alimentos, deberían estar exceptuados pero no cuentan con las autorizaciones de pesca para poder hacerlo porque Prefectura los toma como matrículas deportivas. Esto pone en riesgo a sus núcleos familiares que dependen de ese ingreso para su subsistencia”.

Luego de la reunión, desde la Municipalidad de Mar Chiquita anunciaron un plan para salir romper la inactividad. Con el solo inicio del trámite de Matrícula Mercante ante Prefectura y la gestión de la licencia de pesca provisoria con Provincia, los pescadores quedarían habilitados a trabajar durante la cuarentena.

Uno de los primeros objetivos de la Dirección es “institucionalizar” al sector, a partir de una matriculación correcta de las embarcaciones. “El encuadre legal es la Resolución 113/11 que comprende una flota de hasta 8 metros de eslora y no más de 100 HP de potencia. En los últimos años nunca entregaron estos permisos”, asegura el Director Nacional. “La idea es hacerse cargo para regularizar al sector y a partir de ahí fijar políticas de desarrollo porque desde la informalidad no se puede construir nada”.

Las reuniones se repetirán en un mediano plazo para ir avanzando y que la pesca artesanal en el litoral marítimo pueda ponerse en marcha. Luego vendrá el desafío de trabajar en pos de superar los problemas estructurales que los han mantenido en la informalidad durante tantos años.
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