La Verdad - 26-05-2020 - JOSÉ LUIS AMADO La comunicación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) “A” 7018 en su punto 4 indica que “Con vigencia a partir del 18/5/2020, las entidades financieras no podrán otorgar las financiaciones previstas en el punto 1.5.5. de las normas sobre “Efectivo mínimo” ni en la Comunicación “A” 7006 a personas –humanas o jurídicas– con actividad agrícola que mantengan un acopio de su producción de trigo y/o soja por un valor superior al 5 % de su capacidad de cosecha anual”. En concreto, el Banco Central obligó a las entidades bancarias a no otorgar créditos a ningún productor que no haya vendido el 95% de su trigo o soja cosechada.

Es evidente que esta medida tiene como fin que los productores vendan dichas cosechas e ingresen más dólares vía exportaciones, en vez apalancarse con préstamos a tasa del 24%. De esta forma el BCRA, les restringe herramientas e incentivos para invertir lo cual; sumado a deudas, retenciones al 33%, caída de precios internacionales, incertidumbre de mercado y los mayores costos de logística por la baja del nivel del Paraná, explican la situación comprometida de muchas empresas agropecuarias.

Cabe destacar que, de todas formas, estas medidas no son novedosas pues esta película ya se vio en noviembre de 2014, cuando algunos bancos públicos prohibieron a sus sucursales financiar a los productores que en ese momento tenían stock de soja.

En este caso lo novedoso es que el BCRA en su punto 3, indica: “Establecer, con vigencia a partir del 18/5/2020, que la posibilidad de efectuar inversiones a plazo con retribución variable con rendimiento determinado en función del valor de los cereales u oleaginosas”, y luego destaca que “Todas las entidades financieras podrán integrar con Leliq la totalidad de la exigencia de efectivo mínimo en pesos de esas inversiones a plazo”.

Es decir, se va a crear una nueva línea de inversión a tasas variable que tendrá en cuenta el precio de esos granos. Es evidente que la idea es busca facilitar la comercialización de la producción almacenada y al mismo tiempo brindar la cobertura necesaria en consonancia con la evolución de los precios de estos commodities. De todas formas, aun los bancos no tienen la famosa “letra chica” de la operatoria y, por consiguiente, no se sabe qué mercado de granos se tomará de referencia y cuál será el plazo mínimo y máximo, entre otras cosas. Como siempre primero aparece la noticia y luego se verá cómo se instrumentará.

Más allá de los análisis de las causas y orígenes de estas medidas gubernamentales y a quién beneficia o a quién perjudica y si son improvisadas o decisiones planificadas con otro fin oculto, lo cierto es que obliga a los productores a establecer estrategias comerciales no habituales.

La opinión de CRA
Aquí cabe explicar una particularidad de la actividad que expuso muy bien la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en el comunicado titulado “el Gobierno repite los errores del pasado”. En este la dirigencia ruralista dijo que “En virtud de esta resolución, un productor que posea soja o trigo con destino uso como alimento para ganado o para pago de insumos para la próxima campaña o para cumplir con el compromiso de arrendamientos dejaría de ser sujeto de crédito perdiendo en consecuencia capacidad de inversión en insumos imprescindibles para la producción”.

Además, resaltó que el análisis de la comercialización de la cosecha 2019/2020 muestra que el ritmo de ventas es “superior al del año pasado, por lo que no existe ninguna evidencia o indicio de que los productores estén reteniendo la producción, ni mucho menos especulando con la evolución del tipo de cambio”.

Más adelante CRA explicó que “Cualquier acusación en este sentido carece de fundamento, es injusta, malintencionada y ofensiva para los productores de todo el país que trabajan a destajo, arriesgado su salud y la de sus familias, para mantener abastecidos los mercados con alimentos para todos los argentinos”.

Y cerraron diciendo que “En lugar de idear medidas que castigan a los productores, sería mucho más conducente procurar mecanismos constructivos para incentivar o acelerar el ritmo de inversión productiva y de generación de divisas, partiendo de la premisa que la cosecha es del productor y no del Estado. Sería conveniente que el Estado apuntara a generar la confianza y la previsibilidad necesarias para apuntalar la inversión, la incorporación de tecnología y el aumento de la producción”.