Revista Puerto 29-04-2020 - Karina Fernández Luego que se conociera el ingreso y permanencia de un centenar de barcos ilegales en nuestra Zona Económica Exclusiva, que realizaron tareas de pesca durante dos noches sobre el calamar, Intercámaras, la asociación que nuclea a los representantes de todo el sector pesquero emitió un comunicado dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ponen de manifiesto su preocupación y desagrado por la falta de control y políticas de Estado que frenen la pesca ilegal tanto dentro como fuera de la Milla 201. Solicitaron que se actúe de forma severa y rápida contra los propietarios de las embarcaciones, que han identificado como mayoritaria proveniente de China, aunque ello implique para la industria pesquera comprometer las relaciones bilaterales con su principal cliente.

“Asumiendo que los efectos de la pandemia del Covid 19 reducirían notablemente la capacidad de control y patrullaje de los límites externos de la jurisdicción nacional, más de 100 buques extranjeros fueron sorprendidos en plena explotación de calamar, en una clara y masiva incursión ilegítima dentro de la Zona Económica Nacional. Ya no solo repiten su también irregular y despreciable conducta en aguas internacionales adyacentes sino que exacerban su temeridad ingresando sin pudor alguno en aguas soberanas”, señalaron desde Intercámaras al gobierno nacional.

Pusieron en conocimiento al Presidente de la Nación de que desde hace tiempo las cámaras empresarias y asociaciones civiles vienen denunciando que cada año “las flotas pesqueras extranjeras que operan a distancia (principalmente asiáticas y fundamentalmente china) gracias a importantes subsidios de sus estados de pabellón, se sitúan en las aguas aledañas a nuestra ZEE a efectos de aprovechar los desplazamientos de nuestras especies, ejecutando una real rapiña contraria a la soberanía nacional y también contraria a las normas del derecho internacional”.

Tras comunicarle a Alberto Fernández que este accionar de barcos piratas tiene consecuencias sobre “la necesaria conservación de los recursos, la explotación nacional, el desenvolvimiento de las empresas argentinas, el empleo y las necesidades económicas y sociales de diversas regiones del país, en las que la industria pesquera es fuente de ingresos insustituible”, lo ilustraron sobre la magnitud del impacto.

Solo en las dos noches en que la flota de la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada operó dentro de nuestras aguas, calculando una captura diaria de 50 toneladas, “ya llevarían capturadas una cantidad similar o mayor a la captura de los buques argentinos en toda la temporada de pesca”, indicaron.

Siempre hablando de las flotas asiáticas y principalmente de la china, las cámaras empresarias señalaron que la presencia de buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental llega a más de 300 por año y que “operan con permiso expreso y subsidio del estado de la bandera. Dichos estados están agrediendo la soberanía nacional, los derechos sobre sus recursos y violan a sabiendas todas las normas y recomendaciones internacionales” (ver La sobrepesca, la pesca ilegal y el colapso del Atlántico Sur).

Señala a la vez el comunicado que la explotación que realizan estos barcos piratas “no contiene parámetros científicos elementales y desconocen todas las medidas de conservación y administración que aplica en este caso nuestro país” y que las operaciones “se realizan con apoyo logístico en alta mar, mediante transbordo de combustible, suministro de víveres, etc. y/o con asistencia de algún puerto cercano, como Montevideo”. Siendo esta la primera vez también, que el sector empresario en su conjunto condena el rol de Uruguay en la proliferación de la pesca ilegal (ver Nadie controla la pesca en el Atlántico Sur).

También plantearon la clara desventaja económica en la que quedan las empresas nacionales ante la proliferación de la Pesca INDNR: “La producción obtenida se destina a su directa comercialización en el mercado Internacional o a su procesamiento y posterior exportación a los mismos destinos que concurre nuestra exportación pesquera, pero a precios de dumping, dañando gravemente las finanzas de nuestras empresas”.

Pero además subrayaron la constante violación a los derechos humanos a la que son sometidos miles de trabajadores sin que nadie parezca advertirlo: “Las condiciones de trabajo a bordo, calificables de trabajo esclavo, permiten operar todo el año con muy bajos costos de operación, favoreciendo su continuidad y expansión.” (ver Muertos, drogas, pesca ilegal y barcos mellizos en el puerto de Montevideo).

“Los efectos que esta ilícita actividad implica son claramente insostenibles, para la industria pesquera nacional, para su propia existencia, para la sustentabilidad de los recursos y para miles de empleos que peligran en este contexto”, advirtieron desde el sector empresario. Y agregaron que a pesar de ser muy poco conocida la importancia de esta actividad, “la pesca argentina, no es sólo fuente de divisas, también lo es a su vez de empleo y soberanía y su incidencia económica y social se inserta en el contexto industrial con una participación e incidencia importante”.

Tras ofrecerse a informar adecuadamente al Poder Ejecutivo, requirieron “actitud política para enfrentar una situación que continuamente se agrava y reclama acciones decididas en el marco de una estrategia pública destinada a garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos oceánicos nacionales, dando adecuada protección a los recursos y al desarrollo responsable de la industria nacional en el largo plazo”.

Por todo ello que solicitaron “al Señor Presidente, que sin dilación se arbitren todos los mecanismos operativos para obtener un mayor y permanente control y patrullaje de los espacios marítimos nacionales, aplicando las sanciones más severas a cualquier buque infractor que sea detenido o aprendido en ellas, independientemente de su bandera y cualquiera sea la relación externa bilateral que se tenga con el país de origen”, concluyeron.
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