La Voz del Interior 27-04-2020 - Favio Ré Alberto Fernández: “Propuse incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”.

Fue el 19 de diciembre del año pasado cuando el Presidente formuló estas palabras a través de Twitter, apenas 48 horas después de que se conocieran los detalles de la Ley de Emergencia Económica que planteaba, entre otras medidas, elevar hasta el 33 por ciento las retenciones a la soja.

La propuesta de Fernández intentó erigirse como un dique de contención para las bases del ruralismo que desbordaban de descontento y querían inundar las rutas, como en 2008.

En ese momento, la tormenta no se desató, pero no tardó tanto en llegar: las necesidades fiscales de la Casa Rosada llevaron a que el 3 de marzo el ministro de Agricultura, Luis Basterra, le anunciara a la Mesa de Enlace el incremento definitivo al 33 por ciento, con un esquema que proponía que el 74 por ciento de los productores, los 42.406 que cosechan menos de mil toneladas al año, pagaran entre 20 por ciento y 30 por ciento

La iniciativa quedó sólo en una filmina: el 5 de marzo, el Gobierno oficializó el incremento, pero sin explicitar el mecanismo de compensación. Desde ese entonces, la segmentación lleva casi dos meses en cuarentena.

Sin virulencia

En este período, el agro no alzó mucho la voz porque la pandemia de Covid-19 corrió a todos los otros temas de la agenda pública. Pero el mismo coronavirus y su impacto hicieron que el reclamo por las retenciones reflotara esta semana, cuando una nueva baja de la soja, arrastrada por el desplome del petróleo, la hizo cotizar por debajo del trigo, algo que no sucedía desde 2013.

Por teleconferencia, la Mesa de Enlace le planteó a Basterra qué sucedió con la segmentación. La respuesta los sorprendió y no los dejó conformes: dijo el ministro que el funcionario a cargo podría estar infectado de Covid-19 y por eso está aislado, sin trabajar.

El Gobierno tuvo casi dos meses, y un total de cuatro si se contabiliza desde que se sancionó la Ley de Emergencia en la que se incluyó la obligación de establecer la “compensación”, para formalizar esta idea. No suena un argumento confiable que un problema de salud de una persona sea el obstáculo que frena todo.

En el medio, según datos recopilados por el economista Gonzalo Agusto, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, desde el 5 de marzo se vendieron 3,1 millones de toneladas de soja: 800 mil, con precio fijado.

Productores chicos, medianos y grandes, sin distinción, cobraron un 33 por ciento menos sobre un valor FOB que está entre los peores de los últimos 15 años. Y en el marco de una ampliación de la brecha cambiaria que obliga a vender la mercadería a un tipo de cambio de 45 pesos y rogar que el proveedor de insumos dolarizados no los cotice a tres cifras.