Letra P 06-04-2020 - Damián Belastegui Una de las actividades que no frenaron en su operatoria en el actual contexto de crisis por coronavirus es la que involucra a los puertos. En ese contexto, aunque se destacó la correcta aplicación de los protocolos de seguridad laboral, en el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) manifestaron preocupación por lo que consideran un “desfinanciamiento” del Fondo Provincial de Puertos (FPP) bonaerense, a la vez que solicitaron a la cartera de Producción comandada por Augusto Costa la intervención estatal y auditorías en los consorcios portuarios, como así también un plan concreto para el sector.

“Todavía no veo la política portuaria bonaerense”, sostuvo a Letra P el titular del gremio, Adolfo Barja, quien también hizo un planteo salarial por sus representados, quienes desde “hace dos meses” no cobran las horas extras. “Hoy, a la mayoría le falta al menos una cuarta parte del sueldo”, dijo el gremialista. Y adelantó que ya han hecho reclamos ante el Ministerio de Trabajo.

Pero la inquietud central del gremio pasa por el futuro del Fondo Provincial de Puertos, razón por la cual recientemente giraron una nota al ministro Costa y al subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, para objetar que una serie de certificados de obra y adjudicaciones en los puertos de La Plata y San Nicolás sean absorbidos por el mencionado fondo y no por los respectivos consorcios portuarios.





No es para menos esa preocupación. En Sutap destacan que del FPP salen los recursos con los que se pagan los sueldos de la actual planta de trabajadores pero que, al mismo tiempo, ese fondo ya no tiene recursos financieros que lo sustenten porque era alimentado por las distintas delegaciones portuarias, las cuales se extinguieron en la pasada gestión de María Eugenia Vidal que convirtió en consorcios los puertos de Rosales, San Nicolás y Dock Sud.

“Antes de ser consorcio, el Puerto de Dock Sud estaba recaudando en dólares alrededor de 150 millones de pesos por mes. Hoy debe estar recaudando el triple de ese dinero. A la Provincia no le queda nada de eso”, subrayó Barja. Y ahondó: “Es una barbaridad que paguemos los dragados con el Fondo Portuario cuando son consorcios. Se está desfinanciando el Fondo porque la plata que queda es la que se usa para pagar los sueldos, encima están queriendo hacer que paguemos los dragados”.



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Sin certezas sobre cómo se afrontará a futuro el pago de salarios, el gremio puso de manifiesto la “defensa del Fondo Portuario” al menos “hasta que no se viabilice las formas, modos y/o procedimientos para la sostenibilidad económica de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios”.

Crítico del esquema de consorcios, Barja hizo alusión a la gran cantidad de denuncias que se posan sobre las administraciones de los consorcios portuarios durante la pasada gestión de Cambiemos, por lo que pidió “intervención y auditoria” del gobierno bonaerense: “El Estado tiene que estar presente y hoy no lo está”.

El titular del Sutap mencionó que mantuvo dos reuniones con Lucero y fijó la postura de su gremio ante las nuevas autoridades bonaerenses: “Vamos a dar una mano. Ahora, hay que ver si se dejan dar una mano. Hasta ahora tenemos buena relación, pero no estamos trabajando mucho en conjunto”. Aunque desde enero, con la discusión por la Ley Impositiva 2020, se deslizaron versiones de una nueva ley de puertos, Barja fue concreto: “Mejor que decir es hacer”.



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Bajo este escenario, el dirigente sindical cuestionó que aún sigan a cargo de los consorcios de Mar del Plata y Dock Sud autoridades alineadas y designadas por el pasado gobierno vidalista (Martín Merlini y Alejandro Semmartín, respectivamente). Destacó la designación de Federico Susbielles en Bahía Blanca pero consideró que “a la hora de levantar la mano” en las decisiones del puerto priman en número los representantes de “las multinacionales que integran el directorio”.

En esa línea, Martín Riccardini, delegado de Sutap en el Puerto San Nicolás, detalló a Letra P que tanto las grúas adquiridas como el dragado en ese complejo portuario tienen que ser afrontadas por el consorcio en carácter de beneficiado: “El gremio quiere una participación más activa del Estado y que los consorcios aporten un porcentaje a ese fondo”, puntualizó.