La Nación 09-03-2020 - Cristian Mira Por una cifra que tendrá un impacto relativamente bajo para el fisco, el Gobierno se empecinó en incrementar los derechos de exportación de la soja desde esta semana, pese a que el ruralismo venía reclamando que no lo hiciera.

Según un trabajo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en esta campaña, y tomando en cuenta lo ya vendido, la recaudación por derechos de exportación (DEX) se incrementaría en apenas 330 millones de dólares. Esto, sin tener en cuenta el eventual impacto de la devolución de una parte de los DEX a quienes cosechen menos de 1000 toneladas.

En las cifras presentadas por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, luego de anunciar el aumento a los dirigentes de la Mesa de Enlace, se estimó que la recaudación extra sería de US$ 354 millones, pero que a su vez, el Estado resignaría US$167 millones por las rebajas a los DEX de algunos granos y productos de las economías regionales, y que devolvería US$184 millones por la segmentación.

La pregunta obvia es ¿si la medida tiene un impacto fiscal neutro, para qué la tomaron? Una posibilidad es que, como hace el Estado habitualmente, en sus diferentes signos políticos, estire los plazos de pagos de las devoluciones impositivas. Sería toda una paradoja que quien produzca menos de 1000 toneladas de soja por año financie al Estado.

La otra posible respuesta es que haya una motivación política. Se necesita un nuevo relato épico, como en los tiempos de la 125, para lograr la cohesión de los votantes propios. Mientras la reactivación de la economía no llega, es bueno pelearse con el campo. Si alguien piensa de esta manera, no advierte que en el mediano plazo se erosiona la capacidad del país de generar dólares genuinos por exportaciones.

Lo cierto es que intentar encontrarle una lógica productiva al decreto 230/2020 es una tarea más que ardua. En primer lugar, la suba para la soja aumenta el riesgo de que las zonas más alejadas de los puertos queden fuera del circuito de producción ya que los costos superarán a los precios.

Si el argumento es que la soja puede ser reemplazada por el maíz, que mantiene la alícuota de 12%, y que así se favorecería el agregado de valor no se comprende, entonces, por qué la carne vacuna y la aviar siguen con retenciones al 9 por ciento. Por el escaso aporte al fisco se las podrían haber llevado a cero, en la supuesta lógica del valor agregado. En la carne porcina sí hubo una baja de cuatro puntos porcentuales (de 9 a 5%). Lo mismo: se podrían haber llevado a cero, al igual que los lácteos.

Haber mantenido las alícuotas del trigo y del maíz en 12% podría ser positivo en una primera mirada. Sin embargo, hay que recordar que el Congreso facultó al Poder Ejecutivo por la ley de Solidaridad en llevarlos al 15%. Sí, en cambio, hay dato positivo con el girasol con el que hubo una baja de cinco puntos porcentuales y se fijó una alícuota de 7 por ciento.

En los productos industrializados, el complejo oleaginoso quedó desencantado porque esperaba la restitución de tres puntos porcentuales del diferencial entre el poroto de soja y el aceite y la harina. Las urgencias fiscales frenaron los intensos reclamos de la industria.

Otras agroindustrias salieron mejor paradas: el maní bajó 5 puntos porcentuales (7%), las legumbres y el maíz pisingallo vieron reducidas las alícuotas en 4 puntos porcentuales (5%). La harina de trigo, en tanto, tuvo una baja de 2 puntos y quedó en 7 por ciento.

En rigor, los cambios en los productos industrializados y de las economías regionales se parecieron más a una corrección de los aumentos decididos en diciembre pasado de apuro por el Ministerio de Economía con escasa conexión con el Ministerio de Agricultura, que a una política estratégica.

En este escenario, lo contradictorio es que para el presidente Alberto Fernández el campo sea un "socio estratégico", como declaró esta semana. Si en verdad lo cree así debería observar con más detenimiento lo que hacen los mandatarios de Estados Unidos y Brasil. Donald Trump se embarcó en una disputa comercial con China que afecta las exportaciones agrícolas de su país. Para mitigar el daño, otorgó un multimillonario paquete de ayuda a los farmers . Jair Bolsonaro, por su parte, terminó de pavimentar en un año la estratégica ruta BR-163 que une Mato Grosso con los puertos del nordeste para bajar el flete la soja de esa región.

Seguramente Fernández no tenga simpatías ideológicas con Trump y Bolsonaro. Bien, puede consultar con Lula o Pepe Mujica, expresidentes de Brasil y Uruguay, respectivamente, que si algo no hicieron es enfrentarse con la agroindustria de sus países.
Por: Cristian Mira