Revista Puerto 06-03-2020 - Nelson Saldivia En un hecho que no tiene precedentes, la Secretaría de Pesca de Chubut, a cargo del subsecretario Gabriel Aguilar, por licencia de su titular, a través de una funcionaria con rango de Director había dejado interdictos con prohibición de despacho a la pesca a cinco buques con licencias provinciales a solo pedido de un sindicato por un conflicto estrictamente laboral por liquidaciones salariales.

La gravedad que reviste la situación es que se dictó una medida que colisionaría con las leyes que otorgaron los permisos de pesca, y la Ley de Pesca Provincial que establece claramente cuales son los supuestos para los casos de suspensión de permisos e interdicción de buques.

Un sindicato, en este caso el STIA, se presenta y pide que por un problema en la liquidación de sueldos se suspendan los permisos de pesca a una empresa, y una funcionaria de tercer rango sin mediar actuación administrativa alguna, ni orden judicial, ordena paralizar los barcos sin explicarse motivos que sustenten tal acto administrativo.

Pero ante la reacción de Red Chamber, afectada porque le prohíben sacar a la pesca a cinco barcos, advirtiendo que la medida representaba un presunto abuso de autoridad, y que daría lugar a la presentación de denuncias penales por el posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, la Secretaría de Pesca da marcha atrás en sus pasos y deja sin efecto la medida, sin explicación alguna, como su dictado inicial.

Con todo, se trata de un peligroso antecedente de los actos administrativos de la autoridad pesquera chubutense, teniéndose en cuenta que si se debe revocar un contrato, un permiso de pesca, o cualquier concesión estatal debe ser por los mecanismos legales de un estado de derecho; aunque vale señalar que el desaguisado se produjo en ausencia del secretario de Pesca, Adrián Awstin.
Los hechos

El 26 de febrero, el STIA realiza una presentación ante la Secretaría de Pesca en la cual denuncia a Red Chamber «por las acciones de incumplimiento de la ley de pesca, la ley de expropiación y el contrato de arrendamiento. Encontrándose referida firma en un conflicto por la incorrecta liquidación de haberes», dice un tramo del planteo sindical.

Horas más tarde, la Directora General de Pesca, Johana Mosqueda, le ordena a la Prefectura de Rawson que no autorice el despacho de los cinco barcos que trabajan para Red Chamber. «A efectos de informarle que habiendo tomado conocimiento de un conflicto sindical suscitado entre la empresa Red Chamber y el STIA, los buques Bafetta, Doña Alfia, Euro II, Santo Vito Di Mazzara y Santorinio no deberán despachar a la pesca hasta nuevo aviso», expresa el documento que Pesca le envió a la PNA.
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Por su parte, Red Chamber, el 2 de marzo intima a la misma funcionaria a que «deje sin efecto la medida por resultar ilegal y haber sido ejercida en un claro abuso de autoridad». «No solo de la misma no luce ningún fundamento legal cierto ni apoyado en sustento alguno, sino que además atenta contra las leyes que otorgaron los permisos de pesca», describió la firma tras la interdicción provincial. Intimaron «bajo apercibimiento de formular la correspondiente denuncia penal contra la funcionaria firmante» en caso de no dejarse sin efecto la medida.

Horas más tarde, ese mismo día, la directora de Pesca, Johana Mosqueda, envía una nueva nota a Prefectura «comunicándole que no existen impedimentos para que las embarcaciones aludidas sean despachadas a la pesca».

Así, finalmente, la cartera provincial de Pesca subsana el yerro, pero a esa altura el papelón ya estaba concretado.

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