Revista Puerto 03-03-2020 - Nelson Saldivia En las primeras semanas de febrero se suscitó un conflicto en el ámbito de la empresa Red Chamber de Puerto Madryn con el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación a raíz de reclamos por diferencias en las liquidaciones salariales a un grupo de trabajadores que se desempeñan a destajo en tareas de descabezado de langostino.

El 17 de febrero se produjo una medida de acción directa con el bloqueo del ingreso al establecimiento pesquero con quema de cubiertas y paralización del proceso productivo. La pesquera RCA interpuso ante la Secretaría de Trabajo un pedido de conciliación obligatoria para que se reencauce la negociación por las diferencias salariales reclamadas.

La autoridad laboral dicta la conciliación obligatoria y ordena cesar las medidas de fuerza, fijando además fecha para una audiencia donde las partes continúen discutiendo posiciones respecto del planteo que origina el conflicto.

El STIA rechaza la conciliación, no acata el levantamiento de la huelga, aduciendo que la misma Secretaría de Trabajo había liberado las partes en una instancia anterior. La delegación Puerto Madryn de la Secretaría de Trabajo de Chubut no sancionó el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la entidad sindical y el conflicto se profundizó por la ineficaz actuación estatal que debe mediar de forma independiente e imparcial regulando las tensiones entre las partes de los sectores laborales.
El origen y consecuencias

El reclamo por diferencias en la liquidación de salarios surge de la aplicación del convenio colectivo firmado meses atrás por RCA y el STIA, y homologado por la Secretaria de Trabajo. Cuando comienza la temporada de langostino, un grupo de ‘descabezadores’ dicen no estar de acuerdo con ese convenio y piden aplicar los criterios de destajo de la merluza y no la que se usa para langostino.

Como resultado de la medida de fuerza, la planta de procesamiento dejó de operar y se perdieron 200 toneladas de langostino que son provistos por cinco barcos de la flota amarilla de Rawson.

En ese contexto, y a pesar que no se había acatado la conciliación por parte del sindicato y con la planta bloqueada, las negociaciones continuaron y se había avanzado en algunos términos.
Interdicción de barcos

Cuando se estaba a poco de destrabar el conflicto, el STIA pide la quita de los permisos de pesca provinciales a la empresa, y una funcionaria de tercer rango de la Secretaría de Pesca ordena a la Prefectura Naval de Rawson que impida del despacho de los barcos: Bafetta, Doña Alfia, Euro II, Santo Vito Di Mazzara y Santorini, quienes tienen las licencias concedidas por ley a la empresa Red Chambers.

La funcionaria que reviste el cargo de Directora de Pesca interdicta los cinco barcos sin que haya mediado ningún tipo de proceso administrativo, sin audiencia previa, sin derecho a descargos o defensa, lo que motivaría en el comienzo de esta semana que sea denunciada penalmente por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Inusual medida

Esta inusual medida adoptada por la Secretaría de Pesca, en momentos en que el titular de la cartera se encontraba de licencia, agravó el conflicto. Una discusión por diferencias de liquidación a un sector de planta deriva en la paralización de la flota que opera para la empresa en conflicto, una medida sin precedentes que no guarda relación con la magnitud del reclamo, ni se ajusta a términos sancionatorios en materia laboral.

Es decir, en medio de un conflicto estrictamente laboral intervino la Secretaría de Pesca aplicando una medida sancionatoria, mientras el titular del área estaba de vacaciones, al solo pedido efectuado por el STIA. Cabe aclarar que al momento del dictado de la medida, la Secretaría de Pesca estaba a cargo del Subsecretario de Pesca, un abogado de extracción sindical.

La desproporción de la actuación de otra área del Estado provincial sería motivo de una denuncia penal sobre los funcionarios actuantes, lo cual era evaluado en las últimas horas.
Bloqueo de camiones

Con todo, la situación llegó a un punto límite el último viernes cuando el STIA cortó la Ruta 1 del parque industrial pesquero de Puerto Madryn impidiendo el ingreso de camiones cargados de materia prima a las diferentes plantas de todas las empresas.

La intervención del Intendente local logró que se levante el bloqueo, se normalice la llegada de los camiones a las pesqueras, y se retome la negociación por la causa original del conflicto que debe tramitar en el ámbito laboral.

Así las cosas, las erráticas actuaciones de dos organismos estatales complicaron la resolución de una reclamación por liquidación salarial, provocando la pérdida de 200 toneladas de langostino, la interdicción sin medida judicial de cinco barcos pesqueros. El Estado que debe actuar de mediador imparcial tendiendo a la resolución del conflicto de partes, resultó en este caso ser el causante del agravamiento del problema.

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