Revista Puerto 26-02-2020 - Karina Fernández Desde que comenzó el mandato de Alberto Fernández, la postura de nuestro país respecto del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas ha cambiado. Si bien han sido mayoritariamente medidas simbólicas en el campo de la diplomacia o la política interna, también se han dado pasos concretos como la suspensión de las reuniones del subcomité científico de pesca. En el marco de una reactivación en el reclamo, fue designado Daniel Filmus al frente de la Secretaría de Malvinas -prácticamente desactivada durante el gobierno de Mauricio Macri- y también se lo nombró representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). En este contexto, el viernes pasado en un discurso por el Día de la Antártida, el canciller Felipe Solá anunció que se enviarán al congreso una serie de leyes que atenderán la situación en el Atlántico Sur, entre las que se cuenta la inclusión de la extensión de la plataforma submarina en los mapas de la República Argentina. También se anunció la potenciación del puerto de Ushuaia como base logística antártica.

Durante más de una década nuestro país realizó estudios que permitieron fundamentar la presentación sobre la extensión de la plataforma submarina. Tras ocho años de discusión, finalmente en marzo de 2017 un comité científico de las Naciones Unidas aprobó el reclamo argentino, bajo el régimen creado por la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar (Convemar) y nuestras fronteras submarinas se extendieron en un 35 por ciento.

Desde entonces los geólogos y científicos siguieron trabajando para la creación de mapas, cartas náuticas y la inclusión en los libros de geografía para la difusión en escuelas. Esto ya había sido adelantado el año pasado al diario La Nación por el ingeniero Marcelo Paterlini, profesor de la Escuela de Ciencias del Mar y coordinador del equipo de geólogos, hidrógrafos, sismólogos, cartógrafos y oceanógrafos que trabajaron en la presentación realizada en 2017.

Ahora el nuevo canciller, Felipe Solá, anunció en el marco del acto por Día de la Antártida, celebrado el viernes pasado en el Palacio San Martín, que se enviarán al Congreso “leyes fundamentales para nuestro desarrollo en el Atlántico Sur; una de ellas es la que reconoce los nuevos límites de la plataforma continental argentina, que tiene como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y fortalecer la memoria con hechos concretos, por los héroes de Malvinas de 1982 y por otros que también dieron la vida en la Antártida”.

Una de esas leyes impulsa la adopción de un nuevo mapa de la República Argentina que incorpore la extensión de la plataforma submarina aprobada por la ONU y según dejó trascender ante los medios, ello implicaría incluirlo en los planes de estudio para lo cual habrían mantenido reuniones Felipe Solá, Daniel Filmus y los ministros de Educación y de Cultura.

No trascendió si el conjunto de leyes, que tomará estado parlamentario en este año, incluye algún tipo de media concreta sobre la explotación offshore, Áreas Marinas Protegidas y la pesca en el Atlántico Sur. La extensión de dominio argentino se limita al lecho marino con lo cual no podría ejercer control sobre la pesca de peces y cefalópodos pero sí sobre sobre los moluscos bentónicos que se adhieren al fondo marino.

Durante la celebración del Día de la Antártida, reafirmando el discurso del nuevo gobierno, Solá destacó el rol de la diplomacia argentina en la representación activa de nuestro país en los foros del Tratado Antártico y en la tutela de nuestros derechos de soberanía sobre el territorio antártico, considerando que se “requiere una acción exterior muy intensa, coherente y continua”, según informaron desde Cancillería.

En la decisión de gobierno de abrazar la causa Malvinas, Tierra del Fuego ha tomado un rol protagónico. Por el momento solo se ve en los discursos, pero prometen pasar a la acción: “Pretendemos convertir a Ushuaia en el centro logístico antártico que merece ser, apuntando a brindar allí todos los servicios que requiere la comunidad antártica internacional”.

El Acto del Día de la Antártida estuvo cargado de pronunciamientos acordes con la construcción de un ideario soberano que pretende calar hondo en la sociedad; en ese contexto, el Canciller se refirió a la reactivación de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur “para tener una presencia activa e integrada allí y legitimar tanto nuestro reclamo de soberanía como la defensa de nuestros recursos naturales”.

También celebró la designación de Daniel Filmus nuevamente al frente de esta Secretaría, lugar que ocupó al momento de su creación durante la gestión presidencial de Cristina Fernández. Dijo sobre el funcionario que “tiene vocación antártica, ideas, conocimiento y respeto por lo que se ha hecho antes”.

Filmus ha sido a la vez designado el pasado 13 de febrero como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y también presidirá la COPLA, comisión que ha trabajado y sigue velando por la consolidación de los derechos de soberanía sobre la plataforma continental.

“La demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina reviste una importancia fundamental por razones políticas y económicas, ya que otorga seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias”, indicaron desde Cancillería.

Todavía no está claro cuál es el programa de gobierno respecto del reclamo de soberanía ni la postura que asumirá concretamente ante la explotación de hidrocarburos y recursos naturales en el sector del Atlántico Sur bajo nuestro dominio y en disputa con el Reino Unido. Por ahora se observan acciones puntuales en distintos ámbitos, que van desde la suspensión de las reuniones del subcomité científico de pesca a una anunciada potenciación del puerto de Ushuaia y la voluntad de la embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, de avanzar en un acuerdo con el gobierno ruso sobre el control del Atlántico Sur. Es probable que el conjunto de leyes que llegarán en el corto plazo al Congreso permitan tener una visión más integradora de los objetivos que se han planteado.
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