La Voz del Interior 10-02-2020 - Favio Ré El establecimiento Las Chilcas, ubicado entre las localidades de Rayo Cortado y Villa de María de Río Seco, en el extremo norte de Córdoba, sorprende por su dimensión y su apuesta de vanguardia vinculada a la economía circular.

En una zona que probablemente no tentaría a ningún inversor, la familia Aguilar Benítez construyó en los últimos 30 años un complejo productivo en el que se cultivan 8.400 hectáreas, se engordan en un feedlot unas 32 mil cabezas por año, se producen 15 mil capones en una granja porcina con 500 madres y se generan cinco mil metros cúbicos de biogás por día, en un biodigestor que se alimenta de los desechos de bovinos y cerdos.

Además, una de sus últimas inversiones fue una mini destilería de etanol que se sumó a esta apuesta por el agregado de valor y por el postulado de que nada se pierde y todo se transforma: tiene una capacidad de producción de 16 mil litros diarios de este bicombustible y 27 mil kilos de burlanda.

Para esto, necesita transformar 40 toneladas diarias de maíz. Con todos estos desarrollos, Las Chilcas genera unos 80 empleos en una zona donde el trabajo no abunda.

Junto con Óleos del Centro, del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, y Agropecuaria Los Mistoles, del productor Víctor Giordana, son las firmas que fueron pioneras en producir bioetanol que viaja directamente desde el campo hacia las petroleras y de allí a los tanques de nafta.

Verdaderos ejemplos de agregado de valor en origen: invirtieron más de 10 millones de dólares en conjunto para instalar plantas con las que pueden transformar 3.600 toneladas mensuales de maíz.

En julio pasado, empezaron a entregarle biocombustible a las petroleras y apenas seis meses después decidieron apagar los equipos, como consecuencia del enrevesado escenario político y económico que atraviesa la Argentina y que derivó en que estén produciendo a pérdida.

Reglas dobladas

El caso del bioetanol es, en la actualidad, un ejemplo claro y consistente del constante cambio de las reglas de juego que hace que haya cada vez menos energía inversora en la Argentina, con el consecuente impacto en la generación de empleo genuino.

Hace un año, Maíz Energía recibió un cupo anual de 58,8 millones de litros para proveer a las petroleras, que se iba a pagar bajo una fórmula polinómica que regía en aquel momento, con variables de mercado que se actualizaban de manera permanente, lo que garantizaba una rentabilidad que hacía sustentable el negocio.

Un mes después, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, eliminó la fórmula sin mayores preámbulos y comenzó a fijar el precio de manera arbitraria, sin que las empresas conocieran los indicadores que tomaba como parámetro.

En agosto, tras perder en las elecciones primarias, el gobierno de Cambiemos decidió congelar el precio de las naftas, lo que lógicamente “freezó” también el valor del bioetanol. La última actualización del precio ocurrió en diciembre y desde allí nunca más se retocó: la última cotización oficial es de 29,80 pesos.

En enero no se actualizó, en el inicio de febrero aún tampoco, y los etanoleros estiman que como mínimo debería escalar a 34 o 35 pesos, un valor al que difícilmente quieran acceder las petroleras que siguen con sus precios de surtidor bajo hielo.

“En cuatro años, ya ni sé cuántas veces nos cambiaron las reglas de juego. El etanol valía 90 centavos de dólar y de repente pasó a 40 centavos. Así, una inversión que uno pensaba amortizar en cuatro o cinco años, ahora requiere el doble”, resumió uno de los productores sobre el impacto que esta incertidumbre genera.

Valor desagregado

La consecuencia: sin reglas claras, las 3.600 toneladas de maíz a las que se les agregaba valor, lo más probable es que terminen exportándose como materia prima desde un puerto de Rosario y paguen 12 por ciento de retenciones.

Y dejen de generar empleo y desarrollo en el interior del interior, para que lo que sume valor sea la recaudación fiscal, a la postre la única variable a la que parece darle importancia un Estado que le imputa al sector productivo la obligación de agregar valor, pero no aplica ese imperativo como regla en sus decisiones.