La Voz del Interior 27-01-2020 - Favio Ré En Argentina, la carga fiscal efectiva que soportan los habitantes, sumando los impuestos “visibles” y los “ocultos”, trepa al 37,6 por ciento del producto interno bruto (PBI), según una estimación del economista Nicolás Torre, del Ieral-Fundación Mediterránea.

Esta cifra es inferior al récord de 2015, cuando llegó a ser del 41,1 por ciento, pero está ampliamente por encima del registro de 2003, cuando era de “apenas” 24 por ciento.

En el agro, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) asegura que el Estado, en sus tres niveles, se lleva 60 pesos de cada 100 que produce una hectárea agrícola. Para la Sociedad Rural Argentina (SRA), la presión tributaria que pesa sobre el resultado de un productor trepó, con el último aumento de las retenciones, al 94 por ciento en soja y en maíz, y al 97 por ciento en el trigo.

Todos estos datos forman parte del menú de argumentos que viene utilizando el ruralismo en las últimas semanas para justificar su rechazo al incremento de las retenciones, que podría derivar en un cese de comercialización si prosperan las propuestas que se reiteran en cada asamblea de productores.

Pero el problema va más allá de los números: la telaraña impositiva que sufren los contribuyentes los atrapa y los obliga a tener que abonar, incluso, tributos que la lógica indica no deberían alcanzarlos.

Unificación

El 2020 trajo bajo el brazo un ejemplo desde la Municipalidad de Córdoba. En los últimos días de diciembre pasado, el intendente Martín Llaryora firmó un convenio con el ministro de Finanzas provincial, Osvaldo Giordano, para adherir al Monotributo Unificado.

A priori, una excelente noticia para los contribuyentes que desarrollan sus actividades económicas en la capital provincial, porque simplifica en un solo pago a través de la web de Afip la complejidad que implica cancelar también los tributos provinciales y municipales.

Sin embargo, esconde un costo adicional que ha sumado malestar a algunos productores agropecuarios: aquellos que tienen su domicilio fiscal en la ciudad de Córdoba están viéndose obligados a pagar la tasa de Comercio e Industria en el caso de que tengan arrendamientos rurales, aunque lógicamente estos campos alquilados no estén dentro del ejido capitalino.

“La actividad rural está exenta de Ingresos Brutos en Córdoba, pero el arrendamiento de campos sí paga. Al adherirse la Municipalidad al monotributo unificado, automáticamente el sistema toma como base la información suministrada a Afip. Entonces, un productor monotributista por ejemplo de San Francisco del Chañar, si tiene domicilio fiscal en Córdoba, termina pagando por una tasa por la que no tiene contraprestación alguna”, explica Mariano Echegaray, contador y productor.

Riesgos

El monto, a valores de hoy, no es alto: entre 260 y 860 pesos, dependiendo de la categoría en la que esté inscripto.

“La luz roja no es sobre los monotributistas, sino porque genera un antecedente de gravabilidad por domicilio fiscal sin contraprestación, que luego puede llegar a extenderse al régimen general, donde sí impactaría y con mayor fuerza en más productores”, agrega Echegaray.

En este contexto, para este especialista hay otro ítem que se suma al aumento de la presión fiscal: el mayor costo de administración que se necesita para desanudar la madeja impositiva.

“Para cancelar los impuestos correctamente, hace falta sí o sí un profesional. A un monotributista le termina saliendo más caro hoy pagar el asesor que el impuesto en sí, pero no puede evitarlo porque corre el riesgo de incurrir en errores debido a lo complejo del sistema”, completa.