Revista Puerto 10-09-2019 - Roberto Garrone Por una denuncia iniciada en 2002 y luego ampliada en 2007 en Mar del Plata, la Cámara Federal de esta ciudad avaló un fallo del juzgado Federal Nº 1 y confirmó el procesamiento de directivos de la cooperativa marplatense de pescadores por contaminación ambiental de la harinera de la mencionada firma y el embargo por 2 millones de pesos para la cúpula directiva.

Los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza consideraron en el dictamen del 29 de agosto pasado que los directivos Juan Carlos D´Amico, Vicente Galeano, Cayetano Agliano, Jorge Boccanfuso y Salvador Pennisi, el síndico Jorge Di Scala y el gerente Rubén Burkhard son coautores penalmente responsables del delito de contaminar de un modo peligroso la salud, el agua y el ambiente en general, un ilícito contemplado en la Ley de Residuos Peligrosos. La acción penal quedó extinguida contra el por entonces presidente Salvador Arcidiácono, quien falleció en el transcurso de la instrucción.

En febrero de 2016, a partir de una denuncia de OSSE, el juez Santiago Inchausti verificó que la harinera Coomarpes vertió sustancias tóxicas a través del desagüe pluvial en la playa del puerto con descarga hacia el mar. Se trataba de un líquido color negro oscuro con elevado olor nauseabundo. Esos efluentes superaban los valores guías establecidos por la Ley 24.051.

Las muestras que se obtuvieron en semanas subsiguientes en distintos sectores de la harinera y sus inmediaciones comprobaron la presencia, por encima de niveles permitidos, de bacterias coliformes fecales, DBO/DQO, sulfuro y nitritos; cobre, grasas y aceites polares, hidrocarburos de petróleo, cadmio y plomo.

Inchausti avanzó penalmente contra los directivos de la cooperativa a quienes les atribuyó responsabilidad penal en los malos procedimientos que atentaban contra el medio ambiente. El Juez aseguró que “dentro del proceso productivo, existía cierta habitualidad en el mecanismo de efectuar el vertido de desechos peligros en perjuicio del medioambiente”.

Para fundamentar tal decisión el magistrado argumentó oportunamente que “los centros de decisión son más importantes que los centros de ejecución, pues usualmente, los dirigentes de las empresas establecen los fines sociales y determinan el mayor o menor grado de actividad empresarial, y por ello los supuestos fácticos descriptos y acreditados, corresponden sean atribuidos” a esos directivos, planteó Inchausti.

Desde Coomarpes, según consta en la causa judicial a la que este medio tuvo acceso, se defendieron aduciendo que la harinera no utiliza como materia primera ni incorpora en su producción de harina de pescado, ni genera como residuo ninguna sustancia que pueda ser definida como residuo peligroso. Y rechazaron que el vertido que emanaba del desagüe pluvial del puerto no provenía de la empresa señalada.

Los camaristas refutaron los argumentos de la empresa. “Obran los informes, actas y resoluciones emitidos por la Autoridad del Agua en los que se detallan las sanciones de multas aplicadas a la empresa investigada”, advirtieron los jueces.

Además se respaldaron en un Informe de la propia Coomarpes donde “reconoce que en la producción de harina de pescado se genera un residuo líquido denominado agua de cola, el cual es altamente contaminante si no es tratado adecuadamente”

En su fallo Jiménez y Tazza ampliaron el alcance del daño ambiental a los delitos denominados “de peligro” donde aclararon que “la problemática actual en la que el derecho penal se encuentra claramente inmerso, la cual aplica en su expansión, un claro modo de reacción frente a los nuevos desafíos que propone la sociedad del riesgo”.

Uno de los primeros en poner el foco sobre los riesgos al medio ambiente fue el marino mercante Roberto Maturana quien en marzo de 2002 advirtió por los riesgos de los buques inactivos en el espejo interior del puerto. Luego se sumaron elementos y focos de contaminación adicionales tanto causados por hidrocarburos como de origen bacteriológico así como la originada por la producción de harina de pescado.

El estado del puerto hoy no dista mucho de la situación de los buques hundidos a principios de siglo pasado. Aquella vez retiraron con ayuda de Prefectura 30 embarcaciones. Ahora hay varios más, no hundidos pero sí abandonados y generando el mismo perjuicio ambiental que en el pasado.

Maturana formuló las denuncias correspondientes hace ya un tiempo contra autoridades de Prefectura, armadores y autoridades del Consorcio Portuario. La justicia avanza lenta, pero en algún momento llega.

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