Revista Puerto 04-09-2019 - Nelson Saldivia La oposición se fracturó y no reunió los votos suficientes, en la Legislatura de Chubut, para someter a debate y votación un polémico proyecto de ley por el cual se pretendía imponer un gravamen extraordinario a sectores económicos que explotan recursos naturales en la provincia, entre los que se encontraba la industria pesquera.

La iniciativa impulsada por los sectores más radicalizados de los sindicatos estatales, que mantienen piquetes y cortes de ruta en la provincia, habían amenazado que de no aprobarse su proyecto harían recrudecer la protesta, en un clima de extrema tensión que se vive en Chubut por la crisis financiera del gobierno que encabeza Mariano Arcioni.

Los diputados del Frente para la Victoria habrían recogido el guante para que esa peculiar iniciativa sea llevada al recinto, en la sesión de ayer martes, pero otros bloques opositores como Cambiemos y Convergencia no convalidaron la propuesta, y ante la falta de consenso no tuvo tratamiento.

Finalmente, en la tarde de ayer, no prosperó la creación de Fondo de Emergencia para Educación, Salud y Seguridad, con aportes extraordinarios del sector privado. El diputado provincial Eduardo Conde (Cambiemos) subrayó que “es un proyecto del mes de junio de 2018 cuando ya la crisis financiera de la provincia existía. En ese momento nos reunimos con cada uno de los sectores involucrados en el proyecto y quedó claro que era inviable desde el punto de vista legal, económico. Había una afectación de intereses de los sectores involucrados”.

En esa línea, recordó que “hemos tenido reuniones el año pasado porque es un proyecto del mes de junio de 2018 cuando ya la crisis financiera de la provincia existía. En ese momento nos reunimos con cada uno de los sectores involucrados en el proyecto y quedó claro que era inviable desde el punto de vista legal, económico. Había una afectación de intereses de los sectores involucrados”. Y de allí, la inviabilidad del proyecto que sería cuestionado en varios frentes, entre ellos, sobre su dudosa constitucionalidad.

“Se aludió a la afectación que podía tener de la actividad económica y de la situación vinculada a los trabajadores y se anticiparon acciones judiciales porque se estarían afectando derechos ya que habría un avasallamiento”, agregó al tomar distancia de la pretensión de sectores opositores de sacarle fondos a sectores industriales para pagar el desmedido déficit fiscal provincial, producto del crecimiento geométrico que ha tenido la masa salarial estatal.

Con todo, la reacción de los sindicatos estatales fue ratificar la continuidad de las medidas de fuerza, que afecta a la totalidad de los organismos del estado, y el endurecimiento de los piquetes en las rutas, que afectan seriamente el tránsito y a otras actividades económicas y productivas de la provincia.

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