Página 12 22-08-2019 - Laura Vales Luego de cuatro años de vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y a casi dos meses de las elecciones nacionales, el Gobierno impulsa la designación de nuevas autoridades en el organismo, la principal herramienta del Estado en el desarrollo rural. La Asociación de Trabajadores del Estado reclamó que suspenda ese proceso de selección, al que considera como un intento de los sectores concentrados del campo de perpetuarse en las estructuras jerárquicas del instituto. La medida, concretamente, podría consolidar la influencia de los pools de siembra dentro del INTA.
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El reclamo fue presentado por Daniel Catalano, el titular de ATE Capital, en representación de los trabajadores del organismo. El dirigente sindical pidió, específicamente, que se suspenda la selección de los cargos de director nacional, director de Experimentación y de directores regionales, que tienen una duración de cuatro años. Sus nombramientos están previstos para el mes de setiembre y dejarán en puestos de gerenciamiento a funcionarios que expresan relaciones de fuerza que están cambiando en este mismo momento.

La presentación de ATE advirtió, al mismo tiempo, que de no aumentarse el presupuesto del INTA cerca del 35 por ciento de las 440 unidades de trabajo que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del país no podrán funcionar. La decisión de avanzar con los concursos para la selección de nuevos directores contrasta así con la inacción de las actuales autoridades en el reclamo de 400 millones de pesos de refuerzo, destinados a financiar el trabajo de los técnicos rurales. Esos fondos ya están aprobados, pero no son desembolsados.

Los trabajadores describen la situación interna del INTA como de total desguace. Desde diciembre de 2015 el Instituto perdió 850 trabajadores, no por despidos, pero sí por que no se designaron nuevos empleados en lugar de quienes se fueron jubilando. En el mismo período fueron cerrados además los Institutos de Investigación y Desarrollo de la Agricultura Familiar y se desarmó el programa de Extensión Rural. El Gobierno sigue recortando hasta hoy partidas que están aprobadas en el presupuesto.

“¿Cómo pueden hacerse, en este marco, concursos para su dirección?”, se preguntó Manuel Martín, delegado de ATE. “El INTA tiene una cartera de proyectos que es su columna vertebral, lo que define el trabajo que va hacer cada unidad de gestión, pero que hoy está inactiva. La cartera de proyectos no está aprobada. El presupuesto actual es la mitad del presupuesto del año pasado y sus trabajadores son insuficientes. ¿Para dirigir qué proyecto van a asumir? ”.

Otro aspecto del mismo tema es que dentro del organismo la mayoría de los actores económicos del campo están representados en su consejo directivo, cosa que aún no sucede con los integrantes de la Agricultura Familiar, que en los últimos años han dado un salto en su organización. Proveedores del 60 por ciento de las verduras frescas que se consumen en el país, estos productores vienen ganándose el respaldo social a su propuesta de alimentos sanos a precios populares, con un esquema de trabajo que emplea mano de obra intensiva. Para ellos, el apoyo que puede darles el INTA es crucial. Sin embargo, no están dentro del organismo, que sí tiene representación de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Aacrea, es decir, de los productores que van desde el perfil más vinculado a la ganadería al de los nuevos agronegocios.
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La reducción de personal y los recortes del presupuesto, asegura Catalano, “dejaron sin capacidad operativa al INTA”. El titular de ATE Capital subraya el hecho de que “la Cartera de Proyectos está ausente desde hace más de un año”, como muestra del desmantelamiento de las políticas públicas agropecuarias, que dejaron a los pequeños productores en el desamparo y afectaron las economías regionales, “favoreciendo a las grandes empresas y grupos concentrados”.

Desde el mes pasado, ATE viene solicitando a las autoridades del organismo una audiencia urgente para discutir estos temas y una agenda de emergencia, de la que es parte el reclamo por el giro de 400 millones ya aprobados en la ley de presupuesto pero nunca enviado al INTA. De la misma manera, el sindicato busca llamar la atención sobre la necesidad de cubrir 700 puestos de trabajo perdidos por jubilaciones no repuestas y el uso de los sumarios administrativos como método de disciplinamiento de los reclamos. Es que los trabajadores del Instituto están segundos en el ranking de sumariados del Estado a raíz de los planes de lucha que encararon contra los ajustes.