La Nación 05-08-2019 - Gabriela Origlia La detención de Herme Juárez, líder del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la cooperativa que tuvo hasta hace dos años el monopolio empresario de la carga y descarga de los buques que llegan a los puertos del Gran Rosario , vuelven a poner en el centro de la escena a las tres denuncias sobre distintos aspectos de la hidrovía, que realizó la diputada Elisa Carrió . Dos se tramitan en Buenos Aires y una en Rosario y alertan sobre la existencia de un "entramado" de corrupción que habilitaría diferentes delitos.

Carrió insistió en que la hidrovía es "una especie de zona liberada, que da lugar al tránsito ilegal" de todo tipo. Mónica Frade, abogada que trabaja con la diputada en el tema, advirtió a LA NACION que la "división de causas termina favoreciendo a los acusados; está todo compartimentado, cuando en realidad hay personas comunes a todas las denuncias".

La primera presentación tiene unos tres años y apunta a los empresarios Lucas Ganceraín y Guillermo Misiano, acusados de cometer delitos de contrabando y evasión. Al primero lo define como vinculado históricamente a Aníbal Fernández y, al segundo, como presidente de una empresa que lo empleó.

La denuncia señala que cuando Fernández dejó el Gobierno, Ganceraín apareció en PTP Warrant SA, empresa dedicada a operaciones portuarias, almacenamiento y transporte pluvial que operó "las terminales y controló las actividades portuarias en la hidrovía y desplegó su actividad sin control alguno" hasta Asunción del Paraguay.

Misiano aparece como accionista de esa firma y empleado de Ponal Terminales Portuarias. Frade explicó que una proveedora paraguaya de PTP Warrant, Gregser, es investigada por la Fiscalía Antilavado de ese país por tener origen "desconocido".

"Las tres empresas lograron el control del corredor hídrico Paraná-Paraguay y traficaban nitrato de amonio y soja, por ejemplo; la denuncia es por contrabando, lavado de activos y evasión. Ganceraín se deshizo de las acciones hace un año", apuntó.
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La segunda denuncia, radicada en los tribunales federales porteños en 2017, alcanza, entre otros, a Ismael Passaglia (exintendente de San Nicolás), Manuel Passaglia y Juan Manuel Ondarcuhu, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mediante actividades ilegales en puertos, financieras y tráfico de estupefacientes. Ismael Passaglia se sumó al gobierno de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, como director del Instituto de la Vivienda.

El año pasado, ante el juez Carlos Vera Barros, de Rosario, Carrió denunció a Hidrovía SA, del Grupo Emepa, por supuestos delitos de contrabando y tráfico de estupefacientes en aduanas y terminales portuarias del Gran Rosario. El dueño del holding, Gabriel Romero, está involucrado en la causa de los cuadernos.
Por: Gabriela Origlia