El Cronista Comercial 03-07-2019 - CARLOS BOYADJIAN Apenas 24 horas antes de recibir a las principales cámaras empresas para explicarles detalles del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Gobierno buscó transmitir tranquilidad a través de un documento difundido por la Cancillería y el Ministerio de Producción. Allí se pone el acento sobre los mayores beneficios del acuerdo, como la baja de aranceles para bienes primarios e industriales, la fijación de cupos y el cambio en el entorno económico, normativo e institucional para el país.

No son los únicos aspectos destacables, por cierto, también está la posibilidad de atraer inversiones, el plazo de adaptación entre 10 y 15 años para las empresas del Mercosur en bienes industriales y las grandes oportunidades que se presentan para la exportación de servicios, una actividad en franco crecimiento en el país, con ventas externas que ya trepan a los u$s 6000 millones anuales.

Pero el documento tiene también un lado B, que en alguna medida, abona los temores de algunas industrias sobre el impacto que podría tener la implementación plena del acuerdo en sectores específicos.

"En el acuerdo hay un montón de temas que requieren una bajada, por ejemplo, el acuerdo dice que se preverán salvaguardas para cuando aumenten inesperadamente importaciones de un origen, pero ¿quién las va manejar, quien va a determinar esas salvaguardas?, se pregunta Marcelo Elizondo, director general de la consultora DNI. A diferencia de la Unión Europea, que tiene instituciones como el Consejo Europeo, la Comisión o tribunales específicos, el Mercosur carece de estas instituciones, lo que hoy significa una relativa debilidad para el bloque.
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Otros aspectos en los que el acuerdo genera ciertas dudas es propiedad intelectual. Mientras la UE tiene sus normas, Argentina por caso, nunca adhirió al Tratado Internacional de Patentes y Propiedad Intelectual, lo que ha generado algunos cortocircuitos en el pasado.

"Veo varias cosas que no están escritas, no digo que esté mal o sea improvisado, ni que sea trampa. Esto es parte de un proceso normal, el acuerdo tiene apenas cinco días. Pero es como una ley, que después requiere un decreto reglamentario, es lo que hay que trabajar ahora", precisó Elizondo.

En cuanto a las reglas de origen se establece un sistema de autocertificación para dar más flexibilidad al exportador, que podrá reducir costos y tiempos. Pero la práctica deja lugar a la discrecionalidad. Desde el sector autopartista, advierten que un vehículo puede entrar con preferencia arancelaria si tiene como máximo 50% de materiales de fuera de la región pero puede llegar hasta el 80%, porque en verdad se toma el valor del auto, mientras que las piezas representan sólo 60% de partes.

Tampoco se dice qué criterios se tomarán para redactar reglamentos técnicos o si éstos se pueden modificarse; compras públicas, donde no se fijan porcentajes de preferencias para empresas locales, o incluso la suspensión temporal de las preferencias si una importación crece mucho.