Revista Puerto 26-06-2019 - Nelson Saldivia El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, procedió a vetar la ordenanza sancionada, semanas atrás, por la cual se habría autorizado al Ejecutivo Municipal para que otorgue una habilitación comercial en forma “extraordinaria” a la empresa Food Arts, en la planta de procesamiento de pescado sobre la que tiene “pedido de desalojo” por parte de la propietaria Ipesur.

La ordenanza es de dudosa constitucionalidad ya que avanzaba sobre derechos de propiedad privada y vulneraba la normativa respecto de las exigencias para acceder a una habilitación comercial, teniendo en cuenta que Food Arts está usurpando un predio, no es propietaria, ni tiene contrato de alquiler; a pesar de lo cual, el Concejo Deliberante había accedido a las presiones empresario-sindicales y dio curso a la autorización para que el Ejecutivo la habilite en forma precaria hasta 2023.

Ipesur había advertido que evaluaría demandar a los ediles que votaran favorablemente, al sostener que a sabiendas de que hay un juicio de desalojo, y además había una medida judicial contra Food Arts que ordenó frenar la construcción de una planta contigua porque tratarse de obras clandestinas y sin declarar, el Concejo lo aprobó con los votos de los oficialistas Miguel Antín, Mariela Williams, Raúl Cataldi, Enzo Terrera, Marcelo Gallichio y Andrea Moyano. Hubo cuatro abstenciones, las de Juan Duarte, Claudia Bard, Franco Albanesi y Mario Méndez; y un voto negativo, el de Claudio Tortoriello.

La conducción local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ofició, en todo el proceso, como el principal gestor y lobbista de Food Arts.

El desaguisado tuvo su freno a partir de una notificación del Juzgado Civil y Comercial a cargo de la jueza María Laura Eroles, que advirtió al Ejecutivo Municipal de Puerto Madryn que incurriría en delito si se habilitaba una planta pesquera sobre la que pesa un juicio de desalojo, más una medida que impide seguir construyendo por tratarse de obras ilegales. Eroles es la misma jueza que semanas atrás el STIA fue a apretar para que saque la expropiación de Alpesca.

Con todo, el intendente Sastre le bajó el pulgar a la ordenanza que chorreaba vicios de inconstitucionalidad y hasta de sentido común, pero que había sido lograda merced a la injerencia de los dirigentes locales del gremio de la Alimentación.

Los funcionarios municipales que hubieran firmado la habilitación provisoria por cuatro años, bajo esas condiciones, quedaban expuestos a ser sometidos a proceso penal por incurrir en la comisión de delitos, por lo que Food Arts no tiene habilitación para operar.

En tanto, ahora el Ejecutivo Municipal comprometió ante los trabajadores que se intentaría una salida consensuada, y una alternativa es que la planta sea habilitada a la empresa propietaria del predio, es decir, Ipesur, la que tendría intenciones de recuperar sus instalaciones y ponerlas a producir.

Pero para que esto ocurra, Food Arts deberá entregar las instalaciones a Ipesur, cuestión que no ha hecho a pesar de las demandas judiciales en trámite, por lo que esa opción no parece de trámite fácil en el corto plazo.
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