Revista Puerto 11-06-2019 - Roberto Garrone Ailín Azcurra y Giselle Rodríguez son las madres de los dos hijos que tenía Cristian Maximiliano Osorio. El engrasador es uno de los ocho tripulantes desaparecidos tras el naufragio del pesquero Rigel, hecho del que ayer se cumplió un año.

Si bien ninguna estaba casada con Osorio y al momento del hundimiento tampoco convivían con el tripulante, ambas tuvieron que explicarles a sus hijos lo que había ocurrido y tomar contacto con Pesca Nueva SA para cobrar las indemnizaciones.

Ninguna mantiene relación con el resto de los familiares de los compañeros de Osorio ni participa de las marchas y movilizaciones tras el naufragio. Pero eso no significa que no estén en el medio de otra lucha, de otra pelea.

“La abogada de Pesca Nueva, Adriana Comisso, nos contactó con Federico Carnicero, otro abogado que dijo que había salido por sorteo, para que nos represente. Influenciados por él y con las necesidades que teníamos, firmamos un acuerdo por la indemnización y la ART”, cuenta Ailín en el living de su casa en el barrio Los Pinares.

El mismo procedimiento utilizaron con Giselle Rodríguez, quien por motivos personales no pudo participar de la entrevista que Azcurra mantuvo con REVISTA PUERTO. “Las sumas que nos dieron son falsas. Jamás me explicaron los alcances del acuerdo ya que pretendieron anular cualquier reclamo posterior”, señala Ailin que trabaja en una Estación de Servicio.

Después del naufragio, su hijo de tres años debió comenzar tratamiento psicológico y se agravó su cuadro de asma. “Estoy sola, nunca tuve obra social porque Cristian se embarcara y creo que Gise (por Rodríguez) tampoco. Buena parte de lo que cobro lo tengo que usar para pagar una niñera”, cuenta de sus días cotidianos.

En el acuerdo que los forzó a firmar Carnicero, cuenta Ailín, Osorio figuraba con ingresos por 19.717,56 pesos. “Yo tenía un arreglo en el Tribunal de Familia por mi hijo y sabía que ganaba mucho más, casi cinco veces más. Pero todo eso se pagaba en negro”.

El mismo acuerdo, con los mismos parámetros de ingresos ficticios y los mismos perjuicios para las madres de los hijos de Osorio, exigió firmar la ART Prevención por intermedio de la Dra. Mariela Graciela Bentaverri.

“No era abogada de mi confianza y se ha abusado de nuestra voluntad, libertad y buena fe por encontrarnos en estado de necesidad económica extrema, y padeciendo un inmenso dolor moral, personal”, señala en el escrito que presentaron a la justicia para que declare nulo el acuerdo, a partir de la intervención del Dr. Nicolas Schick, quien representa a varias familias de tripulantes desaparecidos.

Schick rechazó categóricamente el “Acta de audiencia” y el Expediente SRT Nº 22669/18, ambas firmadas el 11 de octubre del año pasado, “por resultar inválido en todas sus partes y nulo de nulidad absoluta”.

“Se obligó a mis representadas a legitimar y consentir liquidaciones falsas, insuficientes, desajustadas y desvalorizadas, que configuran un perjuicio definitivo”, remarcó.

En ese sentido el letrado agregó que “se ha otorgado una ventaja patrimonial desproporcionada en favor de Pesca Nueva S.A, sus socios, Carlos Gustavo Broggio y Adrián Di Nunzio afectando el derecho de propiedad, el principio de indemnidad y el acceso a una reparación justa y equitativa para mis representadas, en lo que refiere a la indemnización que le corresponde por el Ar 248 LCT, como así también afectando sus derecho a percibir la reparación sistémica a cargo de Prevención ART S.A”, dijo el abogado patrocinante.

Por ahora la justicia todavía no se expidió más allá que hay un dictamen que impugna el recurso de apelación interpuesto por Comisso en representación de Pesca Nueva al momento de pedir la homologación del acuerdo.

Daniel Vázquez, defensor Público Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda instancia de Mar del Plata, también rechazó el recurso de apelación de Pesca Nueva. “No puede perderse de vista el principio de buena fe que debe regir en las relaciones contractuales entre las partes, como así también lo regulado sobre el abuso de posición dominante”, dijo el Defensor.

Pero Ailín tiene necesidades más urgentes. “Necesito que me entreguen el certificado de presunción de fallecimiento. Hemos ido a ANSES y nos dicen que nos corresponde por ser las madres de los hijos de Cristian pero no tenemos el certificado”, dice esta joven de 24 años y por primera vez en la charla sus ojos se achinan y desprenden un brillo especial.

“No pienso tanto en la reparación. Es más necesaria la pensión para hacer frente a gastos que surgieron a partir del naufragio –confiesa Ailín–. La psicóloga para el gordo, los remedios por sus ataques de asma… Nunca nadie de la empresa me llamó ni tampoco del gremio. No sé dónde estaba afiliado Cristian pero la obra social siempre fue la mía, por mi trabajo”, reveló.
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