Revista Puerto 24-05-2019 - Nelson Saldivia El tema Alpesca sigue siendo una herida abierta en la comunidad madrynense. Tras el cese de actividades a fines de 2013 y la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación en 2014, la sentencia en la justicia civil nunca llegó y dejó a mil trabajadores sin poder cobrar sus indemnizaciones o reclamaciones por sueldos caídos, que en muchos casos lograron sentencia en el fuero laboral, pero hasta tanto no esté resuelta la expropiación es imposible su cumplimiento.

Esta semana, en principio un grupo de marineros y después exobreros de la planta de procesamiento se movilizaron hasta los tribunales civiles de Puerto Madryn con la idea de poder tomar contacto con la magistrada que tiene a su cargo el expediente, pero los intentos fueron infructuosos. Los trabajadores no son parte en el juicio de expropiación y por lo tanto no fueron recibidos por la jueza, ni tienen posibilidad de acceder al estado del expediente. Solo pueden consultarlo, los que se consideren accionistas o propietarios de Alpesca, y la representación del Poder Ejecutivo Provincial de Chubut que es quien promueve el acto de expropiación.

Marineros y personal que operaba en la flota fresquera y congeladora de la malograda compañía se apersonaron en tribunales en representación de 160 extrabajadores que se desempeñaban en los nueve buques que tenía la firma.

José Fabro lamentó no poder tomar contacto con funcionarios judiciales para saber el estado real del expediente a cinco años de iniciado el trámite. “No nos pudieron atender, nos remitieron al Superior Tribunal de Justicia en Rawson. Nos dicen que, al no ser parte de la causa, no nos pueden dar información, pero nosotros venimos como trabajadores por parte de la ex Alpesca, de manera independiente, y queremos saber por qué está frenada la causa, el dictamen de la jueza es algo que está demorando muchos puestos de trabajo”, indicó al hacer hincapié que una resolución permitiría acelerar los reemplazos y que la flota vuelva a pescar.

“Es algo que está trabando todos los barcos, los siete de Alpesca”, explicó el marinero, agregando que “si se resuelve el tema de la expropiación, ya se liberarían los cuatro barcos que están hundidos; la empresa (por Red Chamber) ya podría traer barcos para reemplazar los permisos, y son 35 puestos de trabajo por cada uno”, se esperanzó, aunque no hay plazos procesales en materia civil para el dictado de una sentencia.

Fabro admitió que un grupo “ya somos parte de Red Chamber, con lo último que se firmó en noviembre del año pasado en Madryn ya somos parte de la empresa. Pero pedimos por los 160 compañeros que también están esperando la resolución. Esto es lo que venimos repitiendo hace cinco años: un barco funcionando son muchos puestos de trabajo en tierra”, razonó.

Los obreros aclararon que buscan explicaciones, pero no quieren que la jueza se sienta presionada. “Venimos a averiguar cuál es el motivo que frena esta decisión, la idea es venir todos los días; no queremos incomodar a la jueza, simplemente buscamos respuestas y que nos digan si la causa está avanzando, pero es una situación angustiante; estábamos todos contentos hace dos meses cuando el Promarsa se fue a dique, pero el problema de raíz no se resuelve”, mencionó.

Este jueves también se movilizaron extrabajadores enrolados en el Sindicato de la Industria de la Alimentación. “Tenemos que venir a ponerle el pecho porque estamos defendiendo a todo lo que luchamos durante años”, aseguró el dirigente del STIA, Oscar Hughes, tras movilizarse y no ser recibidos por la jueza María Laura Eroles para interiorizarse de la marcha del proceso de expropiación.

No obstante, anticipó que la semana próxima volverán a marchar. “No vamos a bajar los brazos porque empezamos la lucha; el martes volveremos para que la jueza nos reciba y nos dé una explicación de por qué tiene durmiendo el expediente”, reprochó.

Desde el STIA se quejaron de la decisión del Superior Tribunal de Justicia que impide a los jueces poder tomar contacto con los trabajadores e informarles de la marcha del expediente. “Hay una orden del juez (Mario) Vivas para que nos reciban”, dijo Hughes, quien recordó que el ministro del Superior Tribunal de Justicia asumió el compromiso de “en una semana darnos una respuesta para juntar a las partes y no lo hizo”, reprochó.
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