Revista Puerto 17-05-2019 - Nelson Saldivia La Legislatura de Chubut aprobó ayer, en un trámite express, la afectación de 300 millones de pesos del presupuesto provincial para el pago de las indemnizaciones al personal de la empresa Alpesca. La medida más que un acto de reparación laboral esconde una inequívoca intencionalidad política en pleno proceso electoral.

La pregunta se impone: ¿quién podría estar en contra de que los trabajadores perciban sus legítimas indemnizaciones por el cierre de Alpesca? Nadie. Pero no es menos cierto que la expropiación no está terminada en la órbita de la justicia civil, por lo que resultaría poco procedente que el Estado pague una expropiación que no tiene sentencia.

Ergo, la ley aprobada ayer a instancias de la diputada del PJ-FpV, Gabriela Dufour, autorizando al Ejecutivo provincial con carácter excepcional y extraordinario, el pago de saldos de indemnizaciones de bienes expropiados de la expresa Alpesca, queda circunscripta a un eufemismo de imposible instrumentación sin sentencia firme.

Lo más llamativo es que si alguien sí tiene sentencia condenatoria firma es justamente Gabriela Dufour, a quien se la halló penalmente responsable por la comisión del delito de “administración fraudulenta” por la no preservación de los bienes de Alpesca.

Dufour fue condenada a dos años y seis meses de prisión en suspenso en la causa más conocida como el varamiento de los barcos por el temporal de 2014, “por haber generado un menoscabo millonario en las arcas provinciales”.

La ley sancionada ayer autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, “con carácter excepcional y extraordinario, a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para afectar los fondos provenientes de Presupuesto 2019 para el pago de los saldos de las indemnizaciones de los bienes expropiados en la causa ‘Provincia de Chubut c/Alpesca S.A. y Otra s/Expropiación’ (Expte. 190/14) por ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de Puerto Madryn, por un monto de hasta 300 millones de pesos, previsiones presupuestarias que se imputarán a la Jurisdicción SAF 91-Obligaciones del Tesoro, Ejercicio 2019”, dice la norma.

En rigor, la ley como tal plantea la afectación de 300 millones de pesos, pero la cancelación de las acreencias indemnizatorias de los trabajadores difícilmente pueda ser concretada hasta tanto no exista un fallo en el juicio en el cual el estado provincial expropia los bienes de Alpesca.
Modificaron el FAP

En tanto, en la sesión de ayer también se aprobó por unanimidad una modificación del denominado canon pesquero. Como se recordará está plenamente vigente la ley que establece un Fondo Ambiental Provincial que se conforma por un arancel aplicado a cada cajón de langostinos desembarcado en cada localidad portuaria del Chubut, cuyo monto será equivalente en pesos al valor de un litro de diésel Premium YPF, y los cajones descargados por barcos con permiso de pesca provincial pagarán el 50 por ciento de dicho canon.

Con dictamen en conjunto de comisiones, se aprobó el proyecto de ley modificado sobre la Ley del Fondo Ambiental Provincial (FAP), que como novedad incorpora como Art. 5° bis a la Ley I N° 620 “la facultad al Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable a emitir certificados de deuda, en caso de existir sumas impagas, ya sean totales o parciales, o pagos fuera de término, los cuales serán instrumento ejecutivo suficiente para su ejecución”.

El certificado deberá contener “como mínimo lugar y fecha de otorgamiento, firma de funcionarios competentes, indicación concreta del deudor, importe y concepto de deuda e intereses. Queda facultado, asimismo, ese Ministerio para dar aviso a la autoridad portuaria para que esta proceda a suspender los servicios portuarios al sujeto deudor, negando futuros desembarcos hasta tanto se acrediten los pagos pendientes.

También la ley incorpora la facultad al citado Ministerio a destinar el 20 por ciento de sus ingresos al incentivo laboral del personal de dicho Ministerio provincial”, dice la modificación sancionada ayer por la Cámara de Diputados.
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