Revista Puerto 16-05-2019 - Nelson Saldivia El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación opera como el principal gestor de la empresa Food Arts ante el Concejo Deliberante de Puerto Madryn para que le prorroguen la habilitación comercial de la planta de procesamiento.

La planta es de Ipesur y se la alquilaba a Food Arts, pero por incumplimiento de ese contrato se inició una acción de desalojo que se tramita en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado Food Arts solicitó que le habiliten la planta para trabajar durante la temporada de langostino de la flota amarilla y con la espada de la “paz social” obligaron al Concejo a que dicte una ordenanza autorizando la habilitación, a pesar de no ser propietarios del lugar ni contar con un contrato de arrendamiento.

La medida de excepción creó un peligrosísimo antecedente que a todas luces vulnera el derecho a la propiedad privada, pero los concejales en el afán de evitar una protesta en puerta aceptaron que se incumpla la normativa de las habilitaciones comerciales y aprobaron una habilitación provisoria, como medida excepcional e improrrogable, hasta el 30 de abril de 2019.

Así las cosas, y bajo la amenaza de que se pone en peligro la paz social, ahora Food Arts con los dirigentes del STIA a la cabeza pide una extensión de la habilitación, pero no por la inminente temporada de aguas nacionales sino por el lapso de 44 meses, es decir por casi cuatro años, hasta 2023.

Ayer, un grupo de trabajadores de esa pesquera reclamó en el Concejo Deliberante por sus puestos de trabajo frente al conflicto que derivó en solicitar una nueva habilitación comercial para la planta.

“Existe el compromiso político para que los trabajadores puedan mantener su fuente laboral. Es un tema social, no se pueden perder trabajos”, dijo un dirigente gremial del STIA. Esta semana tendría tratamiento en el Concejo el proyecto de extensión por 44 meses de la habilitación provisoria mientras la nueva planta se construye.

Los concejales estarán en la encrucijada de hacer cumplir la ley o volver a vulnerarla mientras se pone a los trabajadores como escudo, a pesar de que también ser incumplieron los términos de la ordenanza que ellos mismos dictaron hace seis meses con la primera habilitación provisoria. No se cumplió con el seguro de caución que se había establecido, ni tampoco se pagó el alquiler, cuyo monto establecieron los concejales unilateralmente a través de una ordenanza de dudosa legalidad.

El despropósito es tal que dentro del predio de la planta de Ipesur se habían comenzado a realizar ampliaciones por parte de Food Arts pero nunca se presentaron planos ni estaba habilitada la obra por parte del municipio. La aprobación de planos hubiera requerido que la propietaria del inmueble los autorice, pero ello no ocurrió y los trabajos de construcción fueron frenados por una medida judicial.

Por tratarse de una obra ilegal y sin autorización, un juez ordenó que se paralice la construcción, al tiempo que continúa en marcha una acción de desalojo contra Food Arts. El precedente que dictaron los concejales madrynenses con la habilitación provisoria, sin cumplir los requisitos y exigencias que establece la normativa, podría terminar en un desaguisado mayor si es que deciden que Food Arts continúe en calidad de “ocupa” hasta 2023 en la planta de Ipesur.
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