Clarín 10-05-2019 - Héctor Huergo

Héctor Huergo A pesar de los nubarrones que se empeñan en agitar el vuelo al futuro. Comentábamos en el newsletter de Clarin Rural, la semana pasada, que había aleteado la mariposa en China y los efectos se sentían en todo el mundo. En particular, en el mundo de la soja. Y, ya sabemos, con la soja no se joroba.

Al tremendo impacto en la demanda de soja generada por la expansión de la peste porcina africana en China se sumó, el domingo pasado, la amenaza lanzada por el presidente de los EEUU Donald Trump de imponer derechos de importación del 25% a prácticamente la totalidad de los productos industriales chinos.
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La consecuencia inmediata fue el derrumbe de la cotización de la soja en Chicago. Allí se descuenta que la represalia china será proporcional. Conviene recordar que Xi Jinping había impuesto derechos de importación del 25% para la soja norteamericana hace casi un año, provocando una caída del precio internacional de más del 10%. Por un tiempo, el tema no se sintió en la soja de otros orígenes (Brasil y Argentina). Pero llegó la peste porcina y la caída fue para todos. Ahora se suma la agudización del conflicto comercial.

Esto tiene impacto en la macro argentina (donde el complejo soja explica el 35% de las exportaciones por todo concepto y destino) y, por supuesto, en el bolsillo de los chacareros. Por el lado de la macro, es también conocida la contribución de las retenciones o derechos de exportación de la soja en las cuentas nacionales.
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El gobierno de Mauricio Macri quiso reducirlas, pero no pudo. Y la semana pasada corrió el rumor de que se daría una vuelta de tuerca, modificando el esquema actual de 18% de derechos más un dólar con quita de 4 pesos. Trascendió que había un agujero de unos 700 millones de dólares que se podría tapar con este retoque. Un 10% más. Al trascender la intención, los exportadores salieron rápidamente a declarar ventas, mientras arreciaba el malestar en las huestes rurales. “Es fruta”, se aventuró un conocido legislador del campo.

Pero no era “fruta”. Ante la imposibilidad de avanzar por un sendero que amenazaba con un grave conflicto con el sector agropecuario, el gobierno echó mano a un plan B: aplicar un derecho de importación encubierto, con el aumento de la tasa de estadística que pagan todos los productos que la Argentina compra. Era del 0,5% y nadie le daba mayor importancia, en un país complicado con los grandes números. Pero se la elevó a 2,5% y ahora sí tiene impacto.

Por supuesto, tiene más impacto en los sectores industriales, que tienen una balanza comercial en general negativa. Es obvio que para el agro es mucho más gravosa una retención a la exportación que un impuesto a las importaciones. Pero cuidado: todo lo que el campo utiliza para producir, aparte de la tierra, viene de la industria. Encarecer los insumos implica afectar la ecuación de rentabilidad. Es el caso de los fertilizantes y agroquímicos.
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Tanto las retenciones a la exportación como los impuestos a las importaciones alteran la relación insumo/producto. Es decir, encarecen la tecnología. En la última campaña tuvimos un consumo récord de fertilizantes, porque se sembró pensando en un trigo o maíz con retención cero. Cuando llegó la cosecha, sufrieron el mordiscón de 4 pesos por dólar. Allí estaban, pero ahora todo, menos la tierra, va a costar más. Esto lleva a una producción más basada en la tierra que en lo que le agregamos con inteligencia tecnológica. En otras palabras, producción “extensiva” versos producción más “intensiva”.

Y menos sustentable, porque en lugar de exportar conocimiento, exportamos el recurso sobre el que se aplica: el suelo. Lo hicimos durante demasiado tiempo. Empezamos a revertirlo hace cuatro años. Logramos cosecha, rindes y calidad récord en trigo y maíz. Las urgencias fiscales están poniendo espinas en el camino.