Revista Puerto 07-05-2019 - Karina Fernández Se llevará a cabo mañana la reunión en Comisión del Senado donde se discutirá la continuidad o la derogación del DNU 145 que otorgó un plazo de 20 años para la renovación de barcos de más de 40 años. Los industriales navales intentarán convencer a la oposición de que el proyecto que otorga 5 años perjudica a los astilleros nacionales y la imposibilidad de utilizar el permiso como garantía afecta a los armadores pequeños. Aunque algunos actores se encuentran cerrados en sus posturas, existe la posibilidad de que se busque un punto de consenso respecto del tiempo otorgado para la renovación. Otro tema que se someterá a debate es la adecuación de los barcos langostineros a 40 metros de eslora total en un plazo de dos años.

El decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Mauricio Macri el 25 de febrero tendrá que ser defendido mañana por los armadores e industriales navales que consensuaron su texto luego de varias y tensas reuniones. También estará presente el subsecretario de Pesca, Juan Bosch, que debió abandonar la Feria de Bruselas para formar parte de esta reunión.

Los puntos sobresalientes del Decreto 145 que se pretende mantener son los plazos y la utilización del permiso de pesca, autorización de captura o cuota como garantía para la toma de créditos.

El oficialismo buscará un acuerdo de media sanción para el proyecto de ley presentado por el senador Federico Pinedo, que copia los términos y condiciones fijados por el decreto, antes de ser tratado el 14 de mayo en la Cámara. De conseguirlo pasará a Diputados y si sale de allí sin ninguna modificación podría convertirse finalmente en ley.

La oposición presentará el proyecto elaborado por los senadores Fernando Solanas y Alfredo Luenzo, que establece un plazo de 5 años para renovar barcos de más de 40 años y de 10 años para los de más de 35 años de antigüedad. A la vez invalida la posibilidad de utilizar el permiso o la cuota como garantía para la toma de créditos y propone la creación de una agencia de financiación de la industria naval.

Los detractores del proyecto de la oposición sostienen que el plazo de 5 años perjudicará a la industria naval porque no tiene capacidad para atender una demanda de alrededor de 200 buques en ese tiempo y que esta situación terminará alentando el ingreso de barcos usados. Consideran que ni siquiera demandando la construcción en el extranjero se logrará cumplir con los objetivos que plantea el proyecto de ley.

Por otra parte sostienen que al quitar la posibilidad de utilizar el permiso, la autorización de captura o la cuota como garantía para la toma de créditos, se perjudica a los armadores más chicos que no tienen posibilidad de financiar la construcción de un barco nuevo.

Quienes se oponen al decreto ven en 20 años un plazo escandalosamente largo para reemplazar una flota que, según datos del Ejecutivo, está envejecida en un 50% y representa un riesgo para las tripulaciones, además de ser estos buques menos eficientes y sustentables que las embarcaciones modernas. Por otra parte ven un problema en el hecho de que entidades bancarias puedan quedarse con la concesión de recursos naturales.

Si la propuesta del oficialismo no logra el suficiente consenso y se aprueba la derogación del decreto, también deberá resolverse primero en la Cámara de Senadores el 14 de mayo y luego en Diputados. Ante este escenario muchos creen que no se logrará resolver antes de las elecciones de octubre, quedando el DNU vigente pero con destino incierto.

Pero como en todos los debates, existen algunos grises. Si bien en ambas partes algunos actores están cerrados en su postura, otros estarían de acuerdo en consensuar algunas modificaciones al decreto; incluso estarían de acuerdo en buscar un punto intermedio en cuanto al tiempo que se otorga para renovar la flota. Creen que si se acordara un lapso de entre 12 y 15 años se podría cumplir con el objetivo de renovación y se contentaría a los gremios marítimos y agrupaciones de familiares de víctimas de naufragios, que han mostrado una férrea resistencia al DNU.

De llegarse a un acuerdo, cediendo cada uno un poco en sus posturas, algunos se esperanzan con tener una ley antes de un posible cambio de mando en la conducción del país. Lo peor que podría pasar sería quedar en el limbo de las indefiniciones cuando todavía resta resolver las líneas de financiamiento y los aranceles de importación, puntos clave para dar comienzo a una necesaria renovación de flota.
Dos años para adecuar los langostineros

El proyecto presentado por Fernando Solanas y Alfredo Luenzo introducirá a la mesa de discusión un punto que el sector en su conjunto había dejado de discutir: la eslora de los barcos langostineros.

Mediante las resoluciones que intentaron dar un nuevo orden a la pesquería de langostino, el Ejecutivo terminó aceptando una eslora de arqueo de 40 metros para los barcos langostineros pero el proyecto de ley de la oposición vuelve a los 40 metros de eslora total con los que se manejó hasta el año pasado el límite en la pesquería. A la vez otorgan dos años para la adecuación de los buques.

Este es un punto sobre el cual, a pesar del silencio reinante, no existe acuerdo entre los armadores y puede generar un debate inesperado en la discusión sobre la renovación de flota.
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