La Voz del Interior 06-05-2019 - Favio Ré El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba está finalizando la entrega de los premios correspondientes a los productores que adhirieron al Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en 2018.

Estos “cheques” certifican que estos agricultores y ganaderos ejecutan estrategias productivas que cumplen con las leyes vigentes y no ponen en riesgo el ambiente ni la salud.

Los hermanos Dalmasso, que están finalizando la cosecha gruesa en la zona de la comuna de Dique Chico, son unos de los que recibieron esta bonificación por lo que el gobernador Juan Schiaretti definió como “hacer bien las cosas”. Alejandro Conci, Juan Climenti y Emilia Funes cultivan 500 hectáreas en el único campo agrícola del valle de Punilla, en Cosquín, y también son parte de este plan provincial.

Pero todos vienen enfrentando problemas para producir. En Dique Chico, existe un largo conflicto que nació cuando el jefe comunal, Nilo Pérez, sancionó una ordenanza que establecía una zona “libre de fumigaciones” de 1.000 metros alrededor de la localidad, más 500 metros en donde sólo se pueden aplicar productos de las bandas toxicológicas III (azul) y IV (verde).

En Cosquín, hace un mes se aprobó una normativa que prohíbe la utilización de glifosato en todo el ejido municipal, que incluye el campo ubicado al pie del cerro Pan de Azúcar.

Lo que sorprende en ambos casos es que tanto Pérez como el concejal que impulsó la ordenanza en Cosquín pertenecen a “Hacemos por Córdoba”. Es decir, contradicen las políticas que impulsa el partido que gobierna la Provincia hace 20 años y que avala el uso de fitosanitarios siempre que se realice bajo los estándares de la ley, y hasta premia a quienes ejecutan buenas prácticas.

Contradicciones

En Córdoba existe la ley 9.164, que regula el uso de fitosanitarios y establece, entre otras pautas, un límite de hasta 500 metros en las aplicaciones terrestres al borde de los ejidos, pero sólo para productos clase I (banda roja) o II (amarilla). Los III y IV son de utilización libre, porque son considerados inocuos.

Esa ley no es de aplicación obligatoria en los municipios que por Constitución tienen garantizada la autonomía para regular este tipo de actividades dentro de sus límites. Pero la lógica indicaría que, más allá de toda divergencia que pueda entenderse dentro de un contexto democrático, un funcionario local debería estar a tono con lo que propugna el partido del que forma parte, a nivel provincial.

En Dique Chico no sólo la ordenanza es más restrictiva que la ley 9.164 y perjudica a productores premiados en el programa BPAs, sino que además el Tribunal Superior de Justicia tiene que resolver una medida cautelar planteada por la Provincia en contra de la decisión de un jefe comunal que pertenece a su partido. El motivo es que la ordenanza quiere avanzar sobre un ejido “pretendido”, aún no aprobado por la Legislatura, por lo que no podría aplicarse, y debería regir la ley provincial.

En Cosquín, vale aclarar es que la ordenanza anti glifosato se aprobó por impulso de la oposición y que el intendente, recientemente reelegido, evalúa vetarla. Un dato a añadir es que recientemente fue declarado “Municipio Verde”, un sello otorgado por Aapresid y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (Iram). Una pregunta que surge natural: ¿se puede pensar que el Iram va a arriesgar su prestigio avalando prácticas que no sean las que corresponden?

En resumen: los controles a los agroquímicos están y funcionan. El descontrol está más bien en la política.