Revista Puerto 26-04-2019 - Karina Fernández Después de 27 días el Consejo Federal Pesquero publicó el Acta 10 que pretende resumir los temas tratados y resueltos durante tres reuniones. Las 35 páginas del documento solo permiten ver de qué temas están dispuestos a hablar y sobre cuáles prefieren mantenerse en absoluto silencio. Las solicitudes de justificación de inactividad fueron la gran novedad del acta, dado que dieron de baja seis barcos por razones que hasta ayer no resultaban suficientes.

Durante las reuniones en las que no hubo actas se dijo que se estaban discutiendo nuevos criterios para la determinación de justificación de inactividad de los buques. No se informó ninguna modificación aunque sí se notó una diferencia: de las seis solicitudes tratadas ninguna fue aprobada.

Lo que surge en primer lugar de los casos analizados, es que se decidió cumplir con lo que marca la legislación; quienes no presentan documentación, no justifican las medidas cautelares, mienten o hacen las presentaciones fuera de término pierden sus permisos. Claro que visto a la luz de cómo vienen actuado el Consejo Federal Pesquero y la Dirección de Pesca a partir de sus informes, resulta ser un cambio radical.

Hay casos que son escandalosos y otros que requerirán una investigación más profunda para determinar si se incurrió en algún otro delito durante el tiempo en el que el Consejo demoró la resolución de la baja del permiso, como recibir cuota de merluza mientras el buque no estaba operativo. Los barcos que no justificaron la inactividad fueron el Quiqueta, el 10 de Noviembre y el Vicente Luis, todos relacionados con las empresas Jaci Trading como locataria y la firma Piea como propietaria; el Cristina Antonia de la firma Roucomar; el Don Darío de la firma Laciar, explotado por la firma Oil Marine; y el Ángel Antonio de la firma Wenacor.

Del Quiqueta, inactivo desde 2016, no presentaron la documentación de reparaciones; en el caso del 10 de Noviembre, inactivo desde 2014, la locataria presentó la solicitud fuera de término y en 2017 ingresó en un proceso judicial pero la propietaria no remitió los informes sobre la medida cautelar. Entre 2015 y 2017 el CFP no resolvió el caso; lo mismo ocurrió con el Vicente Luis.

La firma Roucomar, propietaria del barco Cristina Antonia, presentó la solicitud en enero de 2017 y según los registros de la Dirección de Pesca la última marea la había realizado en junio de 2016; pero un informe de la PNA de septiembre de 2018 reveló que el barco estaba amarrado a muelle desde 2012. Ayer se informó que no se justificaba la inactividad.

En junio de 2018 la Dirección de Pesca informó que la última marea del Don Darío, de la firma Laciar, explotado por Oil Marine, estaba registrada en septiembre de 2017 y en agosto la Prefectura suspendió su despacho. La propietaria presentó la solicitud en marzo dado que un mes antes había denunciado el acuerdo por incumplimiento y posteriormente el abandono del barco; y una vez logrado el secuestro de la embarcación se solicitó tiempo para repararlo. La prórroga no fue concedida y el CFP indicó que la presentación fue posterior a los 180 días por lo que el permiso será dado de baja, siendo que la locación no exime de responsabilidad al propietario.

En el caso del barco Ángel Antonio de la firma Wenacor no se informa la fecha de la última marea, sino que fue suspendido a despacho por la Prefectura por no haber justificado la inactividad en septiembre de 2018. La presentación se había realizado en julio de ese año en la Dirección de Pesca de Puerto Madryn. El Consejo, según informe de la Dirección de Pesca, señaló que se había presentado sobrepasados los 180 días y no justificó la inactividad.

Varios de los casos aquí tratados llaman poderosamente la atención, dado que los mismos argumentos esgrimidos por las empresas hasta ayer permitían mantener en poder de los armadores los permisos. Ahora el incumplimiento de alguno de los requerimientos de la Resolución 4/10 impide la justificación, como ordena la normativa.
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