Revista Puerto 04-04-2019 - Roberto Garrone Por suerte fue solo un amague. La intención de Antonio Di Leva de despedir a todos sus trabajadores luego que un grupo fuera a manifestarse a su domicilio particular para exigirle un mayor nivel de actividad y una mejora en el garantizado, se fue desvaneciendo con el correr de los días.

Ayer las partes sellaron un acuerdo que refrendarán en las próximas horas en el Ministerio de Trabajo. Atrás quedó la toma de las dos instalaciones, la fasonera Sebastián Gaboto en Vértiz y Pescadores, y el frigorífico El Marisco, en San Salvador al 4700, la quema de neumáticos en las puertas de las fábricas y el escrache al pie del edificio donde vive en la zona de Playa Grande.

El levantamiento del conflicto fue confirmado por allegados a Cristina Ledesma y los delegados de las empresas. La empresa se compromete a elevar el garantizado para los obreros del anexo PyME y llevarlo a 16.500 pesos e incrementar el nivel de trabajo cuando tenga todos los barcos operativos.

Del total de 120 obreros bajo relación de dependencia que trabajan en ambas empresas, 20 están bajo el convenio 161/75 y el resto en el anexo PyME. Este grupo, cuando comenzó el reclamo, pedía, además de una mejora en la garantía, pasar al otro convenio a partir de ser más ventajoso en períodos de inactividad.

Este lunes, con las plantas todavía tomadas, Di Leva ofreció todo lo contrario para evitar los telegramas de despido que nunca terminaría enviando. El empresario propuso unificar a todos los trabajadores pero en el Anexo PyME.

También quería firmar un compromiso de paz social durante un año. La primera alternativa fue desechada de plano y se verá el alcance de la segunda cuando vuelva a faltar pescado.

Se desconoce por el momento si esta crisis servirá para abrir la canilla de los arreglos individuales a modo de indemnización como ocurre en muchas empresas que procesan pescado en tierra y así poder reducir la plantilla de personal.

Di Leva asegura no poder hacer frente a los costos fijos que representa tener tan amplia nómina y mira al modelo Baldino, sin personal a cargo, como un ejemplo a imitar.

Si esa es su verdadera idea, este acuerdo que firmará el viernes en el Ministerio va en sentido contrario: sus costos laborales se incrementan al llevar el salario mínimo vital y móvil de 11.300 a 16.500 pesos.

Este monto no actualizará con el 35% del esquema que el SOIP firmó con CaIPA. La idea del gremio fue rechazada por la empresa. Finalmente las partes acordaron que el nuevo valor de la garantía evolucione de igual modo que el salario mínimo en frecuencia como en porcentaje.

Antes y después que Antonio Di Leva firme el nuevo acuerdo y tome forma la renovación de su compromiso por más trabajo, sobrevuela la misma duda de siempre. ¿Cumplirá?
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