Revista Puerto 19-03-2019 - Roberto Garrone Familiares de tripulantes fallecidos y desaparecidos tras el hundimiento del pesquero Repunte, hecho del que se cumplió este domingo 21 meses, volvieron a marchar por las calles del puerto marplatense, oportunidad en que manifestaron su rechazo al Decreto 145/19 que contempla las bases para la modernización de la flota pesquera.

“Avalado por las cámaras empresariales y algunos gremios, entre ellos el SiMaPe, es un freno a la renovación real de la flota pesquera”, aseguró Gabriela Sánchez, hermana de Gustavo, capitán del buque, y una de las voceras del colectivo “Ningún Hundimiento Más”, con el que vienen transformando el dolor en acciones para que estas tragedias no vuelvan a repetirse.

Los familiares cuestionaron la figura de un decreto, “herramienta cuya naturaleza jurídica es resolver un problema de urgencia mientras no está funcionando el Congreso, que se va a poner en vigencia en el 2040”.

En ese sentido reconocieron que “por lo tanto pone un freno y deja sin resolver el problema de la antigüedad de la flota pesquera hasta dentro de 21 años”, según su mirada.

Los familiares del Repunte se preguntaron qué se hará, mientras tanto, para evitar que se hundan más barcos. “Cuando nos recibió el Presidente Macri nuestro pedido fue la renovación de la flota y el apoyo al proyecto de renovación que se está discutiendo en el Congreso, porque consideramos que para prevenir los hundimientos tenemos que trabajar en este sentido. Lamentablemente se usó nuestra lucha y un reclamo genuino en favor de intereses de un grupo de empresarios”, lamentaron los familiares.

Sánchez también cuestionó que el DNU le abre una puerta a la entrada de barcos usados del extranjero y permite que los empresarios pesqueros puedan poner en garantía crediticia los permisos de pesca.

“Los permisos de pesca son propiedad exclusiva del Estado que otorga en forma transitoria a un privado para pescar cierta cantidad del recurso que es de todos los argentinos. Con este decreto, las entidades financieras podrán quedarse con los permisos si el armador no cancela la deuda en 180 días, con el peligro que esto significa”, concluyó Sánchez.
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