Revista Puerto 25-02-2019 - Roberto Garrone La semana que viene vence el acuerdo salarial alcanzado el año pasado con los sindicatos de tripulantes y se vienen días complicados en la actualización paritaria según anticipó Diego García Luchetti.

El Presidente de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura reconoció que esperan un año conflictivo. “Desde el 7 de enero comenzamos a recibir planteos de Capitanes, que pretenden mejoras convencionales en cuanto a categorías, puntajes y otros ítems. No hemos tomado contacto todavía con la nueva conducción del SICONARA, pero a juzgar por lo que fue el año pasado y el planteo que paralizó la flota adherida a la Cámara, seguramente será complicada, por ahora se dedican a visitar empresas. Vemos lo que está pidiendo el SOMU a los barcos que van a vieira, bloquearon por un rato el acceso a las Terminales 2 y 3… el SIMAPE parece a la expectativa, por ahora… es un año electoral… todavía no hemos iniciado ninguna reunión, pero vislumbro que no será fácil ponerse de acuerdo. A partir del 1º de marzo entramos en paritarias con casi todos los gremios marítimos”, comienza Diego García Luchetti.

REVISTA PUERTO: ¿Y con Prefectura hay mucho malestar por la entrada en vigencia del plan de gestión?

DIEGO GARCÍA LUCHETTI: En 2017, 2018 y lo que va de 2019 la Prefectura ha modificado y actualizado radicalmente toda su normativa. Si te referís es la ordenanza 5/18 sobre Gestión de la Seguridad Operacional del buque y la prevención de Contaminación, nos hemos quejado ante la autoridad porque se han implementado disposiciones nuevas, muchas inconsultas, que generan no solo sobrecostos para los armadores, sino una mayor carga burocrática, que muchas veces la propia Prefectura no pude cumplir por carencia de personal. Se hace un cuello de botella que demora la operatividad de la flota.

RP: ¿Qué implica el plan de gestión?

DGL: El plan lo hace la empresa, hay que llevar un libro donde queda registradas todas las intervenciones que se hacen al buque, lo autoriza y audita Prefectura. Hay que presentar nuevos planos, contratar ingenieros, auditores, costos y más costos. En un principio habría un corte el 23 de febrero y no permitirían despachar a los barcos hasta que no lo cumplan. Creemos que se va a prorrogar ante el pedido de cada empresa, generando innumerables expedientes individuales. Debería ser general y por un plazo razonable para ir adecuándose. Después hay otro punto que genera discrepancias, que es el de “tripulación adecuada” cuando el buque esta en puerto.

RP: ¿No hay ya una dotación mínima?

DGL: No es la dotación mínima que figura en los convenios colectivos, ni la dotación de seguridad, sino que implica ampliar la nómina y contar con un patrón, un maquinista y tripulantes cuando el barco queda amarrado. Acá en Mar del Plata es imposible de cumplir, en la forma en que está redactado, porque llega el buque a puerto y se bajan todos. El SAON reclamó que los prácticos de muelle, que hoy cumplen esa tarea, se quedaban sin trabajo. Incluso los propios gremios marítimos se han quejado formalmente ante el Ministerio de Trabajo. Por ahora la prorrogaron por 180 días para ver cómo se aplica. Es difícil porque lo que pasa en este puerto no pasa en muchos.

RP: ¿La Ordenanza 3 que plantea nuevos elementos de seguridad a bordo es cumplida por la totalidad de la flota?

DGL: Sí, absolutamente por todos. Estamos absolutamente comprometidos en la seguridad a bordo de todo nuestro personal. Debemos resaltar el alto grado de profesionalismo de la Prefectura Naval Argentina, con quien nos une lazos colaboración recíproca, en todos los temas que hacen a la operatividad del buque y su seguridad. Pero hechos recientes de los cuales no tuvieron responsabilidad, ni la PNA ni los armadores, dieron motivo a profundas reformas normativas, en diversas materias, principalmente seguridad.

RP: ¿Cómo se están aplicando esas reformas?

DGL: Notamos cierta dificultad en la aplicación de las nuevas normativas en todos los puertos operativos. Esto genera divergencia de “criterios” entre División Reglamentación y los inspectores verificadores, con gran disparidad entre un puerto y otro. Ocurre que con las Inspecciones de Contaminación se deben solicitar las designaciones en Buenos Aires, desde el Departamento de Medio Ambiente y eso genera demoras. Con el Régimen de inspecciones extraordinarias, más demoras. Para poder despachar el buque a la pesca se debe tener en vigencia siete certificados de los cuales cinco son expedidos por Prefectura con ocho especialidades distintas, varios con vencimiento anual. Si se suman a la carga de continuos “pendiente” hacen que el buque esté constantemente siendo inspeccionado por vencimiento de rutina. Además, para semejante carga de inspección la fuerza no tiene la cantidad de personas debidamente capacitadas, sino en muchos casos personal nuevo sin criterios que salieron de la universidad hace poco y a los cuales le falta experiencia; sumado a los temores de ser sumariados, no resuelven nada en el momento. Si es un viernes o fin de semana peor aún.

RP: ¿Sirvió de algo el 0800 de Prefectura?

DGL: Desde que se implementó ha demostrado ser ineficiente. En lugar de prevenir o mejorar los controles de la flota solo ha servido, en la mayoría de los casos, como “receptor” de falsas denuncias que demoran o suspenden zarpadas, mediante llamados anónimos de personas con intereses diversos en contra de un armador, un agente marítimo o simplemente en contra de la propia autoridad. La propia estadística de PNA lo demuestra.

RP: Anticipaste un año complicado desde la relación con los gremios, ¿cómo imaginas el año en cuanto a la operatividad de la flota?

DGL: También, con muchos altibajos… el fresco en Mar del Plata va camino a extinguirse. No es negocio procesar merluza en tierra. Si no hay una fuerte intervención direccionada del Estado a promocionar el sector, vía reintegros o un tipo de cambio real muy competitivo, y se soluciona el tema laboral permitiendo que los empresarios no teman tomar nuevo personal, quedara reducido a la mínima expresión. Escuché esta semana que desde Cafrexport advertían sobre la falta merluza… Los armadores de la Cámara tienen otra mirada: entran cinco barcos y no tienen a quien venderle. Falta mano de obra para procesarla. Paso muy notoriamente a fin de año y sigue pasando. Se quejan que los barcos se van al sur a pescar langostino, pero los frigoríficos compran todo lo que viene de Santa Cruz, Chubut y San Antonio… ¿Y por qué lo hacen? Porque es negocio, porque les conviene… lo mismo hacen los armadores cuando se van a la zafra de langostino… continuamente está entrando pescado del sur, y tienen la merluza a 500 metros de sus plantas, pero compran ésa, que no sabemos en qué condiciones llega. La provincia debería tener un control más eficiente en ese sentido.

RP: ¿Qué balance haces del proceso de discusión por el proyecto para renovar la flota?

DGL: Soy optimista porque en estas tres reuniones hubo avances, aunque no comparto la forma en que fue presentado el proyecto. Creo que intentan promocionar a la industria naval a costa de los armadores pesqueros. Considero que está bien impulsar el trabajo de astilleros y talleres, y también es indispensable la renovación de la flota, pero hubo algunos condimentos que no fueron acertados, como el plazo de caducidad. Si ponés ese plazo, dejame las manos libres para traer un barco nuevo o usado porque no hay estructura instalada para poder hacer frente a semejante renovación. Hablamos de más de 400 barcos entre todo el rango de flota. Cuando te ponen un corset todo el mundo salta y fue eso lo que pasó. Lo lógico sería promocionar a la industria naval, renovar la flota con un financiamiento acorde al mercado internacional y que tomen como garantía real el permiso de pesca y la cuota, cosa que todavía no está definida porque algunas entidades financieras no lo aceptan como aval. Estamos citados para el día lunes. Creemos que habrá anuncios en tal sentido.
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