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Industriales y armadores esperan que el Estado defina una política
El último encuentro entre industriales navales y armadores pesqueros convocado el martes pasado en el INIDEP por el subsecretario de Pesca Juan Bosch, dejó como resultado un acta que muestra los puntos de encuentro y diferencias entre ambas partes. E ...
 

 
Revista Puerto 21-02-2019 - Karina Fernández El último encuentro entre industriales navales y armadores pesqueros convocado el martes pasado en el INIDEP por el subsecretario de Pesca Juan Bosch, dejó como resultado un acta que muestra los puntos de encuentro y diferencias entre ambas partes. Entre las novedades están la inclusión de un incentivo de mayor poder de pesca para los barcos más chicos en especies excedentarias, permiso de importación de partes nuevas para los armadores y la eliminación del incentivo de mejorar la ponderación en la cuotificación para quien construya barcos en el país. Las discusiones siguen girando en torno de la estratificación de flota y la determinación de aranceles, pero el verdadero punto de conflicto está en los parámetros que deben establecerse para permitir el ingreso de barcos usados. La imposibilidad de llegar a un acuerdo alimenta un enfrentamiento entre clientes y proveedores que hubieran preferido evitar y ambas partes piden que sea el Estado el que defina qué tipo de política industrial quiere este gobierno para nuestro país.

Los últimos naufragios pusieron en evidencia la necesidad de sacar del caladero barcos que constituyen un riesgo para los tripulantes. Ante las presiones de los familiares de las víctimas el gobierno se vio obligado a buscar un mecanismo de renovación de flota y convocó a los industriales navales y a los armadores para definirlo. El problema es que en lugar de reconocer las posibilidades y necesidades de cada sector y tomar una decisión, dejó en manos de los actores involucrados la definición.

Al defender cada uno sus intereses, las posibilidades de arribar a un acuerdo se pueden complicar, como está sucediendo. Lo que comenzó como un DNU de fomento de la industria naval en pos de la renovación de flota, derivó en un debate sobre reducción de aranceles en la importación de barcos usados, que puede terminar complicando a los astilleros.

Más allá de la letra chica de todos los puntos que se vienen debatiendo, como los años de caducidad, los incentivos y algunas medidas complementarias sobre las que existen puntos de acuerdo, el tema central pasa por la estratificación de flota y las posibilidades de ingresar buques usados.

La diferencia sustancial entre una propuesta y otra no pasa por el porcentaje de los aranceles sino por la eslora de los barcos. Desde los astilleros se oponen rotundamente a que se permita el ingreso de barcos usados que ellos están en condiciones de construir y los armadores quieren mantener la posibilidad de renovar la flota con barcos usados por una cuestión de costos.

En este punto el gobierno debiera definir qué pretende para el desarrollo del país: si se inclina por la postura de los astilleros se generará una reactivación de la industria naval y miles de puestos de trabajo y si se define por la postura de los armadores también generará trabajo, pero en los astilleros españoles. Lo ilógico es que se someta a los protagonistas a definir una política de Estado de este tipo y en ello coinciden ambas partes.

El actual gobierno ha administrado el sector pesquero sin ideas ni políticas propias, sino cumpliendo obedientemente las demandas de los empresarios más amigos, aunque éstas fueran ilegales, como es el caso del barco José Américo de la empresa Moscuzza. Y la mayor complejidad para resolver este tema es que no hay enfrente un solo sector empresario, sino que confluyen dos sectores en pugna que han quedado en una encrucijada de la que no saben cómo salir.

El próximo martes se realizará un nuevo encuentro y sí el gobierno no asume un rol protagónico, siendo un verdadero conductor de este debate, las relaciones se seguirán desgastando sin que se logre arribar a un acuerdo.
Las dos propuestas

Los armadores proponen no permitir el ingreso de barcos usados menores de 35 metros de eslora de arqueo y un arancel del 14% para los nuevos; los que se encuentran en el rango de 35 a 48 metros tendrían un arancel del 14% para usados y 7% para nuevos, mientras quedarían liberados los barcos mayores de 48 metros.

Los astilleros hicieron una última propuesta en la que barcos menores de 39,9 metros tendrían un arancel de 14% en nuevos y estaría prohibido el ingreso de usados en ese rango; para los de 39,9 hasta 48 metros se establece un arancel de entre el 7% y el 10% para nuevos y se reduciría el arancel del usado al 14% con la obligación de construir un barco en el país; finalmente los mayores de 48 metros no pagarían arancel.
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