Revista Puerto 18-02-2019 - Karina Fernández El jueves pasado, armadores e industriales navales volvieron a reunirse en la Subsecretaría de Pesca y tras ocho horas de debate no lograron llegar a un acuerdo. La discusión por los criterios que deben establecerse para la renovación de flota se va complejizando a medida que se suceden las reuniones. A partir de la incorporación del decreto de rebaja de aranceles, propuesto por el Ejecutivo como parte del mismo proyecto, ahora se discute una nueva estratificación de los buques para el otorgamiento del beneficio y condiciones de acceso sobre los que no hay, por el momento, puntos de coincidencia entre las partes. Incluso se puso sobre la mesa la revisión de la ley vigente de industria naval. Al parecer la reunión de mañana será la última antes de decidir si se avanza con la firma de DNU; de no arribarse a un acuerdo todo quedará en manos del Congreso. Sin embargo tanto los armadores como los dueños de astilleros sospechan que si no se acuerda, tarde o temprano el gobierno terminará optando por la baja de aranceles sin que se genere ninguna medida de promoción para la industria naval.
El texto original

Para resumir las distintas propuestas de DNU que se discutieron en menos de un mes, podemos señalar que el texto original proponía permitir la utilización de la cuota, permisos o autorizaciones de captura como activos de las empresas para acceder a créditos. Se establecía un plazo para la renovación de 20 años con posibilidad de acceder a una prórroga de otros 20 para quienes acreditaren reparaciones del buque en el orden del 60%. A la vez se introducían dos modificaciones a la Ley de Pesca: del artículo 27, al ponderar la construcción nacional para la calificación en la redistribución de cuota de 2024 y otra, que involucraba el artículo 30, permitiendo aumentar el esfuerzo pesquero en un 10% a los barcos de construcción nacional.

Este borrador que fue presentado por el Subsecretario de Pesca al Presidente Mauricio Macri, como texto final consensuado, contaba con el apoyo total del sector naval que lo consideraba un puntapié inicial para la reactivación de los astilleros, pero era rechazado por la casi totalidad de los armadores pesqueros que se lo comunicaron personalmente al Primer Mandatario en la reunión por él convocada en Puerto Madryn el mes pasado. Ante esta situación se estableció una instancia de diálogo para lograr acuerdo antes de firmar el DNU.
El encuentro que terminó en enfrentamiento

El primer encuentro convocado por el Subsecretario de Pesca fracasó antes de empezar, dado que los armadores no concurrieron. El siguiente fue convocado directamente por el ministro de Producción, Danta Sica, pero nuevamente el Subsecretario de Pesca asesoró mal a sus superiores y lejos de llegar a un acuerdo, industriales navales y armadores terminaron enfrentados.

En esa reunión el Ejecutivo presentó una propuesta de incentivos que incorporaba la reducción y hasta eliminación de aranceles para la importación de barcos nuevos y usados a partir de los 35 metros de eslora. Los industriales navales no habían sido consultados y la reunión fracasó nuevamente. De ese encuentro, además, se salió con la eliminación del incentivo para futuras asignaciones de cuotas por pedido de los armadores.
Terminó el tercer encuentro sin acuerdo y con nuevas propuestas

Ya con un grado de enfrentamiento que ambas partes hubieran preferido evitar llegaron a un tercer encuentro en la Subsecretaría de Pesca teniendo de anfitrión a Juan Bosch, cuya acción discordante siguió contribuyendo a la falta de entendimiento. Solo cuando los funcionarios se retiraron armadores e industriales navales lograron acercar un poco sus posiciones.

Tanto unos como otros se manifestaron de acuerdo en establecer como límite para el ingreso de buques usados una antigüedad máxima de 15 años; mantener los aranceles de importación tal como se encuentran al día de hoy 14% para nuevos y 28% para usados, estudiar la creación de una comisión que evalúe la edad de caducidad del barco en función de su estado y la capacidad de los astilleros, entre otras cuestiones técnicas. También se mantuvo el acuerdo sobre el incentivo de permitir aumentar el esfuerzo pesquero en un 10% para quienes construyan barcos en el país.

Pero la propuesta de los armadores, que incluía mantener la posibilidad de ingresar barcos usados mayores de 35 metros y revisar la imposición de someter a evaluación de la Federación de Industriales Navales el ingreso de buques usados que hoy rige por la legislación vigente de industria naval, no contó con el apoyo de los propietarios de astilleros, estando éstos completamente en desacuerdo.

Por su parte los industriales navales propusieron, a partir de los puntos de acuerdo que habían encontrado, una nueva estratificación de la flota y condiciones particulares para el acceso a aranceles: prohibición de ingreso de buques usados para menores de 45 metros; habilitación para los que se encuentren en la franja de entre 45 y 65 metros siempre y cuando construyan un barco dentro de este rango en astilleros nacionales y libre habilitación para los mayores de 65 metros, manteniendo los aranceles actuales. En este caso los armadores fueron los que se manifestaron en contra.

Es precisamente entre estas dos posturas casi antagónicas que se encuentra trabado el acuerdo para la renovación de flota y es lo que se tratará de resolver en la reunión de este martes. Para que el Presidente dé firma al DNU de renovación de flota es condición sine qua non que se llegue a un acuerdo en el decreto de reducción de aranceles; si eso no sucede el tema quedará en punto muerto hasta tanto lo trate el Congreso una vez que comiencen las sesiones ordinarias y se logren reunir las comisiones en año electoral. El temor que abrigan tanto amadores como industriales es que, en virtud de las políticas aplicadas por el actual gobierno, se termine dictando una reducción de aranceles para renovar la flota pero no se llegue a firmar ninguna medida de fomento para la industria naval en el sector pesquero.

Se observa voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo pero las diferencias sobre el DNU de aranceles parecen complicarlo. Lo que más lamentan todos es el desgaste al que han sido sometidos por impericia de las autoridades, con el agravante de que quizás salgan de esta situación sin ninguna mejora para la industria naval y con las relaciones resentidas entre clientes y proveedores. “Nunca debieron exponernos a esta situación”, es un punto en el que todos coinciden.
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