Revista Puerto 12-02-2019 - Karina Fernández El ministro de Producción y Trabajo Dante Sica convocó ayer a los representantes de las cámaras pesqueras, algunas empresas en particular y a referentes de los astilleros navales con la intención de llegar a un acuerdo de partes en la redacción del Decreto de Necesidad y Urgencia para la renovación de la flota. Las posturas antagónicas respecto del ingreso de buques usados hicieron imposible llegar a un acuerdo y luego de seis horas de discusión se decidió pasar a un cuarto intermedio.

Cuando los empresarios pesqueros se reunieron con el Presidente Mauricio Macri el mes pasado en Puerto Madryn, le comunicaron que, a diferencia de lo que le había comunicado el Subsecretario de Pesca, Juan Bosch, ellos no estaban de acuerdo con el texto del DNU para la renovación de flota que le habían acercado para su firma. Puesto en conocimiento de la situación el Presidente le indicó al funcionario que realizara reuniones para lograr un consenso.

La primera reunión convocada por Bosch en Mar del Plata fracasó antes de empezar, dado que no hubo concurrencia de armadores y es probable que por ello fuera ahora el propio ministro Dante Sica quien se hiciera cargo de acercar las partes, convocándolas ayer a una reunión. Pero pese a que la concurrencia fue importante, tampoco se logró llegar buen puerto.

Las propuestas de incentivo del Ejecutivo para impulsar la reactivación de los astilleros se basaron en modificaciones a la Ley de Pesca que permitirían reemplazar barcos por otros con un 10% más de capacidad de pesca y fijar un porcentaje en el total de ítems para futuras asignaciones de cuota, estableciendo que el Consejo Federal Pesquero deberá tener en cuenta especialmente a los buques pesqueros que hayan sido construidos en astilleros nacionales.

Sobre estos puntos existió acuerdo entre los armadores que no mostraron reparo, incluso, sobre las diferencias que existiría entre la incorporación de un barco nuevo construido dentro o fuera del país. Para el caso de ingreso de barcos nuevos, los armadores solicitaron que se bajen los aranceles de importación, hoy en el orden del 14 %; y en este punto los industriales navales tampoco mostraron una fuerte oposición, aunque consideran que no ayuda al sector. El gran problema surgió con los barcos usados.

Los armadores no están de acuerdo en que se prohíba la importación de usados. Consideran que no se los puede privar de renovar su flota con barco de pocos años de uso a un precio muy inferior al que deberían desembolsar si tuvieran que construir uno nuevo en astilleros nacionales. “Un barco 2005 puesto en la Argentina, un excelente barco de 40 metros, está costando cuatro veces menos que uno de similares características construido en el país”, se quejaba ayer un armador.

Por otra parte, desde el sector de la industria naval sostienen que si se sigue permitiendo el ingreso de barcos usados se firmará el acta de defunción de los astilleros. “Nos vamos a fundir todos”, se escuchó decir a uno de los más importantes representantes del sector durante la reunión.

Desde el sector naval aseguran que es absolutamente cierto que la compra de un barco usado representa un desembolso de dinero muy inferior; pero consideran que si lo que se busca es reactivar el sector industrial, puntualmente los astilleros, y dar empleo a un número importante de trabajadores calificados, es necesario que el Estado regule la actividad, impidiendo el ingreso de barcos usados.

La reunión de ayer duró seis horas y no se logró llegar a un acuerdo. Los industriales navales no quieren retroceder ni un solo paso en la cuestión de los barcos usados y los armadores, con coincidencia en todas las cámaras, no aceptan que se los prive de esa herramienta para renovar la flota.

Ante la imposibilidad de entendimiento, fue el Subsecretario de Pesca quien pidió pasar a un cuarto intermedio y volver a reunirse para ver si se pueden salvar las diferencias, algo que parece poco probable por el momento.

El apuro por llegar a un acuerdo para elevar a la firma del Presidente el Decreto de Necesidad y Urgencia está atado a la fecha de inicio de la labor parlamentaria, dado que sería por atribuciones especiales relacionadas a la ausencia de sesiones que podría salir sin necesidad de ser debatido en el Congreso. Por lo tanto el Decreto solo podrá firmarse si se llega a una negociación exitosa antes de marzo.
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