Bichos de Campo 08-02-2019 - Matias Longoni Guillermo Moreno acaba de lanzar su candidatura a presidente de la Nación. Promete que muy pronto vendrán tiempos mejores. Seguro que han de ser tiempos mejores para algunas empresas del sector alimenticio que, gracias a la gestión del ex secretario de Comercio kirchnerista, todavía están reclamando cifras millonarias al Estado por no haber cobrado todavía las viejas compensaciones que la ex ONCCA repartió entre 2007 y 2011, hasta su eliminación en medio de infinitos y comprobados casos de corrupción.

El reclamo de estas viejas deudas por parte de aceiteras, feedlots, molinos harineros y avícolas -que fueron generadas por decisión de Moreno y de su socio político, el ex jefe de la ONCCA y la AFIP Ricardo Echegaray-, quedó expuesto este jueves en el Boletín Oficial, donde la Secretaría de Agricultura publicó la Resolución 21/09.

Esa norma dispone varias cosas respecto de una “significativa” deuda reclamada por empresas privadas al Estado. Por un lado, da por cerrados los “procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”. Es decir cierra los expedientes abiertos que todavía reclaman pagos pendientes.

Pero además Agroindustria suspendió por 180 días corridos los pagos por los expedientes que sí prosperaron, al tiempo que dispuso las cosas para realizar durante ese lapso una “auditoría integral” sobre todo el universo de dinero que le reclaman las empresas beneficiadas.

¿Qué quiere decir? Que hay una enorme suma de dinero en juego que los privados todavía le reclaman al Estado por las compensaciones de la desaparecida Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), a pesar de que esta fue cerrada por Cirstina Kirchner en febrero de 2011, hace ocho años.

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¿De cuánto dinero hablamos? En Agroindustria se excusaron de dar a conocer ese dato fino y solo dijeron que era una suma “muy significativa”. Pero otras fuentes oficiales hablan de bastante más de 2.000 millones de pesos y de hasta 3.000 millones. Es mucha plata. Y todo gracias al flamante candidato a presidente.

¿Qué tiene que ver Moreno con esto? Bueno, que el ex secretario de Comercio manejo junto con Echegaray, entre 2007 y 2011, fecha de disolución de la ONCCA, los pagos de 10.850 millones de pesos en compensaciones a diversos sectores alimenticios que supuestamente debían vender a cambio de esos subsidios los alimentos más baratos en el mercado interno. En total, según registros del Banco Nación, se dictaron 4.332 resoluciones de pago. La firma formal la tenía Echegaray y quienes lo sucedieron en la ONCCA, como Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Pero en Comercio, Moreno tenía una botonera propia para habilitar o negar esos desembolsos.

El ex secretario mimado de Néstor y Cristina se hizo cargo por completo de este programa millonario de subsidios cuando Echegaray, cercado por las denuncias de corrupción en el manejo de estas compensaciones, perdió el control de la ONCCA y este organismo fue reemplazado por la UCESCI.

La Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno fue creada por Decreto 193 el 24 de febrero de 2011. Era un engendro jurídico que formalmente dependía de tres Ministerios. Pero en la práctica era Moreno quien daba las órdenes. Esa oficina se instaló en el mismo edificio de Diagonal Sur donde el ahora candidato tenía sus oficinas. Manejaba no solo las compensaciones remanentres, sino también los estratégicos permisos de exportación de granos, carnes y lácteos (los ROE).

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Fue Moreno, y no otro funcionario, quien desde la UCESCI negoció con las empresas alimenticias el pago de las deudas acumuladas por compensaciones que no había llegado a ser canceladas por la ex ONCCA. A muchas les ofreció bonos del tesoro, según admitieron a Bichos de Campo algunos empresarios. Lo cierto es que los pagos se discontinuaron y esa deuda quedó flotando. Hasta ahora.

El asunto le estalló en las manos ahora a los funcionarios de Agroindustria porque el gobierno de Cambiemos decidió, a partir de innumerables modificaciones en la estructura de ministerios y secretarías, la disolución de la UCESCI (que dependía formalmente de Producción, Hacienda y Agroindustria) y que sus funciones y asuntos pendientes volvieran a la órbita de Agroindustria, de donde Moreno y Echegaray se las habían llevado muchos años antes. Con las obligaciones volvieron los expedientes. Y las viejas deudas.

Cuando manejaba la UCESCI, Moreno jamás ordenó una auditoría sobre la justicia de esos reclamos de pagos pendientes, a pesar de que muchos de ellos están sospechados de tener un origen viciado por completo de corrupción. En la ex ONCCA, por cierto, se demostraron todo tipo de irrregularidades que nunca fueron investigadas por la justicia. Por ejemplo:

Hubo subsidios que se otorgaron a empresas que no existían. Un caso es el del changarín Benjamín Tapia, de Mar del Plata, al que le pagaron 1 millón de pesos como supuesto dueño de un feed lot).
Hubo pagos a empresas que inflaron artificialmente sus operaciones, como el feedlot Paseo Lagunas, de Carlos Casares. Cobró 7 millones de pesos en tres días como si tuviera un feed lot de más de 10 mil animales, cuando apenas tenía corrales para 400/500 cabezas.
Y hasta hubo casos de funcionarios que montaron sus propios establecimientos para cobrar compensaciones, como el propio Ricardo Echegaray, que en Punta Alta montó un feed lot llamado “Hacienda Argentina SA”, al que manejaba con testaferros y que tenía como dirección legal un departamento de Palermo propiedad de su esposa.

Con esta nueva resolución, firmada por el secretario de Agricultura, Guillermo “Willy” Bernaudo, Agroindustria rechaza continuar con el proceso administrativo de los pagos pendientes y manda todo a una auditoría integral que demandaría seis meses.

La resolución incluye muchos argumentos que desaconsejan al Estado el pago de estas deudas sospechosas. Para Agroindustria, por lo pronto, las empresas que todavía hoy reclaman esas deudas viejas por compensaciones no tienen “derechos adquiridos” pues el régimen de compensaciones no existe desde 2011. “No existiendo acto administrativo alguno, con carácter de firme o estable, que haya reconocido el derecho al cobro de las compensaciones, los interesados carecen de un derecho adquirido a su percepción”, argumentan los abogados oficiales.

Añaden que “pretender que la Administración, luego de derogado el régimen que la facultaba a disponer compensaciones, continúe haciéndolo, sin ningún parámetro normativo vigente que la habilite para ello, importaría quebrantar el principio de juridicidad en el obrar administrativo”. En este punto, la resolución pone énfasis en que los reclamos vigentes provienen sobre todo de dos industrias alimenticias: los molinos y las avícolas.

Para justificar la necesidad de someter los pagos pendientes a una nueva auditoría, Agroindustria argumenta que “la operatoria de la ex-ONCCA, que diera lugar al reconocimiento de gran parte de las compensaciones que nos ocupan, resulta actualmente objeto de investigación en sede penal”, dando a entender que no todas las causas judiciales han sido cerradas por completo.

“En sede penal se investiga si (…) se configuraron prácticas irregulares y presuntamente delictivas, y en cuya virtud se habrían otorgado compensaciones a quienes no cumplían con los recaudos normativos previstos al efecto”, añade la resolución, que refiere concretamente al caso del changarín Tapia. “En concreto, en la Causa N° 16023/2008-TO1, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se tuvo por probados casos de defraudaciones para el cobro de compensaciones a través de maniobras”.

Además, la Secretaría hace mención a sus propias actuaciones frente a los reclamos de pago. Dice que en sede administrativa se detectaron los siguientes casos con presuntas irregularidades:

supuestos de feed lots inexistentes, feed lots “cáscara” y feed lots sin matrícula;
molinos harineros que recibieron compensaciones por productos no previstos como objeto de las mismas;
acopiadores que no cumplían con el recaudo de ser productores;
faenadores que no comercializaban carnes en el mercado interno;
casos en los que se pagaron en concepto de compensaciones montos mayores a los que correspondía sin que se hubiera solicitado a posteriori la devolución de lo pagado en exceso;
casos con dictámenes producidos por asesores jurídicos que no integraban el servicio jurídico que debía intervenir; y casos sin informes legítimos de precios internos.

En definitiva, la estrategia oficial concluye: “habida cuenta de las investigaciones realizadas por la justicia y los casos detectados en sede administrativa, es necesario llevar a cabo una auditoría integral para dirimir si los actos administrativos de reconocimiento de compensaciones fueron dictados de conformidad con el ordenamiento jurídico”.

El equipo jurídico del secretario Luis Miguel Etchevehere, en medio de este entuerto jurídico, no se priva de avisarle a Moreno que una posible denuncia penal podría enturbiar su flamante campaña electoral. Los seis meses de auditoría deberían concluir a mediados de agosto, días antes de las elecciones.

“Ante la posible verificación de irregularidades y la posible comisión de delitos, es inexcusable la obligación en que se halla el Estado, de suspender los efectos de actos emitidos en tales condiciones que exigen poner en ejercicio la potestad de policía del Estado referente a la prevención y represión de los delitos”, se advierte.