Bichos de Campo 30-01-2019 - Matias Longoni Desde la sanción de la nueva Ley de Emergencia Agropecuaria en 2009, el fondo disponible en el Estado Nacional para socorrer a los productores agropecuarios afectados por fenómenos climáticos está encajado en 500 millones de pesos anuales. Esa partida forma parte del presupuesto de cada año, pero quedó congelada gracias a que Cristina Kirchner vetó el artículo que disponía su actualización. Son 500 palos. Así, desde hace una década.

En la Argentina, se sabe, yacaré que se duerme es cartera. Y eso pasó con el Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, que pasó de ser de unos 150 millones de dólares (tomando un dólar a tres pesos y monedas en 2009) a solo 12,5 millones de dólares en la actualidad, con el dólar a 40.

Es gravísima la acelerada devaluación de la ayuda oficial para quienes pierden sus producciones por sequías, inundaciones, tornados, granizo, huracanes y rayos y centellas. Y es injusta. El agro genera bienes valuados en unos 50 mil millones de dólares anuales, que dejan en las arcas oficiales ingresos solo por retenciones de unos 10.000 millones. Como dicen los chacareros, el Gobierno es socio en las buenas y nunca en las malas. Cuando tiene que poner, solo dispone de 12,5 millones.

Pero si el exiguo monto que maneja hoy el Fondo de Emergencia Agropecuaria parece insultante, más grave resulta saber que el Ministerio de Agroindustria no llega a gastar todo ese dinero, sub-ejecuta las partidas.

Pese a que los problemas climáticos en el agro se suceden y tienen cada vez consecuencias más dañinas, entre octubre 2009 y fines de 2015 la gestión kirchnerista utilizó en promedio solamente 49,57% de los recursos disponibles. Menos de la mitad.

Es decir que en esos seis años de administración a manos de funcionarios a los que el dinero público les gustaba más que el dulce de leche, se gastaron unos 1.500 millones de pesos para socorrer a los productores, cuando la disponibilidad de fondos había sido del doble.

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— Matías Longoni (@matiaslongoni) January 26, 2019

De todos modos, el kirchnerismo no era bobo. Y los sucesivos ministros de Agricultura (Julián Domínguez, Norberto Yauhar y Carlos Casamiquela) se las ingeniaron para que Agroindustria pudiese desviar los saldos sin utilizar de cada año hacia otros menesteres mucho menos románticos que ayudar a los productores perjudicados por un clima cada vez más virulento.

La gestión de Mauricio Macri lleva tres años y acumula traumas climáticos como ninguna otra: inundación, sequía, de nuevo inundación… Pero ni siquiera así llegó a ejecutar por completo los benditos 500 millones de pesos del fondo de Emergencia, que cada vez valen menos. En promedio, según un informe oficial, entre 2016 y 2018 se utilizó casi 81% del dinero disponible para atender estos casos. Mejoró mucho la performance anterior. Pero solo se gastaron aproximadamente 1.215 millones de los 1.500 millones disponibles, mientras se desperdiciaron otros 385 millones.

¿Y se desviaron al menos esos recursos sobrantes a otros programas rurales, como en los tiempos del despilfarro kirchnerista? Hugo Rossi, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Agroindustria, que tiene a su cargo la administración de la Ley de Emergencia Agropecuaria, confesó que no hubo desvíos, ya que la actual gestión prioriza el “ahorro de recursos fiscales” por sobre cualquier otra política pública. Y como los recursos nunca están en poder de la cartera agropecuaria sino que dependen de Rentas Generales, el que no se gasta es dinero que se pierde. No se ahorra.

En este punto vale la pena formular una pregunta: ¿Qué hubiera sucedido si el dinero del Fondo de Emergencia Agropecuaria que no se utilizó un año se hubiera acumulado para el año siguiente, y así sucesivamente? Pues que la Argentina habría reunido de 2009 a la fecha cerca de 2.000 millones de pesos en un fondo anticíclico para hacer frente a las emergencias climáticas. No sucedió y hoy, frente a una nueva inundación, hay que rascar del fondo de la olla.